El Gobierno argentino recurrirá a la Corte Suprema para salvar la reforma judicial

Se aproxima la hora de la verdad para el Gobierno argentino y su reforma judicial. A lo largo de las dos últimas semanas, unos diez jueces de primera instancia habían decretado la suspensión de la reforma hasta que no se dictara una sentencia sobre su constitucionalidad. Y la sentencia llegó el martes a las once de la noche, de la mano de la jueza María Servini de Cubría, quien dictaminó su inconstitucionalidad.

La reforma pretende transformar el Consejo de la Magistratura, el órgano rector de los jueces, aumentar el número de miembros de 13 a 19, modificar la mayoría necesaria para tomar decisiones y, sobre todo, permitir que 12 de esos 19 miembros sean elegidos mediante voto popular, con sus nombres inscritos en las papeletas de los partidos que concurrirán a las elecciones legislativas del 27 de octubre. Antes de esos comicios se celebrarán unas elecciones primarias el 11 de agosto. Con lo cual, las organizaciones políticas deberán presentar a sus candidatos el 22 de junio.

Entre los candidatos habrán de ir los miembros del Consejo de la Magistratura. Pero el Gobierno se ha encontrado con la sentencia de la jueza. Y ahora sólo le queda recurrir a la Corte Suprema. Y eso es lo que hará esta semana, según ha señalado el ministro de Justicia, Julio Alak a Radio Continental, emisora propiedad del grupo Prisa.

La Corte Suprema, formada por cinco hombres y dos mujeres, se encontrará así ante una de sus decisiones más trascendentes. La semana pasada los jueces dictaron una sentencia que le ha dado al Gobierno una bolsa de oxígeno enorme; levantaron el embargo de 19.000 millones de dólares que pesaba sobre la petrolera estadounidense Chevron. Con esa decisión, Chevron quedaba con las manos libres para asociarse con YPF en la explotación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.

Pero en fuentes próximas a la Corte se viene afirmando que los jueces dictaminarán la inconstitucionalidad de la reforma. Con lo cual, el Gobierno recibiría el mayor revés judicial de su historia. Consciente de que eso podría ocurrir, Cristina Fernández ha vertido críticas directas en las últimas semanas sobre el máximo tribunal y sobre alguno de sus miembros. “Yo quiero leer los argumentos que digan que no se pueden expresar los 40 millones de argentinos acerca de quiénes deben ser los funcionarios políticos, son funcionarios políticos porque el Consejo de la Magistratura es el órgano político del Poder Judicial”, señaló. Y después, arremetió en Twitter contra el juez Carlos Fayt, a quien cuestionó por tener 95 años. “Se me olvidó el casi centenario miembro de la Corte, que pertenece al histórico y también centenario Partido Socialista”, escribió. Fayt fue el único juez de los siete que había votado en contra de levantar el embargo a Chevron. Tras las críticas de la presidente, se limitó a declarar en un comunicado: “Los hechos son sagrados, pero el comentario, libre”. El resto de los miembros aludidos guardó silencio.

Cuatro de los siete miembros de la Corte Suprema fueron designados durante el mandato de Néstor Kirchner (2003-2007), quien se propuso renovar una institución muy desprestigiada durante los diez años en que gobernó el peronista Carlos Menem (1989-1999). Hasta hace pocos meses, la Corte Suprema parecía intocable. Sin embargo, empezó a ser objeto de las críticas de la presidenta cuando extendió la medida cautelar que protege al Grupo Clarín frente la Ley de Medios que decretó el Gobierno hace más de tres años.

Ahora, la patata caliente de la reforma judicial pasará al tejado de la Corte Suprema.