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La ley permite nueve horas de detención sin una “sospecha razonable”

Calificada cuanto menos de arbitraria, la retención de David Miranda en el aeropuerto de Heathrow fue perfectamente legal

Greenwald y Miranda, a la llegada de este último a Río de Janeiro. Ampliar foto
Greenwald y Miranda, a la llegada de este último a Río de Janeiro. AFP

Calificada cuanto menos de arbitraria, la retención de David Miranda en el aeropuerto de Heathrow es perfectamente legal. La Terrorism Act de 2000 (ley antiterrorista) permite a la policía detener, registrar e interrogar durante un máximo de nueve horas a los pasajeros de todos los puertos, aeropuertos y terminales ferroviarias internacionales. A diferencia de las potestades que las fuerzas de seguridad tienen en otros ámbitos, en este caso no es preceptiva siquiera una “sospecha razonable” de que el individuo esté implicado en alguna actividad terrorista. El pasado domingo, los agentes no plantearon al brasileño una sola pregunta relacionada con el terrorismo, y se centraron exclusivamente en las informaciones periodísticas que prepara su pareja.

Aprobada por el gobierno laborista de Tony Blair, esta legislación exige al interpelado que brinde “cualquier información en su posesión que el oficial le reclame” y avala, asimismo, la confiscación de sus posesiones, fijando su retorno en un plazo de siete días. En el caso de aparatos tecnológicos como móviles u ordenadores, la policía puede dilatar su incautación y descargar información de los mismos. La falta de cooperación del retenido se considera un delito. El caso Miranda aporta otra mirada hacia ese Reino Unido tradicionalmente considerado paraíso de las libertades civiles: cualquier inocente pasajero puede ser objeto de la amarga experiencia que vivió el brasileño.

Los defensores de la ley esgrimen el código de conducta establecido por el Ministerio del Interior británico, resumido en que “los poderes policiales no deben ser utilizados arbitrariamente” y en que su aplicación debe tener en cuenta “la amenaza que plantean los diversos grupos terroristas activos dentro y fuera del país”. Tal como razonan sus críticos, se contempla el entorno, pero no al propio individuo que va a ser interpelado y acosado con toda indefensión.

El mismo laborismo que promovió la Terrorism Act 2000, y cuyo “abusos” acaba de denunciar hipócritamente, decidió seis años después ir todavía más lejos con otro paquete legislativo que avala la detención de los sospechosos de terrorismo, y sin habeas corpus, hasta un plazo de 28 días. Todo en nombre de la llamada guerra contra el terror y que ahora le deja sin argumentos frente a los excesos permitidos por el gobierno de Cameron.