La mordaza se estrecha en el Golfo

“Hoy me ha llamado la policía para pedirme que me presente, pero no voy a hacerlo”, confía el omaní D.D. en un email a un colega defensor de los derechos humanos, quien a partir de ahora estará atento por si le detienen. Su delito, trabajar para que en su país se respeten las libertades de expresión y de asociación. Como él, decenas de activistas están siendo perseguidos en las monarquías de la península Arábiga. Las organizaciones que les apoyan denuncian una ofensiva para acallar las voces críticas que, a falta de otros espacios para el debate, se dan cita en Internet y las redes sociales.

“Imagínese cuál es la situación cuando ni siquiera podemos establecer una oficina en nuestros países”, resume Khalid Ibrahim, co director del Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR), desde Irlanda donde está registrado el grupo en busca de la protección europea. “A un criminal le tratan mejor que a un activista”, lamenta.

Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar han abrazado el desarrollo tecnológico y una pátina de modernidad, pero cuando se trata de los derechos y libertades políticos de sus habitantes, los dirigentes rechazan cualquier sugerencia de reformas que ponga en peligro su poder absoluto. Por eso les preocupa el creciente número de abogados, profesores, periodistas y otros ciudadanos influyentes que están utilizando las redes sociales para revelar violaciones y abusos. Internet se ha convertido en una nueva plaza pública, en especial desde la primavera árabe.

“En los dos últimos años se ha duplicado el número de usuarios de Facebook y Twitter en la región y se han formado un gran número de grupos para defender los derechos humanos. Raro es el día en que no aparece un nuevo hashtag alertando de alguna injusticia, lo que indica que se está elevando el nivel de concienciación”, celebra Ibrahim.

Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar han abrazado el desarrollo tecnológico y una pátina de modernidad, pero cuando se trata de los derechos y libertades políticos de sus habitantes, los dirigentes rechazan cualquier sugerencia de reformas

Las autoridades no han tardado en actuar para silenciar las potenciales fuentes de crítica, y no sólo a los disidentes políticos. Draconianas leyes contra el cibercrimen les permiten detener a defensores de derechos, blogueros e incluso a simples ciudadanos que expresan su descontento en las redes sociales. En uno de los casos más prominentes, el pasado junio, Arabia Saudí condenó a entre 5 y 10 años de prisión a siete jóvenes que en 2011 convocaron protestas contra el Gobierno a través de Facebook. Encarcelados desde su detención en septiembre de aquel año, fueron juzgados en un tribunal especial para terrorismo.

El primer informe de GCHR, publicado hace tres meses, denuncia el “deterioro de la situación” durante 2012. “Se ha incrementado la violación de los derechos a la libre asociación y expresión, y en particular, el acoso a quienes trabajan en su defensa”, asegura el texto.

“La represión siempre ha existido, pero tras la primavera árabe han aumentado los incidentes, en parte por el aumento de actividad en la sociedad y en parte porque los Gobiernos están más preocupados”, constata Sadek al Ramadan, secretario general de Adala. Ese centro, como otros que han tratado de establecerse en Arabia Saudí, no ha conseguido el permiso de las autoridades, pero sus responsables han recurrido la decisión.

En teoría, no hay ninguna ley que prohíba a los ciudadanos de esas ricas naciones decir lo que piensan. Sin embargo, en la práctica, los activistas se arriesgan a ser acusados de “manchar la reputación del Estado” si expresan sus críticas en público en vez de acudir a los dirigentes, como requiere la tradición tribal.

“Las familias gobernantes se sienten incómodas; temen el contagio de las revueltas que se han producido en los países vecinos y quieren cortar de raíz”, interpreta Joe Stork, vicedirector para Oriente Próximo de Human Rights Watch (HRW).

En su opinión, “hay una ofensiva por parte de los gobiernos que es más notable en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos”, pero que también se da en el resto. “En Bahréin, Omán e incluso Kuwait ha habido grandes manifestaciones que pueden explicar la reacción, pero en EAU no se ha producido nada semejante y en Arabia Saudí las protestas se han circunscrito a la Provincia Oriental, sin embargo han detenido a activistas en Yeddah, Riad y otras ciudades”.

Aunque cada una de esas monarquías ribereñas del golfo Pérsico tiene sus particularidades, Stork ve un elemento común en “la ausencia de tolerancia a la crítica de las familias reales”.

En Bahréin, el veterano activista Nabil Rajab cumple dos años de cárcel por un tuit en el que pedía la dimisión del primer ministro, un tío del rey, que lleva en el poder 41 años. En Kuwait, Sara al Driss ha sido condenada a 20 meses por “minar el prestigio del emir y ultrajar a la familia real” en su cuenta de Twitter. En Arabia Saudí, los siete condenados por sus mensajes de Facebook también fueron acusados de “deslealtad al rey”. En Qatar, hay un poeta encarcelado por criticar al emir. Las leyes de Omán prohíben cualquier reproche al sultán, quien en un gesto de magnanimidad esta semana [el lunes 22] ha perdonado a quienes participaron en las revueltas de 2011.

Al Ramadán sospecha que las autoridades de los seis países, agrupados en el Consejo de Cooperación del Golfo, tratan de coordinar sus políticas al respecto. Un ejemplo es la politización del poder judicial.

“Los Gobiernos lo están utilizando para crear acusaciones falsas”, asegura Ibrahim. Pone como ejemplo la condena a los miembros de la Asociación por los Derechos Civiles y Políticos en Arabia (ACPRA) por pertenencia a una asociación ilegal, “cuando las propias autoridades habían rechazado su registro”. O el caso de los 94 de EAU que, afirma, “no han violado la ley del país; su delito es haber firmado una petición para que la Shura [Consejo Consultivo] se elija por sufragio”.

Además, liderados por Arabia Saudí, buscan armonizar sus leyes contra el cibercrimen, que los defensores de derechos consideran meras tapaderas para trasladar a internet las limitaciones a la libertad de expresión que aplican a los medios de comunicación convencionales.

Y cuando los medios legales no bastan para intimidar a los activistas, no dudan en presionarles por otras vías. Imam al Qahtani, una conocida periodista saudí que informaba vía Twitter de los juicios a los fundadores de la ACPRA, dejó de utilizar su cuenta el pasado 10 de abril porque los servicios secretos le amenazaron con hacérselo pagar a su madre. La semana pasada descubrió en el aeropuerto que tiene prohibido salir del reino. “Estamos trabajando en un ambiente muy hostil”, concluye Ibrahim, que lamenta la falta de apoyo de los gobiernos occidentales. Fin