Las familias de los desaparecidos piden auxilio al Gobierno federal

Los familiares de los 12 jóvenes desaparecidos en un after-hours de México DF han pedido auxilio al Gobierno federal. Han pasado 36 días sin resultados concluyentes en las pesquisas de la fiscalía de la capital y ellos consideran que es necesario que el caso pase a manos de la fiscalía federal, la Procuraduría General de la República, que opera en todo el territorio nacional y a la que se le supone más capacidad de investigación.

El fiscal federal, Jesús Murillo Karam, ha recibido este lunes por la tarde a las familias en la sede que tiene la Procuraduría en el Paseo de la Reforma, la avenida más renombrada de la Ciudad de México. El edificio está a 800 metros del After-Heavens, la discoteca, ya clausurada, en la que raptaron a los jóvenes a la salida del local el domingo 26 de mayo a plena luz del día. Los familiares urgieron al fiscal a que asumiera el caso. Murillo Karam les dijo que ayudarían en todo lo posible a la fiscalía local, y les informó de que la fiscalía federal está investigando en los estados que rodean al DF.

La Procuraduría General solo podría hacerse cargo plenamente del caso si se confirmase que el rapto de los jóvenes fue un asunto relacionado con el crimen organizado, que es un delito federal. La fiscalía local ha explicado que la operación la llevó a cabo un grupo de al menos 17 personas que usó ocho coches para llevarse a las víctimas, pero considera que esto no fue obra de una organización criminal, sino de una “pandilla”. Su tesis es que el rapto se debe a una lucha entre grupos narcomenudistas, y ha reiterado que en la capital no operan los grandes carteles de la droga.

De momento la fiscalía del DF no ha logrado detener a ninguno de los 17 supuestos ejecutores del rapto, pero este mismo lunes consiguió que la justicia presentase cargos contra tres personas que tenía detenidas desde hace semanas: un propietario de la discoteca, Mario Rodríguez Ledesma, un empleado, Andrés Estuard Henonet, y el encargado de seguridad, Gabriel Carrasco, alias El Diablo. Los tres han sido acusados de “secuestro agravado”. Otro socio del local, Ernesto Espinoza Lobo, fue detenido este fin de semana en una casa del DF en la que se vendía y se consumía droga, pero aún no ha sido imputado.

La de este lunes ha sido la primera reunión del fiscal general con los familiares de los desaparecidos. Estos llegaron a las tres de la tarde a delante de la sede sin cita previa, y funcionarios de la fiscalía les dijeron que los recibiría alguien. Mientras esperaban, enseñaban a los medios y a los peatones carteles de protesta. Uno de ellos ponía: Cuánto tiempo más? Cuántos detenidos más? Para saber dónde están los jóvenes de Tepito. Ayuda! Una madre apareció con otro que decía: Jesús Murillo Karam. Necesitamos tu ayuda. Contamos contigo?, y le preguntó a otras madres quién era ese señor, Jesús Murillo Karam. También coreaban su lema estandarte: Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Una de las madres animó a las demás a vocear con fuerza: “¡No lo canten, afírmenlo!”.

Tres horas más tarde se hartaron de esperar y cortaron una dirección del Paseo de la Reforma, que es una de las arterias de tráfico claves en el centro del DF, una ciudad sobresaturada de vehículos. De inmediato aparecieron decenas de policías antidisturbios y varios agentes de civil se pusieron a mediar con las señoras para que se apartasen de la vía. Uno de ellos habló con María Teresa Urrutia, abuela de Jerzy Ortiz, uno de los desaparecidos, y le dijo que en breve las iban a recibir, y que por favor dejasen de cortar el tráfico.

–Aguanten diez minutos –le rogó el oficial.

La abuela le dijo que no: “Llevamos 36 días sin vivir”. La abuela lloraba.

Otro agente trató de dialogar con Julieta González, madre de la desaparecida Jennifer Robles. En la acera había una cierta fila de antidisturbios. Algún conductor afectado por el corte de tráfico ya se había bajado del coche para gritarles que los dejasen pasar. El momento era un poco tenso. El agente le recomendó a la señora que mejor no se empecinasen en quedarse allí paradas. Julieta González, fabricante casera de peluches, se mantuvo firme: “Que nos quiten, que nos rompan la madre si quieren”.

Al cabo de 20 minutos desde que taponaron la vía apareció un alto funcionario. Traje. Corbata. Mayor de cincuenta años. Actitud grave. Traía el mensaje. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se disponía a recibirlos.