Los tribunales dan la razón sobre el parque Gezi a los ‘indignados’ turcos

Dos decisiones judiciales acaban de dar la razón a los manifestantes turcos que se oponían a la destrucción del parque de Gezi en el centro de Estambul, en una acción que acabó desembocando en varias semanas de protestas sin precedentes contra la violencia policial y el Gobierno turco.

Por un lado, un tribunal de Estambul ha rechazado el recurso interpuesto por el Ministerio de Cultura y Turismo sobre una decisión judicial anterior que obligaba a detener las obras de construcción de un cuartel militar de la época otomana en lo que ahora es Gezi hasta que se resuelvan los casos legales abiertos contra este plan.

Al mismo tiempo, otro tribunal de la ciudad ha decidido cancelar todo el proyecto de reurbanización de la zona alrededor de la céntrica plaza de Taksim, que incluye el parque, según coinciden varias fuentes y ha informado la agencia Reuters, a pesar de que la decisión aún no se ha hecho pública.

En un principio, las autoridades querían reconstruir el edificio histórico del cuartel militar en el parque y darle un uso comercial. Este proyecto formaba parte de un plan más amplio para peatonalizar gran parte del área alrededor de Taksim, donde ya se han construido varios túneles para soterrar el tráfico de vehículos, por lo que no está claro lo que podría suponer en la práctica esta decisión judicial.

"Antes de nada, [estas decisiones judiciales] son una muy buena noticia y, además y si los tribunales son coherentes, las próximas deberían coincidir", comentó a EL PAÍS la profesora universitaria Betul Tanbay, una de las fundadoras de la Plataforma Taksim, opuesta a este plan urbanístico, y quien también confirmó la segunda decisión judicial.

Durante las protestas, el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que su Gobierno respetaría las decisiones judiciales sobre la construcción del edificio histórico en Gezi, algo a lo que de todas formas estaba ya obligado. Y añadió que si los tribunales le permitieran seguir adelante con el proyecto, el Gobierno lo sometería a una votación popular.

Tanbay cree que las autoridades y otras partes interesadas aún pueden recurrir ambas decisiones judiciales, y añade que hay al menos otros cinco casos abiertos contra estos proyectos, algunos iniciados hace dos años, cuando se anunciaron los planes.

A finales de mayo, varias violentas intervenciones policiales contra una sentada de activistas contra la demolición del parque de Gezi, que acababa de comenzar, acabaron convirtiéndose en una serie de manifestaciones masivas en todo el país contra la violencia policial y el Gobierno del primer ministro Erdogan.

Durante dos semanas, cientos de personas acamparon en el parque y, cada día, miles de manifestantes ocupaban Gezi y Taksim, cuyos accesos habían sido cerrados al tráfico por barricadas. Tras varias noches de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, finalmente las autoridades desalojaron violentamente el parque el pasado 15 de junio, aunque desde entonces se han vuelto a suceder varias protestas, en Estambul y en otras ciudades.

Al menos cinco personas han muerto desde que se iniciaron las manifestaciones en la semana del 27 de mayo, incluido un policía, y más de 7.800 han resultado heridas. El Gobierno ha culpado a agentes extranjeros, a los medios de comunicación y a un supuesto lobby de la tasa de interés de estar detrás de las protestas para afectar al crecimiento económico turco. Además, las autoridades han lanzado una oleada de detenciones de personas que participaron en las manifestaciones, incluyendo a periodistas, abogados y médicos que atendían a los heridos, y ha pedido a las redes sociales Facebook y Twitter información sobre los manifestantes que las usaron. Diversos Gobiernos europeos y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado la violencia policial y la actitud del Gobierno durante el desarrollo de las protestas.