Aumenta la superpoblación de las cárceles de Perú

La política del expresidente Alan García para reducir el hacinamiento entre 2008 y 2011 no logró su cometido

El presidente de Perú, Alan García, en enero de 2008.
El presidente de Perú, Alan García, en enero de 2008.GORKA LEJARCEGI

El expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales del Gobierno de Alan García ha sido condenado a prisión preventiva tras ser acusado de aceptar sobornos para indultar y conmutar penas entre 2008 y 2011. En abril. el expresidente aprista fue acusado de corrupción por haber liberado a 5.398 presidiarios, entre ellos 3.300 condenados por tráfico de drogas, 400 en modalidad agravada. García explicó que el objetivo de los indultos era reducir el hacinamiento en las cárceles. Sin embargo, la superpoblación penal en Perú ha seguido aumentando. El año 2012 terminó con 61.390 presos, 32.000 más que la capacidad total. Actualmente hay un 111% de superpoblación en las cárceles peruanas.

El Comité Europeo para los Problemas Criminales califica de hacinamiento a partir de un 120% de superpoblación. En Perú hay cárceles con porcentajes de un 453% (Huaral, norte de Lima), 226% (Cañete, sur de Lima), y 159% (Lurigancho, en Lima Metropolitana). En 2011, al final del Gobierno de García, había 180 presos por cada 100.000 habitantes y la superpoblación media en prisiones era de un de 91%, es decir, 25.714 presos excedían la capacidad. En 2012 la tasa subió a 202 por cada 100.000.

En la prisión de Lurigancho para hacer llamadas telefónicas, pasar alimentos o medicamentos de un pabellón a otro hay que pagar a los cabecillas.

Un informe del Ministerio de Justicia sostiene que aunque siempre ha existido, el hacinamiento “se ha disparado desde 2006”. En ese año, la Defensoría del Pueblo indicó que la superpoblación era del 77%, con más de 20.000 presos por encima de las plazas. Expertos y funcionarios públicos consultados aseguran que en la última década los políticos y operadores de justicia han hecho frente al aumento de la criminalidad modificando leyes para instaurar penas mayores o dando prisión preventiva a los sospechosos mientras son investigados.

El director de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia, Carlos Zoe Vásquez, asegura que “Perú necesita políticas públicas que respondan en el nivel de la prevención del delito, ya que entre 1.200 y 1.500 internos salen de prisión antes de cumplir un año, por lo que nunca debieron de haber entrado. Como hubo presión social, en vez de comparecencia fueron condenados a prisión preventiva”. En 2011 la inseguridad ciudadana desplazó al desempleo como primer problema en las encuestas en Perú. “Vivimos en una sociedad acostumbrada a creer que el delincuente se inhibe ante las penas, pero aunque entre 1999 y 2012 el Código de Ejecución Penal cambió 28 veces para eliminar beneficios penitenciarios o imponer penas más altas, la criminalidad aumentó”, precisa Vásquez.

Los ‘narcoindultos’ tocan la puerta del APRA

El avance de las pesquisas del Ministerio Público y de una comisión parlamentaria que investiga irregularidades durante el segundo gobierno de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) está afectando al líder del Partido Aprista, Alan García. En abril el exmandatario elogió a Miguel Facundo, expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales actualmente en prisión, de quien dijo que “lo volvería a nombrar porque sí actuó bien”.

El exministro de Justicia y dirigente aprista, Aurelio Pastor, también está siendo investigado por la Fiscalía. Fue suspendido de su cargo debido a las denuncias de una alcaldesa provincial, que lo denunció por cobrarle para usar sus influencias en el Jurado Nacional de Elecciones y librarla de la vacancia de su cargo.

El diario La República señala que el Ministerio Público ha identificado tres niveles en la organización que supuestamente recibía dinero a cambio de las gracias presidenciales: en la cabeza se encuentran Miguel Facundo y la secretaria de la comisión. En una segunda instancia, los promotores de la comisión y delegados de los penales. Y un tercer grupo de protección política integrado por un exasesor del entonces ministro Aurelio Pastor.

Este lunes se ha difundido una carta firmada en diciembre de 2007 por el entonces presidente Alan García, que estaba pegada en los pabellones del penal de Lurigancho, en la que invitaba a los reos a solicitar un indulto o conmutación de pena. García ha interpuesto una acción de amparo para impedir que la comisión parlamentaria siga actuando. García afirma que ésta busca responsabilidad política, por lo que prefiere ser investigado solo por la Fiscalía.

Únete ahora a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites

Suscríbete aquí

El director de Política Criminal y Penitenciaria afirma que, por primera vez, el país tiene evidencia de la inutilidad del incremento de las penas y de las propuestas de prevención del delito. El funcionario indica que en los últimos seis años la capacidad en las prisiones creció un 26%, y, citando estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), dice que “el año pasado, el personal técnico profesional alcanzó al 45% de la población penal en servicios de trabajo, reinserción y resocialización”.

Además de que el personal del INPE es insuficiente, la prensa peruana ha documentado que algunos pabellones de los penales son administrados por presos con poder, en connivencia con la policía. Por ejemplo, en la prisión limeña de Lurigancho para hacer llamadas telefónicas, pasar alimentos, agua, utensilios o medicamentos de un pabellón a otro hay que pagar a los cabecillas. En esa cárcel viven 8.304 presos cuando la capacidad es de 3.204, lo que está provocando dificultades incluso en el espacio para dormir.

El penal más superpoblado del país está localizado en Huaral, al norte de Lima. Tiene capacidad para 826 personas pero alberga 4.549. “En los días de visita uno tiene la sensación de que cualquier cosa puede ocurrir”, dice una de las fuentes consultadas por este diario. Mientras en Perú crecen los delitos contra el patrimonio y el sicariato, y la policía intenta mostrar autoridad exhibiendo de forma espectacular a los detenidos, en los penales hay un 58% de presos sin condena y solo un 48% con sentencia.

Una iniciativa solidaria

Pese a que Lurigancho es conocida como una de las prisiones más duras del mundo, a mediados de junio, 1.800 reclusos batieron el récord mundial Guinness al mayor número de presos realizando una actividad física. En el patio principal, Roger Romero, instructor peruano de fullbody –una disciplina aeróbica que se ejecuta con música–, lideró una aerotón (una variante del aerobic) de tres horas.

En ocho meses, Romero, que trabaja como voluntario en el penal, ha logrado formar a 12 internos como instructores de fullbody (entrenamiento de cuerpo completo) y pretende llegar a 200. “Antes durante el fin de semana se drogaban, se embriagaban y el lunes dormían la mona porque no tenían nada que hacer. Pero de un 60 a un 70% de los que hacen ejercicio han disminuido el consumo, porque la droga no convive con el ejercicio. Muchos han mejorado su salud física y mental”, explica el instructor. “Me he preguntado ¿qué hago acá con un homicida? Al principio me hablaban con señales de crimen, apuntándome con las manos. Yo les decía 'baja la mano'. Creo que muchos han cambiado el chip”

Archivado En:

Te puede interesar

Lo más visto en...

Top 50