Florida reduce por ley el tiempo de espera en el corredor de la muerte

Cuando llegó el día de su ejecución, el pasado miércoles en la prisión estatal de Florida, William Van Poyck ya había publicado tres libros: Quietus, El tercer pilar de la sabiduría y Un pasado a cuadros. Y 26 de sus 58 años de edad los había cumplido en el corredor de la muerte. “Estimados lectores: el 12 de junio de 2013 a las 19.13 mi hermano, William, tomó su último aliento en la tierra y comenzó su viaje al otro lado. Sus últimas palabras fueron: ¡Libérame!”, apuntó su hermana, Lisa Van Poyck, en el blog que hasta entonces alimentaron ambos.

Los condenados a muerte en Florida esperan, en promedio, hasta 22 años antes de recibir la inyección letal. Ha sido así hasta este viernes, cuando el gobernador del Estado, Rick Scott, ha aprobado la Ley de Justicia Oportuna que ajustará los lapsos de apelaciones y acortará el proceso de ejecución.

“Un preso que ha estado en el corredor de la muerte durante 22 años ha tenido una oportunidad justa para encontrar todas las pruebas necesarias para impugnar su condena, sobre todo cuando el caso ha recibido los múltiples niveles de revisión y el debido proceso extraordinario que se ofrece a los condenados a muerte”, escribió el gobernador en la exposición de motivos que acompaña a la promulgación de la norma.

“Esta ley no acelera los casos de pena de muerte a través del sistema judicial”, ha aclarado Scott en el mismo documento, para salir al paso a las críticas de quienes abogan por la abolición de la pena capital. Pero en la práctica, esta ley sí podría acelerar la ejecución de al menos 13 de los 405 reos que aguardan en el corredor de la muerte, y que el año próximo ya habrán agotado todas las vías de apelación judicial. Si Scott avala la ejecución de estos 13 convictos habrá igualado el récord del ex gobernador Jeb Bush, quien en ocho años ordenó la muerte de 21 reos.

La Ley de Justicia Oportuna establece que el gobernador de Florida podrá firmar las órdenes de ejecución 30 días después de que la Corte Suprema del Estado certifique que todos los canales de apelación han sido explorados. También podrá, en su defecto, ordenar una investigación de clemencia. Una vez que el gobernador firme la orden, el Estado deberá programar la ejecución en los seis meses siguientes.

Florida es el segundo Estado de la unión con mayor número de presos en espera de ejecución y fue durante 2012 el Estado donde más sentencias a pena capital fueron emitidas. Desde que asumió el cargo de gobernador, en enero de 2011, Rick Scott ha firmado la orden de muerte de siete reos. Las dos más recientes han sido ejecutadas durante los últimos quince días: William Van Poyck, que fue declarado culpable del asesinato, en 1987, de Fred Griffis, un guardia de prisiones que frustró el intento de fuga de otro preso, y Elmer Leon Carroll, que recibió la inyección letal el 29 de mayo a los 56 años por violar y asesinar a una niña de 10 años en 1990. La muerte de Marshall Lee Gore -49 años, condenado por violar y asesinar a Robyn Novick, de 30 años, en marzo 1988—ya está programada para las seis de la tarde del próximo 24 de junio en la prisión estatal de Starke.

Pero no solo los culpables han sido condenados a morir. Desde que la pena capital fue restablecida en Estados Unidos, en 1976, se ha comprobado la inocencia de 142 sentenciados a pena capital, que han sido liberados después de cumplir décadas en prisión. Le ocurrió al puertorriqueño-estadounidense Juan Roberto Meléndez, quien en 1983 fue condenado a muerte por el asalto a mano armada y asesinato de Delbert Baker, durante un juicio de cinco días que se realizó en Florida. Meléndez fue declarado inocente y liberado en enero de 2003, después de pasar 17 años en el corredor de la muerte. Desde entonces es un firme activista a favor de la abolición de la pena capital en el mundo. La condena a muerte sigue vigente en 33 de los 50 Estados del país, donde hasta 2012 habían sido ejecutados un total 1.295 reos.

El mismo día en el que el gobernador Scott promulgó la Ley de Justicia Oportuna, culminó en Madrid el V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, donde Estados Unidos, China e Irán fueron tres los grandes ausentes. “Debería sorprender mucho que Estados Unidos no prohíba la pena de muerte y que incluso intente aplicarla de forma federal en estados abolicionistas”, comentó la directora adjunta del Congreso, Ariane Gresillon, a EFE, refiriéndose a las leyes federales que permiten las condenas capitales en Puerto Rico, aún a pesar de que la Constitución del Estado Libre Asociado las prohíbe expresamente.