Recurrido por inconstitucional el proyecto del canal en Nicaragua

La ley que entregó la concesión para la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua al empresario chino Wang Jing se ha convertido en la más recurrida por inconstitucionalidad en la historia reciente de este país centroamericano. Al menos 16 recursos legales contra la normativa han sido presentados ante la Corte Suprema, en Managua, por partidos políticos de oposición, organizaciones civiles y ciudadanos, que consideran que la concesión viola la Constitución y la soberanía nicaragüenses, al convertir a este país “en un enclave del chino Wang”.

El miércoles fueron presentados nueve recursos contra la concesión, a los que se sumaron otros tres presentados este jueves y uno interpuesto por el principal grupo opositor en el Parlamento, la Bancada Democrática. La principal cámara empresarial del país, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que mantiene una relación melosa con el Gobierno de Ortega, también recurrió contra los artículos de la ley que consideran violentan la seguridad jurídica en este país. Los empresarios temen que la ley dé paso a las expropiaciones en aquellas tierras donde está previsto que pase el canal.

Organizaciones políticas de oposición aseguraron que seguirán recurriendo contra la ley, mientras que líderes indígenas ya han expresado su interés en hacerlo, dado que consideran que la concesión para la construcción del canal viola los derechos de los pueblos indígenas del Caribe establecidos en la Constitución nicaragüense. De hecho, analistas políticos de este país aseguran que tal y como fue aprobada la concesión en el Parlamento –en tiempo récord y sin cuestionar los argumentos presentados por el presidente Daniel Ortega–, viola al menos 41 artículos constitucionales.

“El artículo primero de la Constitución es clarísimo: la independencia, la soberanía, la autodeterminación es irrenunciable, pertenece al pueblo nicaragüense. SOlo ese artículo sería necesario para recurrir contra esta ley”, dijo el académico y exministro de Educación Carlos Tünnermann Bernheim.

Tünnermann, una de las voces más respetadas de este país, fue uno de los que acudió a la sede de la Corte Suprema para presentar su recurso como ciudadano nicaragüense, junto a un grupo de intelectuales y activistas. En las afueras del Tribunal, varias personas portaban carteles con la leyenda “Ortega vendepatria”. Dentro de la Corte, el secretario Rubén Montenegro, encargado de recibir los recursos, aseguró que la ley de concesión canalera ha sido una de las más recurridas por inconstitucionalidad en este país. El próximo 13 de agosto se vence el periodo para introducir los recursos. La Corte se deberá pronunciar 60 días después.

“Haber interpuesto estos recursos es lo más adecuado para los ciudadanos. Es importante que quede establecido que esta decisión del comandante Ortega es totalmente aislada en el contexto de la comunidad nacional. La amplia mayoría de sectores en Nicaragua están opuestos a la idea, tal como la formuló Ortega”, dijo el experto en temas constitucionales Gabriel Álvarez.

La construcción de un canal que una el Pacífico y el Caribe a través de Nicaragua ha sido el gran sueño de este país durante siglos. Ese sueño ha sido usado por los caudillos que han gobernado Nicaragua a lo largo de la historia para obtener réditos políticos, prometiendo sacar adelante la faraónica obra. Ortega no ha sido la excepción, y en julio del año pasado envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que ordenaba la construcción del canal. El proyecto cuajó hasta junio de este año, cuando la Asamblea entregó la concesión, con amplios poderes, al empresario Wang.

Sin embargo, las contradicciones han empañado el proyecto. Wang anunció que ya estaba definida la ruta del canal, que iniciaría en las costas sureñas del Caribe nicaragüense, a travesaría el gran lago Cocibolca y desembocaría en el Pacífico, a un costo de 40.000 millones de dólares. Un día después de que Wang hiciera esas declaraciones al diario británico The Telegraph, el Gobierno de Ortega desmintió a su socio. También lo hizo la empresa HNKD, propietaria de Wang y concesionario del proyecto.

“HKND es la compañía propiedad suya (de Wang), inscrita en el paraíso financiero de Gran Caimán, que recibió del gobierno de Ortega la concesión del Gran Canal. A los pocos días desmentía a su dueño único. ¿Cómo puede contradecir una empresa a su dueño absoluto?”, se preguntaba el martes el escritor Sergio Ramírez. “Al asegurar que el Gran Canal era un proyecto serio, Wang afirmó que no quería convertirse en el hazmerreír del mundo, y por tanto no iba a fallar. Pero ya se ha convertido. Hasta aquí la comedia. La tragedia es que este bufón de la ópera de Pekín, es ahora dueño por un largo siglo de la soberanía de Nicaragua, mediante un tratado regalado”, agregó Ramírez.

El proyecto del canal presentado por Ortega ha dividido a Nicaragua, un país sumido en la estrechez (más del 45% de los nicaragüenses viven en pobreza, es decir, más de 2.5 millones de personas, según un estudio de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDEG), aunque una reciente encuesta de la firma M&R Consultores mostró que el 70% de los encuestados cree que si se llegara a construir el proyecto, este sacaría a Nicaragua de la miseria.