Las carreteras de Perú, entre las más peligrosas de América Latina

Ocurrió esta semana. Un autobús cayó a un abismo en la selva central de Perú. Murieron 30 personas y 15 más resultaron heridas. Los familiares acudieron a Lima, a la agencia de transporte Turismo Central, y pasaron más de un día sin saber si los suyos estaban entre los supervivientes. Los empleados llamaban por teléfono a otras oficinas, a chóferes, pero nadie daba razón. Un grupo, indignado por la desinformación y por la demora en que la empresa los trasladara al lugar del accidente, destrozó vidrios y computadoras, y hasta entonces los llevaron.

Perú es uno de los países con una de las tasas de muertes por accidentes de tráfico más altas de América Latina. Según el informe global del Estado de la Seguridad Vial 2013, difundido en abril por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Perú tiene una tasa estimada de 15,9 por cada 100 mil habitantes, por encima de México (14,7 y con un parque automotor mucho mayor), y por debajo de Venezuela, con una tasa de 37,2. Sin embargo, la OMS apunta que Perú es uno de los 77 países —y uno de los cinco de América Latina junto con Bolivia, Honduras, República Dominicana y Nicaragua— que no cuenta con cifras fiables sobre las causas de las muertes registradas.

En 2012, 555 personas murieron en accidentes de tráfico y otras 3.913 resultaron heridas, según datos de la superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Según la superintendente Elvira Moscoso, los accidentes en las ciudades representan el 98% del total, mientras que en las carreteras se producen el 2% restante. Sin embargo, en la ciudad hay pocos fallecidos por cada accidente, mientras que en las carreteras los siniestros son menos frecuentes, pero pueden tener una fatalidad alta si afectan por ejemplo a un ómnibus. 

El indicador oficial apunta que en 2010 murieron 685 personas solo en las carreteras y el informe de la OMS de ese año calcula que en ese año se registraron 4.622 muertes en total, incluyendo zonas urbanas.

Accidentes como el de esta semana ocurren con regularidad. En abril, la volcadura de un ómnibus a un río en la sierra norte —en Otuzco, departamento de La Libertad— produjo la muerte de 39 personas y 9 desaparecidos. En Sihuas —sierra norte, departamento de Ancash— fallecieron seis personas y 10 quedaron heridas cuando una camioneta rural se salió de la pista en marzo, y en la misma localidad hubo seis muertos y 10 heridos que viajaban en la empresa El Veloz en enero. En abril, un fiscal provincial fue filmado recibiendo supuestamente un soborno relacionado con el accidente de El Veloz.

“Sería conveniente que el Ministerio Público organizara una especialidad para fiscales que investiguen los accidentes de tránsito”, sugiere Luz Sánchez, ex fiscal superior en Huaura y actual fiscal provincial anticorrupción en Huánuco (selva central).

Sánchez fue una de las primeras fiscales en aplicar el nuevo Código Procesal Penal en 2007 de forma piloto en Huaura, instrumento que dio peso a los fiscales en la búsqueda de pruebas y a la oralidad en el juicio, para hacerlo más rápido.

La fiscal Sánchez sostiene el Nuevo Código Procesal permite que aunque no haya condena a un acusado de un homicidio en un accidente de tránsito, es posible que la víctima pida una reparación civil. “Pero algunos no lo saben, con la norma anterior eso era imposible”. Actualmente, la mitad de los distritos judiciales del país aún sigue aplicando el código anterior.

“Las respuestas que da el sistema de justicia a este problema no son las mejores”, reconoce la fiscal provincial. Agrega que no es común presentar estos casos como homicidios con dolo, pero pocas veces se hallan pruebas por la falta de peritos. El Ministerio Público tiene solo uno o dos de especialistas en este tema para todo el país.

La superintendente de Sutran anota otro problema para detectar el incumplimiento de las normas que pueden causar los accidentes en las carreteras. “En transporte interprovincial no pueden exceder de cinco horas de conducción día y cuatro de noche, pero esto es fiscalizado manualmente en hojas de ruta en papel en algunos puntos de control. El ministerio está trabajando para que en adelante sea una hoja de ruta electrónica”, precisa Moscoso.

Problema invisible

“¿Quiénes son las víctimas de los accidentes?”, pregunta Alejandro Silva cuando explica por qué no disminuyen ni los accidentes ni los resultados fatales. “Los más pobres”, responde como director de la Defensoría Municipal de Víctimas de los Accidentes de Tránsito, una dependencia de la Municipalidad de Lima, creada hace poco más de un año ante la indefensión en que quedaban las víctimas y sus familiares.

“Los accidentes ocurren en los lugares donde hay menos recursos económicos y hay una relación directa entre víctimas y su vulnerabilidad económica, social, e incluso étnica. Para ellos es difícil acceder a la justicia, es muy parecido a lo que les ocurría a las víctimas de la violencia [1980-2000]”.

La Defensoría Municipal ha logrado acuerdos con algunos bufetes de abogados que defienden pro bono a algunas víctimas, especialmente para obtener una reparación civil, dada la dificultad en lograr alguna condena.

“Es difícil encontrar responsables de las muertes o de las personas que han quedado con alguna discapacidad: ya sea porque hay corrupción luego de un accidente de tránsito o porque cuando ocurren los fiscales ni la policía tienen facilidades para el recojo de pruebas. No hay una cadena probatoria segura”, afirma Silva.

El abogado también destaca que los daños por accidentes de tránsito, solo en Lima y Callao, suman un 2% del PIB en pérdidas tangibles (materiales) e intangibles, según un cálculo del Instituto Nacional de Salud del año 2009 recogido por un informe de la Defensoría del Pueblo. Dicho reporte denunció el incumplimiento de los seguros obligatorios de accidentes de tránsito.

Pese a que en 2009 una ley dispuso la creación de los juzgados de tránsito, recién la semana pasada el Poder Judicial aceptó instalar un par en un local alquilado y equipado por la Municipalidad de Lima. La acumulación de muertes en el país por inseguridad vial tiene respuestas lentas desde el Estado, que usualmente responde con campañas intermitentes de seguridad vial, y con pocas menciones en las horas de clase en las escuelas.