La NSA infringió las normas de privacidad en miles de ocasiones

La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) se excedió en múltiples ocasiones en su autoridad legal o incumplió las normas de protección de la privacidad en sus actividades para recabar información de las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses y de las de los extranjeros efectuadas en territorio de EE UU, de acuerdo con una auditoría interna obtenida por Edward Snowden y publicada por The Washington Post. La última filtración del informático asilado en Rusia vuelve a poner en evidencia las irregularidades legales cometidas por la NSA en la ejecución de sus programas de espionaje y la escasa capacidad de control por parte del Congreso sobre el cumplimiento de los métodos de vigilancia que él mismo amplió en 2008.

La información del Post parte de una auditoría interna de la NSA de mayo de 2012 en la que se constata que en los 12 meses inmediatamente anteriores se cometieron 2.776 violaciones de las normas de privacidad. La mayoría de esas infracciones tienen que ver con meros errores tipográficos, pero también abarcan comunicaciones interceptadas sin la autorización adecuada, llamadas pinchadas involuntariamente o fallos a la hora de aplicar los protocolos de seguridad, de acuerdo con el análisis filtrado por Snowden. Las infracciones más graves consignadas en el informe “incluyen la violación de una orden judicial y el uso ilegítimo de los datos de más de 3.000 estadounidenses y otros ciudadanos con permiso de residencia permanente”, dice el documento.

Entre los ejemplos de incumplimiento, The Washington Post cita la interceptación en 2008 de un “amplio número de llamadas” realizadas en la capital del país debido a un error del programa que confundió el prefijo de Washington, 202, con internacional para llamar a Egipto, 20. Esta irregularidad en el funcionamiento del sistema de vigilancia de la NSA no se puso en conocimiento del Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera (FISA en sus siglas en inglés), que opera en secreto y que es el encargado de autorizar las órdenes de vigilancia.

Su presidente, Roger Vinson, aseguraba ayer al Post que la capacidad de ese tribunal para controlar el cumplimiento por parte del Gobierno de sus órdenes es limitado. De acuerdo con las reglas del FISA, la Administración está obligada a informar de cualquier circunstancia en la que considere que se han podido violar los protocolos de las órdenes de vigilancia. Las declaraciones de Vinson ponen en entredicho la versión de la Casa Blanca que siempre se ha apoyado en la supervisión ejercida por ese tribunal para avalar la legitimidad y el equilibrio entre seguridad y privacidad de los programas de espionaje.

La presidenta del comité de Inteligencia del Senado, la demócrata Dianne Feinstein, tampoco tuvo conocimiento del caso de las llamadas realizadas desde Washington hasta que el Post no se puso en contacto con ella para conocer su reacción. “Debemos hacer más para verificar que las operaciones de la NSA son adecuadas y que se tiene control de todos los incidentes”, dijo Feinstein.

La NSA por su parte defendió ayer en un comunicado las auditorias continuas de sus programas. “Cuando cometemos un error en nuestras operaciones de inteligencia extranjera, informamos inmediatamente a los supervisores federales y llegamos al fondo del problema”, aseguró la agencia en un comunicado. La Casa Blanca alertó de que los errores que muestra el documento filtrado por Snowden son un porcentaje mínimo del número total de llamadas que se interceptan sin irregularidades.

La nueva revelación de Snowden es una muesca más de la laxitud con la que la NSA ha interpretado la legislación para ejecutar sus prácticas de espionaje masivo y sobre las que llamaron la atención el pasado mes de junio un grupo bipartito de senadores en una carta remitida al director Nacional de Inteligencia. Las filtraciones del extécnico de la CIA han reavivado el debate sobre la necesidad de prioridad la seguridad sobre el derecho a la intimidad de los ciudadanos que amenaza con dividir a un Congreso ya muy escindido. Una controversia cuyas consecuencias políticas y sociales trató de atajar el presidente la semana pasada con el anuncio de nuevas medidas para impulsar la transparencia de la NSA.