EE UU demora un año la aplicación de una parte esencial de la reforma sanitaria

El Gobierno de Estados Unidos ha decidido demorar en un año la entrada en vigor de las disposiciones de la reforma sanitaria que sancionaban económicamente a los empresarios que no aseguraran a sus empleados. La decisión de posponer una parte esencial de la nueva legislación de salud impulsada por el presidente Barack Obama supone una importante concesión a la patronal y al Partido Republicano, que había advertido de la incapacidad de la Administración de aplicar la legislación y de su efecto perjudicial para los propietarios de las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con la ley, a partir del 1 de enero de 2014, todos los titulares de empresas con más de 50 empleados estaban obligados a dar cobertura sanitaria a todos ellos a tiempo completo o pagar una multa de 2.000 dólares anuales por cada trabajador no asegurado. La decisión de retrasar un año la media se anunció a última hora de la tarde del martes a través de la página web del Departamento del Tesoro, encargado de la aplicación de esta parte de la reforma sanitaria, justificando la iniciativa en las dificultades de los empresarios para adaptarse a la nuevas reglas. “Estamos escuchando a los titulares de los negocios", explicó poco después Valerie Jarrett, la principal asesora de Obama, en su blog.

A partir del 1 de enero de 2014, todos los titulares de empresas con más de 50 empleados estaban obligados a dar cobertura sanitaria a todos ellos a tiempo completo o pagar una multa de 2.000 dólares anuales por cada trabajador no asegurado

La decisión no afecta a la mayoría de las empresas de EE UU -el 96%, según la Casa Blanca- que emplea a menos de 50 trabajadores, y que ya estaba exento de la obligación de ofrecer cobertura médica a toda su plantilla, y tampoco perjudica a otras disposiciones esenciales de la ley, como la que penaliza a los particulares que no hayan contratado una póliza médica en 2014, pero supone un duro revés para la Casa Blanca, ya que cuestiona su capacidad para poder ejecutar una de las leyes estrella del primer mandato de Obama y supone un obstáculo para las aspiraciones demócratas en las elecciones al Congreso de 2014, ofreciendo a los republicanos nueva munición sobre la ineficacia de los progresistas con la que atacar durante la campaña a los candidatos más débiles.

Los políticos republicanos más críticos con la reforma sanitaria de Obama reaccionaron inmediatamente al anuncio del Gobierno. El portavoz de la Cámara de Representantes, John Boehner, aseguró en un tuit que la “Obamacare [la forma peyorativa con la que la oposición se refiere a la nueva legislación de salud] es un tren descarrilado”. El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, emitió un comunicado en el que puntualizaba que la “Obamacare es muy costosa y no está funcionando como la Administración había prometido”.

La Administración preveía, gracias a esta medida, reducir el déficit en 5.000 millones de dólares

La respuesta demócrata ha sido mucho más tímida. A través de su portavoz, Harry Reid, el líder de la mayoría demócrata en la cámara Alta, señalaba que con esta decisión la Administración demostraba su “deseo de ser flexible” y puntualizaba que “es mejor aplicar la ley bien que hacerlo rápido”. Este martes, Nancy Pelosi, la líder de la minoría en la Cámara de Representantes y una de las principales impulsoras de la reforma, defendió la demora asegurando que el Gobierno estaba siendo "responsable" con los empresarios y minimizó el impacto de la iniciativa asegurando que "sólo el 4% de los empleadores se verían afectados".

Esta disposición suscitó la oposición de los empresarios desde que la reforma sanitaria fuera aprobada en 2010. Muchos amenazaron con sustituir a los empleados a tiempo completo por contratados a tiempo parcial -la norma se aplica a quienes trabajan un mínimo de 30 horas-, para eludir las consecuencias económicas de la medida. En los últimos meses, varios grupos empresariales, apoyados por legisladores, han tratado de presionar a la Administración para que la norma se aplicara a los trabajadores con un horario de 40 horas.

Las consecuencias de esta decisión no son sólo políticas. El costo para las arcas públicas puede ser enorme. El mandato individual, la disposición que exige a todos los estadounidenses estar asegurados a partir del 1 de enero de 2014 o pagar una multa, establece la obligación a la Administración -bien la federal, bien la estatal o un combinado de ambas- de asumir la cobertura de, entre otros, aquéllos a quienes sus empleadores no les garanticen una póliza. Con la demora, muchos trabajadores cumplirán los requisitos para optar a los beneficios médicos públicos. Además, la Administración preveía, gracias a esta medida, reducir el déficit en 5.000 millones de dólares, de acuerdo con la estimación de la Oficina Presupuestaria del Congreso. De esta manera, el Gobierno no sólo pierde ingresos, sino que se verá obligado a pagar más subsidios.