El fiscal del caso AMIA denuncia la infiltración de Irán en América Latina

El fiscal argentino Alberto Nisman, que investiga desde 2004 el atentado con coche bomba contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el que murieron 85 personas en 1994, sostiene que Argentina solo fue una parte en el cuadro de terror que Irán ha intentado instaurar en Latinoamérica. A lo largo de un informe de 500 páginas, Nisman acusa al régimen iraní no sólo de preparar el atentado de 1994 sino de haber instalado en Sudamérica “estaciones de Inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas”. Esas redes podrían estar operando hoy en día en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam, según las conclusiones del fiscal.

Nisman señala que, antes del antentado, en Argentina se reclutaba en las mezquitas a futuros agentes terroristas y desde la embajada y consejería cultural de Irán en Buenos Aires se les facilitaba cobertura legal. Situaciones similares, según Nisman, “podrían estar ocurriendo en varios países de Centro y Sudamérica”. El fiscal ha emitido copia de su informe a las distintas autoridades de esos países, “ante la eventualidad de que en ellos pudieran estar desplegándose, con distinto grado de desarrollo, actividades de igual tenor a las verificadas en nuestro país tiempo antes del atentado terrorista de 1994”.

En la documentación se menciona las declaraciones que el Procurador Regional de la Primera región de Brasil, Alexandre Camanho de Assis, efectuó a la revista Veja en 2011: “Sin que nadie se dé cuenta, está surgiendo una generación de extremistas islámicos en Brasil”. Y en Paraguay, según Nisman, se ha verificado “la financiación de organizaciones terroristas y la presencia de miembros de Hezbollah, quienes ejercían el comercio legal solo como una fachada para ocultar sus actividades ilegales”.

Nisman señala que el atentado de Buenos Aires no fue “una foto sino parte de una secuencia más amplia”. Y esa secuencia se empezó a rodar, según el fiscal argentino, en 1982 en Teherán, cuando el régimen convocó a 380 clérigos procedentes de 70 países. En ese momento, según Nisman, se acordó la exportación de la revolución iraní “entendida como la penetración cultural, política y religiosa, destinada a expandir una visión radicalizada del islam”. Y se decidió también que esa exportación se realizaría si fuese necesario “de manera violenta y por medio de atentados”.

El fiscal asegura contar con pruebas de que Irán infiltró su red de espionaje en Argentina en 1983 a través del entonces agregado cultural iraní Mohsen Rabbani. Nisman considera que Rabbani fue no sólo un elemento clave en el atentado de Buenos Aires, sino como coordinador de de la operación en Sudamérica.

El fiscal respalda su análisis en “la reiteración de conductas de agentes iraníes verificadas en distintos lugares del mundo”, de las que extrajo “patrones comunes de actuación que permitieron desechar cualquier consideración aislada”. En los casos investigados por Nisman se repite la intervención de líderes religiosos “en terceros países cuya misión es infiltrar, con la ayuda de las embajadas, las mezquitas y los centros culturales, a las comunidades locales y de ese modo construir una estación de inteligencia con capacidad para facilitar y apoyar los actos terroristas que el régimen iraní eventualmente decida perpetrar”.

Bajo ese esquema, las embajadas “cumplían una función protectora, brindando cobertura a sus integrantes y proveyéndoles de inmunidad diplomática”. “Eran el canal ideal para la transmisión de información necesaria y monitoreaban eventuales reacciones del Gobierno local”, añade el dictamen.

El informe llega cuatro meses después de que los Gobiernos de Irán y Argentina firmasen un acuerdo para que una comisión de juristas internacionales investigara el atentado. Las condiciones del acuerdo incluían que fuese validado por los Congresos de ambos países. El Gobierno argentino logró que el Congreso lo validara el pasado febrero, a pesar de que la mayor parte de la oposición votó en contra y la inmensa mayoría de la comunidad judía de Argentina mostró su desacuerdo. En Irán, el presidente Mahmud Ahmadineyad, no se decidió a ratificarlo hasta el pasado lunes 20 de mayo. Y lo hizo sin someterlo al veredicto del Parlamento.