El llamado de Francisco por la laicidad rechina en Costa Rica

“Yo, Laura Chinchilla Miranda, en representación del Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, hago acto de consagración de mi persona, de mi familia y del Poder Ejecutivo al amor y protección de Dios todo poderoso a través de María nuestra señora, la reina de los Ángeles (…) Le pido perdón por todas las transgresiones que se hayan hecho en el pasado en nuestra patria y por todas aquellas decisiones que se hayan tomado estando en contra de sus mandamientos, y le pido ayuda para cambiar todo lo que nos separe de él”.

Esto lo pronunció la presidenta Laura Chinchilla ante cientos de personas, decenas de sacerdotes y todos los obispos de Costa Rica el pasado viernes durante la celebración del día de la Virgen de los Ángeles, patrona del único país del continente americano cuya Constitución Política da rango oficial a la religión católica. Se lo redactó alguien de la cúpula eclesiástica, pero ella lo leyó ante micrófono sin titubear. En cualquier caso, lo mismo pronunciarían inmediatamente después el presidente del Congreso, Luis Fernando Mendoza, y la presidenta del Poder Judicial, Zarela Villanueva.

Estaban ahí los tres poderes de la República entregándose a Dios y la virgen de los Ángeles seis días después de que el papa Francisco abogara en Brasil por la laicidad de los Estados, con una frase que llegó como combustible a los oídos de quienes en Costa Rica exigen eliminar el carácter oficial de la religión que profesan seis de cada diez habitantes del segundo país más pequeño de Centroamérica. “La convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad”, dijo Jorge Bergoglio el 26 de julio ante una muchedumbre en Río de Janeiro.

Los discursos parecen contradictorios y los críticos de la Iglesia Católica costarricense no paran de hacerlo ver ante los obispos y, sobre todo, ante las autoridades políticas que mantienen la religión oficial en el artículo 75 de la Constitución Política.“La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”.

Bajo este alero, casi un millón de niños y adolescentes reciben clases de religión en instituciones estatales, salvo que se abstengan de manera expresa. Así el Gobierno destina partidas presupuestarias para obras de la Iglesia y así decenas de jerarcas públicos deben hacer juramentos ante Dios, crean o no en él. Así también se enmarca el fuerte lobby contra las iniciativas que contradicen la doctrina cristiana: en Costa Rica aún son ilegales las parejas gais, la fertilización in vitro, el aborto y cualquier práctica que vaya contra la “naturaleza humana” entendida así por la ortodoxia católica. 

Y a ello se suma la devoción de los jerarcas de turno, como ocurre con Chinchilla, declarada por los obispos “hija predilecta de la Virgen de los Ángeles”, la figura religiosa que inspira la peregrinación de cientos de miles de feligreses cada 2 de agosto a la Basílica de Cartago, ciudad al este del Valle Central. En esta misma provincia vive la mujer cuya sanación de un aneurisma sirvió al Vaticano para anunciar hace un mes la canonización de Juan Pablo II. Fue esa una señal de Dios “contra el Estado laicista y contra la fecundación in vitro”, según interpretó entonces el arzobispo saliente de San José, Hugo Barrantes.

Entre laicismo o laicidad, con malabares retóricos o matices conceptuales, los obispos aseguran ante medios y ante fieles que son consecuentes con el discurso del papa Francisco. “La visión laicista del Estado promovida por grupos de presión que buscan marginar y excluir lo religioso de la esfera pública, inhibiendo las libertades individuales”, ha dicho el obispo Barrantes. Del otro lado de la acera, diputados pro Estado laico ven incongruencias o, como mínimo confusiones. “La Iglesia no quiere perder los privilegios derivados de un Estado confesional. Hablamos de dinero, influencia social e injerencia política”, dijo a EL PAÍS,la diputada María Eugenia Venegas, del Partido Acción Ciudadana (PAC, centro).

“La estructura no está siendo consecuente con el mensaje del Papa”, sostuvo la diputada opositora, quien presentó un proyecto para reformarla Constitución Política y eliminar la confesionalidad. Su iniciativa sin embargo, está hundida en un mar de proyectos y temas, afectado además por la falta de interés del Poder Ejecutivo. Ni siquiera lo impulsó el presidente Óscar Arias (2006-2010), un abierto crítico dela Iglesia Católica, entidad que ha desempeñado papeles históricos relevantes y que recoge uno de los mayores índices de confianza popular según mediciones de diversas encuestadoras.

La posibilidad de hacer de Costa Rica un Estado laico también se mencionó al anunciarse la negociación de un concordato con la Santa Sede, pero tal opción ya no forma parte de las conversaciones, según las pocas revelaciones sobre este proceso hechas por el Gobierno. “Pasarán años antes de que Costa Rica deje de tener esa condición de Estado católico que limita la base democrática, contradice la pluralidad social y frena el desarrollo científico”, añadió Venegas, consciente de que en su propio partido hay dirigentes que prefieren dejar todo como está.