Amnistía Internacional documenta 152 desapariciones forzadas en México

La última crisis de desapariciones en México, protagonizada por un grupo de once jóvenes hace ya más de una semana a la salida de un after en el Distrito Federal, es solo un ejemplo más de un problema que afecta, según las cifras oficiales, a miles de familias en toda la República. Pese a la denuncia mediática del caso en la capital, el nulo avance en las investigaciones revela también otro drama: el de la falta de competencia de las autoridades a la hora de combatir este fenómeno.

Amnistía Internacional acaba de publicar un informe que recoge “la constante de desapariciones que impera en el país en medio de los esfuerzos del Gobierno de poner freno a las bandas de delincuencia organizada”. Del mismo modo que denunció en otro documento la organización Human Rights Watch (HRW) en febrero pasado, AI indica que “estos esfuerzos se materializan a menudo en desapariciones forzadas, es decir, desapariciones perpetradas por funcionarios públicos” y denuncia que en gran parte estos sucesos fueron ignorados por el ejecutivo de Felipe Calderón.

Enfrentarse a una pesadilla: Desapariciones en México, documenta 152 casos –HRW denunciaba 149- de personas que fueron presuntamente privadas de libertad por bandas delictivas o detenidas por funcionarios públicos en los últimos seis años y cuyo paradero continúa sin conocerse. De estos casos, la organización cree que hay indicios concluyentes para suponer la participación directa o indirecta de funcionarios públicos en al menos 85, que constituyen desapariciones forzadas en virtud del derecho internacional. El documento añade que en los últimos seis años ha habido solo dos sentencias condenatorias registradas por desaparición forzada en el sistema de justicia federal, y ninguna en los estados. Además, el en el 40% de los casos, nunca se abrió una investigación criminal.

A través de un comunicado, Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México, indica que “estas cifras ponen de manifiesto uno de los principales desafíos de derechos humanos a los que se enfrenta el Gobierno de Enrique Peña Nieto: poner fin a la crisis de las desapariciones, localizar a las víctimas y hacer rendir cuentas a los responsables, con independencia de que sean delincuentes o funcionarios públicos.”

Para el experto los pasos que se han dado hasta ahora por parte del Ejecutivo –publicar datos, reunirse con familiares y prometer la creación de una unidad especial destinada a buscar a los desaparecidos– “son bienvenidas pero insuficientes”. Knox critica que las acciones prometidas por el Gobierno Federal no tengan el “suficiente alcance para abordar la inacción sistemática de las autoridades federales y estatales y la implicación directa o indirecta de funcionarios públicos en desapariciones forzadas”. En esta dirección, el nombramiento de 12 investigadores para la nueva unidad especial de búsquedas, que se encargará de miles de casos, no es una señal convincente del elevado grado de compromiso, recursos y voluntad política necesarios para abordar esta crisis nacional.”

Según denuncia Amnistía Internacional el delito de desaparición forzada existe en el código penal federal y en 13 jurisdicciones de nivel estatal. Un total de 19 estados mexicanos no han establecido aún el delito específico de desaparición forzada, tal y como recomendó la ONU, conforme al derecho y las normas internacionales, tras una visita a México en 2011. Asimismo en 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenía 2.126 casos de desaparición forzada en fase de investigación y había recibido información sobre 15.921 cuerpos no identificados de procuradurías de todo el país. Se desconoce cuántos de estos restos podrían pertenecer a personas desaparecidas debido a la falta de investigaciones forenses exhaustivas.