La justicia argentina registra propiedades de un empresario amigo de los Kirchner

La justicia de Argentina registró este jueves tres propiedades y 14 cajas fuertes en una oficina bancaria que pertenecen al empresario Lázaro Báez, amigo confeso del expresidente fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), ambos oriundos de la provincia sureña de Santa Cruz. Báez, su hijo y su contable están siendo investigados por un fiscal por presunto lavado de dinero. Además, este empresario dedicado a la construcción y el petróleo ha sido citado a declaración indagatoria por extorsión contra un financista que lo acusó en una entrevista televisiva de fugar 55 millones de euros a paraísos fiscales. La requisa de parte de sus bienes se produjo 53 días después del inicio de la serie de denuncias que cada domingo viene vertiendo el periodista Jorge Lanata en un canal de televisión del grupo Clarín, enfrentado con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Los registros fueron ordenados por un juez de Buenos Aires y ejecutados por la Gendarmería Nacional (policía de fronteras). Comenzaron el miércoles por la noche en una oficina del Banco Santa Cruz en la que Báez cuenta con 14 cajas de seguridad. Al día siguiente, volvieron a abrirlas. Además, el jueves los gendarmes ingresaron a un galpón de Austral Construcciones, la compañía de Báez donde el empresario guarda varios coches de lujo, y a dos fincas que tiene a 100 kilómetros de la capital de Santa Cruz, Río Gallegos. El juez también pidió información sobre Báez a Suiza y Panamá, adonde habría fugado dinero, y a Uruguay, donde además habría comprado propiedades.

En el popular programa de Lanata, un financista llamado Federico Elaskar y otro contable, Leonardo Fariña, contaron cómo ayudaron a Báez a retirar dinero de Argentina por vías ilícitas. Ambos se desdijeron en posteriores entrevistas periodísticas. Pero el fiscal del caso Báez también los investiga por lavado de dinero y serán los primeros de la causa en ser sometidos a declaración indagatoria este lunes. Además, el juez a cargo ordenó este jueves la inhibición de los bienes de ambos porque la unidad del Gobierno de lucha contra el lavado de dinero les ha detectado transferencias sospechosas de dinero entre bancos por 2,8 millones de euros.

El financista Elaskar también figura como presunta víctima de Báez en otra causa que data del año pasado por supuesta extorsión para que vendiera una empresa financiera involucrada en la trama de fuga de capitales al entorno del empresario santacruceño. Por eso Báez deberá someterse a declaración indagatoria ante otra juez de Buenos Aires.

En el programa de Lanata, una exsecretaria de Kirchner, Miriam Quiroga, declaró que vio bolsos que supuestamente estaban llenos de dinero circulando por la Casa Rosada (sede presidencial). Ella dijo que los traían Báez y otros empresarios de buena relación con Kichner, como Cristóbal López y los Eskenazi (exsocios de Repsol en YPF), y que tenían como destino una residencia familiar del fallecido presidente argentino en Santa Cruz. Después, la exsecretaria declaró como testigo en una causa por presunta asociación ilícita entre funcionarios kirchneristas y empresarios, pero nadie le preguntó sobre los bolsos ni ella tampoco lo comentó.

Algunos analistas políticos considera que las investigaciones contra Báez han comenzado a impactar en la popularidad de Fernández. El índice de confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella bajó de 1,91 puntos (sobre un máximo de cinco) en marzo pasado a 1,42 en mayo. Este índice, que en el Gobierno de Kirchner rondaba entre los 2 y los 3,5 puntos, cayó a entre 1 y 1,5 en 2009, el año de la única derrota electoral del kirchnerismo en diez años en el poder, en unos comicios legislativos. En 2011, cuando Fernández fue reelegida por el 54% de los argentinos, el indicador osciló entre 2 y 2,5. En agosto y octubre próximos se celebran nuevas elecciones legislativas.

Pero el Gobierno considera que el caso Báez no le atañe. Este miércoles, en su informe anual ante el Congreso, el jefe del Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, no quiso responder preguntas al respecto y aclaró: “La presidenta y Néstor Kirchner sufren una feroz campaña de desprestigio. No vengo a informar acerca de operaciones mediáticas. Tampoco sobre cuestiones que están dirimidas en la justicia. No pienso prestarme a la utilización farandulesca (de prensa rosa) ni a contribuir al desprestigio de la política”. El Gobierno ha vinculado el caso al cotilleo de famosos, pues el contable Fariña y otro investigado en la causa por presunta lavado de dinero, Fabián Rossi, están casados con modelos conocidas de la televisión argentina, una de las cuales fue este año candidata a diputada en representación de los italianos emigrantes por el partido de Silvio Berlusconi.