El número dos del chavismo revela que su objetivo es llevar a Capriles ante la justicia

“No nos subestimen. En el debido momento, el brazo de la justicia va a llegar al asesino fascista que es (Henrique) Capriles Radonski”. La frase es de Diosdado Cabello, número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, al final de una tumultuosa sesión en la que se consideró –y aprobó por parte de la bancada oficialista- una moción de repudio contra “las prácticas corruptas” del principal partido de oposición, Primero Justicia (PJ). Con esas palabras, Cabello puso al descubierto el fin de la nueva campaña contra la corrupción que enarbola el Gobierno de Nicolás Maduro: cercar al líder y excandidato presidencial opositor.

La jornada prometía desde el inicio. El propio Cabello había advertido, a través de su cuenta en Twitter, que nadie debía perdérsela. El anuncio dio pie a diferentes versiones sobre cómo el parlamento unicameral, dominado por el progubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), consideraría la petición de “poderes especiales” para combatir la corrupción que Nicolás Maduro formuló sin concretar y muy de pasada la noche del lunes. 

En cualquier caso, apenas se trató esa solicitud. Aunque otros puntos del orden de la sesión merecían seguimiento –como la ratificación de un tratado de cooperación con Corea del Norte o la sorprendente sustitución, a solicitud del Gobierno, de la presidenta del Banco Central-, el momento culminante resultó ser el debate de las denuncias que el oficialismo ventila sobre supuestos pagos irregulares efectuados por Óscar López, segundo de la Gobernación del Estado de Miranda, cuyo titular es Capriles Radonski.

La bancada bolivariana intentó documentar las irregularidades con copias de facturas y presentó fotografías que habrían sido incautadas durante el allanamiento practicado por la policía política en la residencia de López en Caracas la semana pasada. En las imágenes, dadas a conocer por el diputado del Psuv José Luis Ávila, aparece López en compañía de otros hombres, abrazándose o incluso vestidos como mujeres. Ello sería, según Ávila y sus colegas de partido, prueba de que el funcionario subalterno de Capriles estaría conectado a bandas de prostitución y de tráfico de drogas, o como lo definió el también diputado oficialista Pedro Carreño: “trata de blancas y de blancos”.

Estas imputaciones sirvieron de excusa para que, en un giro rocambolesco, el debate se deslizara hacia la presunta homosexualidad del liderazgo opositor. La voz cantante la llevó Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría del parlamento y jefe del bloque psuvista en la Asamblea Nacional. Carreño, ex oficial del ejército, aseguró que Primero Justicia se ha convertido en un cártel gay donde “pululan la promiscuidad y la prostitución”. Al hacer referencia a una acusación que Capriles le había hecho a través de las redes sociales, según la cual Carreño habría sido expulsado del ejército por malos manejos administrativos, el diputado oficialista retó al ex candidato opositor a presentar alguna prueba al respecto. Carreño espoleó a Capriles desde el hemiciclo de los diputados: “Acepta el reto, maricón”.

Al cerrar la sesión, Diosdado Cabello no desdijo las palabras subidas de tono de su colega Carreño y sus compañeros de bancada. Por el contrario, los felicitó por su firmeza y criticó a los sectores empresariales y al Gobierno de Miranda, a cargo de Capriles desde hace cinco años, que, de acuerdo a sus cálculos habría manejado 15.000 millones de bolívares (2.400 millones de dólares) “sin que se vean las obras”.

Capriles –que impugnó los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, en las que quedó segundo, a solo uno por ciento del ganador oficial, Nicolás Maduro- dijo que la presión contra López pretende desmantelar la organización del Gobierno de Miranda y de su propio comando de campaña de cara a las próximas elecciones municipales del 8 de diciembre.