Palmasola muestra el precario sistema penitenciario en Bolivia

Las autoridades bolivianas han anunciado la aplicación de reformas en el sistema penitenciario tras la muerte de 29 presos y un menor de un año en la cárcel de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, a causa de violentos enfrentamientos entre presos que ocasionaron el incendio de sus pabellones.

“Hasta el sábado se ha logrado identificar un solo cuerpo de los 30 muertos. La tarea se dificulta porque la mayor parte de las víctimas fatales está calcinada”, ha informado al periódico el Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, que calcula al menos una semana para contar con el informe de los forenses.

La pugna por el poder, entre grupos de presos, estalló la madrugada del viernes cuando buena parte de los detenidos estaba aún durmiendo. Los informes preliminares dan cuenta de que uno de los grupos utilizó una bombona de gas como lanzallamas para acabar con sus adversarios, pero el fuego se expandió y afectó a unas 250 personas en el piso superior, muchas de las que quedaron con quemaduras y fracturas al caer.

“Cerca de 40 personas, con quemaduras graves y muy graves, se encuentran en distintos centros hospitalarios y otras 22, con heridas leves, están siendo atendidas en el mismo penal”, explica Cabrera. Los demás presos del pabellón están alojados en carpas en el patio de la cárcel puesto que el edificio quedó seriamente dañado por las llamas. Los niños, cerca de unos ochenta entre seis y catorce años, fueron retirados del penal para su seguridad.

La cárcel de Palmasola alberga a 5.200 presos de los que 400 tienen sentencia ejecutoriada y cerca de 200 menores entre 6 y 14 años acompañan a sus padres que guardan detención, aclara el defensor Cabrera desde Santa Cruz.

“Nuestra prioridad ahora es cubrir la atención de los quemados que necesitan tratamiento con medicamentos de alto costo”, señala a este periódico, desde La Paz, el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, al destacar que los hospitales de Santa Cruz han abierto sus puertas para recibir a los heridos y, el envío de medicamentos desde la sede de Gobierno.

El dramático incidente en Palmasola, el peor de la historia de las cárceles bolivianas, desnuda la precariedad del sistema penitenciario, que involucra tanto la infraestructura como la calidad de vida de los detenidos, algunos acompañados por su familia; la ausencia de un control efectivo del régimen disciplinario, encargado a la Policía, y el papel de la justicia boliviana, que mantiene como detenidos preventivos a casi el 85 por ciento de los presos.

En Bolivia existen 16 cárceles “grandes”, cada una con capacidad promedio de 500 presos, pero la mayoría supera en más de dos veces esa población. El penal de San Pedro de La Paz, en una vetusta edificación en el centro de la ciudad, podía albergar a 300 personas en sus comienzos, pero ahora sobreviven más de 1.500, como en gran parte de los casos, detenidas preventivas.

El director Llanos puntualiza que la población penal en Bolivia alcanza a 14.500 personas, de las que 2.500 tienen sentencia y el resto guarda detención preventiva. “Son los jueces los que están colapsando las cárceles con los detenidos preventivos”, afirma.

El hacinamiento y la ineficacia del régimen disciplinario son factores que contribuyen a que se susciten conflictos entre presos. Llanos está convencido de que la gran mayoría es una “población pacífica y respetuosa”, aun cuando hay “unos cuantos bravucones que quieren tener el control”, como en el caso de Palmasola. Los pabellones escenario del enfrentamiento, por ejemplo, “son sectores de régimen cerrado, pero claro, se abre cuando la Policía lo quiere”, se lamenta. De otra manera no se explica la relativa facilidad con la que ingresan armas y otros materiales, con restricciones, a los penales.

“La Policía debe ser vigilada por el control social y eso se logra con cámaras de seguridad manejadas por civiles”, plantea como una solución que puede ser financiada por las Gobernaciones. “Paralelamente, se va formando personal en seguridad penitenciaria hasta alcanzar su experticia”, para que sea capaz de mantener el orden, la disciplina y la seguridad, salvaguardando los derechos humanos de los presos.

Llanos espera entregar hasta 2014 una parte de otras 16 cárceles “grandes” planificadas para todo el país, a fin de ofrecer mejores condiciones de habitabilidad a los privados de libertad. En estos recintos se planea desarrollar programas de rehabilitación y reinserción; con prioridad: clasificar secciones de acuerdo al delito y a la peligrosidad de los presos. Actualmente no existe esa selección y en las cárceles conviven reos peligrosos, reincidentes, detenidos bajo cargo de narcotráfico, violación, asesinato, robo, estafa o deudores de pensiones familiares, entre otros.

Hasta entonces, como hasta ahora, la terrible realidad en las cárceles no va a cambiar significativamente. Para entrar a la cárcel como detenido se paga el derecho de ingreso. La falta de infraestructura impide que el Estado sea el que provea una celda, lo que obliga al individuo a pagar de su bolsillo un alquiler por un ambiente. Y si no tiene capacidad económica, su opción es la de compartir un espacio con algún otro interno o buscar lugar en las gradas, debajo de ellas, o en los pasillos. En algunas cárceles, como la de mujeres de Cochabamba, se ha apelado más de una vez al auditorio o a la capilla para albergar por la noche a las detenidas, de acuerdo a un informe del ex presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de esta ciudad.

La presencia de menores en las cárceles bolivianas ha despertado preocupación en organismos internacionales y autoridades gubernamentales. Se aplican programas para retirar gradualmente a los menores de las cárceles y trasladarlos a hogares de acogida o a casas de algunos familiares, que idealmente debe culminar hasta fines de 2013.

Uno de los efectos inmediatos de la dura ley antidroga es la presencia de familias enteras en la cárcel. La ley 1008 obliga al sospechoso de tráfico de estupefacientes a defenderse desde la cárcel. Se le confisca la casa y cualquier otra propiedad y la familia suele quedar sin techo, con la única opción de vivir encarcelados con los padres o uno de los cónyuges, si fue abandonado con sus niños, expresa el mencionado informe.

Los esfuerzos gubernamentales por contar con un Poder Judicial independiente, gratuito y transparente no han dado frutos, todavía. La cúpula judicial ha sido renovada en las urnas en 2011, pero no se ha logrado romper el cuello de botella que significa la retardación de justicia. Y no es para menos: no más de 800 jueces deben atender una avalancha de miles de demandas y procesos judiciales al año. Al comenzar la nueva etapa del Poder Judicial, el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge von Borries, advertía, en enero de 2011, que iniciaban su trabajo con “591.000 causas acumuladas en los anaqueles judiciales de todo el país y 754 jueces para su atención”.

El Ministerio Público también tiene limitaciones institucionales para cumplir eficientemente sus funciones. El fiscal general, Ramiro Guerrero, ha reconocido que aún no se ha podido aplicar una política cabal contra el crimen y la persecución penal del delito. La entidad ha quedado dañada en su credibilidad tras el escándalo de corrupción, extorsión y retardación de justicia después de conocerse las ilegales acciones de un grupo de abogados, en función pública, fiscales y jueces que actuaban en beneficio propio y en detrimento de personas encausadas en procesos judiciales. La mayor parte de este grupo se encuentra en la cárcel.