Una reforma lenta para acelerar la justicia en México

"Es un sistema que te detiene sin orden de arresto, te acusa sin pruebas y te juzga sin juez". Así describía la justicia en México en una ocasión el abogado Roberto Hernández, responsable de retratar al sistema judicial mexicano a través del documental Presunto Culpable. El anquilosado y a menudo injusto sistema judicial de México se dispone a cambiar, pero el proceso, igual que los juicios de antes y hasta ahora, es largo y engorroso.

Si el Gobierno cumple lo aprobado cinco años atrás se acabarán los juicios interminables, las acusaciones sin pruebas, los procesos opacos en los que el acusado no ve ni una sola vez al juez y la prisión preventiva para todos (de los 242.750 reclusos solo 142.450 están sentenciados, según datos de la Secretaría de Gobernación de enero de 2013).

“Los procesos son escritos, largos. En ellos el juez no siempre está presente en las audiencias (se hace ante secretarios, por las cargas de trabajo) y al final dicta sentencia en un proceso en el que no fue un actor principal”, explica José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de México.

La reforma penal avanza al ritmo lento y preocupante de los juicios por escrito: solo tres de los Estados (Chihuahua, Estado de México y Morelos) tienen implantado el nuevo sistema. Y la fecha límite para una nueva justicia es junio de 2016. Las dificultades de arrancar en todo el país tienen que ver con la ambición de las medidas. “En una sola audiencia se presentará la acusación, la defensa, el ofrecimiento de pruebas de fiscal y defensa, los testigos…”, explica Cossío.

La fecha límite para una nueva justicia es junio de 2016. Hasta el momento, solo tres Estados la han completado

Algo opuesto al tedioso proceso por escrito que impera hasta ahora, en el que las partes componían el caso durante meses, siempre basándose en una primera denuncia que se tomaba como la única verdad. Parece que la reforma sí puede resultar en una justicia más ágil: “En Nuevo León, que ha empezado a implementar el sistema, se ha pasado de más de seis meses a tres semanas el tiempo para procesar delitos menores”, dice Ernesto Canales, presidente de Renace, una de las instituciones privadas y organizaciones civiles que la impulsaron.

Para ello, promete la ley, los juicios serán orales, con interacción de fiscales y abogados de acusación. Los magistrados, dicen varios activistas, ya han estado recibiendo formación para adaptarse al nuevo modelo. Los abogados todavía no, y nadie parece saber muy bien cómo se hará. La reforma penal también obliga a la presencia de un juez en las audiencias (hoy día se hace ante secretarios debido a la carga de trabajo) y en la fase de investigación “para que agentes del Ministerio Público (fiscales) no desborden su actuación”, explica Cossío. Aunque resulte increíble, hasta ahora el juez que dictaba la sentencia no escuchaba a la víctima, al acusado ni a los testigos, según recuerda la coalición de organizaciones civiles - Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Red por los Derechos de la Infancia - que pelean por acelerar la implantación de la reforma penal en México.

Los policías, promete asimismo la ley, se convertirán en una especie de peritos científicos. Aprenderán a hacer mejores investigaciones (la inmensa mayoría de las acusaciones hoy carecen de pruebas físicas, según abogados y activistas). Pero, una vez más, la manera en la que se llevará a cabo es una incógnita. “El fundamento es la investigación, las pruebas científicas y legítimas. Para eso hace falta un cuerpo que se prepare para investigar y por ahora lo que está ocurriendo es que se cambia el nombre a la policía judicial, pero no se le enseña a investigar. Hay un cambio de ley, pero no de institución. No hay un equipo”, dice Edgar Cortez, abogado especialista en Derechos Humanos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Un punto importante será la prisión preventiva,que pasará a estar limitada acasos de peligro para la sociedad y no para delitos menores. Se apostará por medidas alternativas, negociaciones y reparaciones del daño en un 70% de los casos, según la SecretaríaTécnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Hoy las cifras hablan por sí solas: “Se estima que en prisión hay alrededor de 200.000 personas. Un 40% está ahí por delitos menores a 5.000 pesos (unos 400 dólares), como el robo de celulares, por ejemplo. Otro porcentaje importante de personas están ahí, privadas de su libertad, en espera de recibir sentencia; al final muchos resultan inocentes pero llegan a pasar incluso años en la cárcel”, critican las organizaciones civiles.

De los 242.750 reclusos que había en enero de 2013, solo 142.450 están sentenciados

Otro punto positivo del sistema que, en teoría, entrará en marcha en 2016: la transparencia. Mientras los productores y abogados de Presunto Culpable, Layda Negrete y Roberto Hernández, enfrentan una veintena de demandas civiles por grabar en un juzgado la lucha para liberar a un preso inocente, el nuevo proceso asegura que las audiencias serán públicas. Pero el proceso, que reforma los 33 códigos de procedimientos penales - uno por cada Estado y otro para los delitos federales- está resultando opaco para algunos activistas. “En los Estados donde se ha empezado a implementar no estamos teniendo una información continua y confiable de los resultados que está habiendo. Se da dinero pero no sabemos dónde se invierte. Sí se están construyendo salas de juicios orales (son sistemas de grabación, capacidad suficiente…) pero en detrimento de lo que no se ve”, asegura Cortez. Es decir, se invierte en edificios “vistosos” pero se olvidan puntos vitales, como la formación de abogados y magistrados.

El Senado discute actualmente la homologación de todos los procedimientos penales, pero por ahora no hay un modelo federal, así que cada cual lo aplica como sabe y como puede.

El presidente Enrique Peña Nieto, además, prometió al inicio de su mandato un código penal único para castigar de igual modo los delitos en toda la República, algo que todavía debaten los expertos. Lo que podría parecer una ventaja resultaría, según los más progresistas, un paso atrás. El ejemplo más claro es el aborto: un Estado tan conservador como Guanajuato (donde el aborto se considera un delito) no aceptaría unificar el código penal con el Distrito Federal (donde está despenalizado).

Y aun así, hay esperanza. Así lo cree Ernesto Canales, de Enlace: “En los Estados donde se ha implementado totalmente la reforma o donde lleva un alto grado, los resultados son muy satisfactorios. En Chihuahua, el índice de denuncias ha pasado del 15% al 45%. En Estado de México, aquellas personas ya condenadas y sentenciadas, el 73% tenía la percepción de que había sido condenada de manera injusta. Actualmente ha bajado a menos del 40%”.

Con información de Mari Luz Peinado