México lanza una unidad para buscar desaparecidos sin jefes ni presupuesto

Ocho días se había dado de plazo el Gobierno mexicano para la creación de un grupo especial de búsqueda de desaparecidos. Cumplió el plazo: la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas existe, efectivamente, desde este lunes 27, aunque solo de nombre. Por ahora no tiene responsable, ni presupuesto, ni sede.

“Vamos a agotar todas las opciones y no esperaremos que la burocracia nos impida el funcionamiento de la unidad”, ha declarado, optimista, el responsable de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), Murillo Karam en la presentación oficial de la unidad. No obstante, la fiscalía reconoce que no tiene una agenda para poner en marcha la agencia. “En breve”, dicen en conversación telefónica. Los integrantes de la unidad son un “primer grupo” de 12 agentes del Ministerio Público Federal que tendrá “el apoyo de un equipo permanente de la Policía Federal”, reza el comunicado oficial. Poco más se sabe hasta ahora.

Aunque todavía en pañales, el nuevo organismo pretende ser una “ventanilla de atención” única que coordinará las labores de búsqueda, ha declarado este lunes Murillo Karam, que se ha reunido ya con “casi todas” las víctimas para atender sus peticiones. El compromiso del Gobierno de Enrique Peña Nieto para crear este organismo especializado salió precisamente de un encuentro entre Murillo Karam y el Secretario de Gobernación -ministro del Interior-, Miguel Ángel Osorio Chong, con un grupo de madres de desaparecidos que mantuvo una huelga de hambre de nueve días ante la fiscalía.

El nuevo organismo forma parte de una amplia red de apoyo a las víctimas de violencia que ha prometido el nuevo Gobierno del PRI para su sexenio. Y es que el problema tiene unas dimensiones dramáticas: durante el mandato de Felipe Calderón (PAN), entre 2006 y 2012, la cifra estimada de personas sin localizar superó los 26.000. El número exacto, de hecho, es otro asunto delicado al que se enfrenta el Ejecutivo. Miguel Ángel Osorio Chong se comprometió la semana pasada, en un encuentro con medios de comunicación internacionales, a presentar en el plazo de dos meses la estadística “real”, así como una lista completa con nombres, apellidos y el lugar y las circunstancias en las que estas personas fueron vistas por última vez. El responsable de Gobernación matizó que la cifra incluye a personas que han huido voluntariamente, y puso de ejemplo cierto Estado, al que no puso nombre, en el que “de 900 casos de supuestos desaparecidos ya habían sido localizados 700”.

Las organizaciones de familiares, y de manera muy destacada el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta mexicano Javier Sicilia, denuncian sin cesar que las investigaciones de personas desaparecidas quedan a menudo abandonadas en tierra de nadie. La mayoría de los Estados no hacen un registro de víctimas, y “desde luego” hasta ahora no funciona nada parecido a un censo nacional, detalla Julio Hernández, abogado del movimiento ciudadano de Sicilia.

La nueva Ley de Víctimas obliga a crear registros unificados, algo que, idealmente, acelerará la comunicación entre las autoridades federales y de los distintos Estados. Hasta ahora, la costumbre era esperar 72 horas antes de iniciar la investigación por una persona desaparecida, un protocolo que las autoridades también han prometido cambiar. “El objetivo es no encontrar solo restos óseos, sino personas vivas”, resume Hernández.