Padres de los 49 muertos en la guardería ABC reclaman justicia a Peña Nieto

El 5 de junio de 2009 México se vio sacudido por la mayor tragedia infantil de su historia. 49 niños menores de cinco años murieron y otros 75 resultaron heridos en el incendio de la guardería ABC, situada en Hermosillo, capital del Estado de Sonora, al norte de la República. Todavía hoy, a punto de cumplirse el cuarto aniversario del suceso, los padres piden al nuevo Gobierno de Peña Nieto que se haga justicia y castiguen a los responsables. Con motivo de la presentación del documental de Pedro Ultreras, ABC nunca más, la asociación Manos Unidas por Nuestros hijos ha solicitado públicamente una reunión con el presidente, quien durante la campaña electoral se comprometió a atender el asunto.

“El Gobierno de México tiene una enorme deuda con nosotros. Hasta ahora la justicia se nos ha negado”, señalaba este lunes Julio Márquez, padre de uno de los desaparecidos y coprotagonista del documental. La cinta relata con absoluta crudeza la historia de dos familias que perdieron a sus hijos en el incendio y que intentan rehacer sus vidas mientras exigen que el suceso no quede impune. “Mi propósito fue utilizar el documental para que los padres continúen en la búsqueda de justicia”, asegura Ultreras.

La inoperancia con la que las autoridades han tratado este caso se refleja en los resultados de la investigación: “De los alrededor de 30 implicados, solo dos, una coordinadora y una supervisora de guardería, están en la cárcel”, denunciaba la organización de padres el pasado mes de abril. Además el imputado de mayor rango, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Arturo Leyva Lizárraga, ha acabado siendo excarcelado por problemas de salud. Ernesto Gándara Camou, presidente municipal cuando sucedió la tragedia es hoy senador, mientras que Abel Murrieta, exprocurador de Justicia del Estado de Sonora, ejerce como diputado local. Pero la lista de incongruencias no termina ahí. Una de las propietarias de la guardería, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, familiar de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Calderón, recibió auto de prisión formal en agosto de 2009, pero no pasó ni una noche en la cárcel. En noviembre de 2010 fue exonerada. Nada les ha sucedido ni al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas (hoy un importante aliado panista del presidente Enrique Peña Nieto), ni al entonces gobernador Eduardo Bours. Tampoco al secretario de Hacienda estatal, Ernesto Vargas Gaytán (en una de las instalaciones de esa dependencia empezó el fuego que luego alcanzó a la guardería, cuando los niños dormían una siesta). Para los tres, los padres exigen cárcel e inhabilitación.

El tema resulta aún tan espinoso que el documental que se estrenará el próximo 24 de mayo en la cineteca nacional del DF no será exhibido en ningún otro Estado del país, tampoco en Sonora. La cinta, que se presentó en noviembre de 2012 en el Festival Internacional de Cine de Manhattan, en Nueva York y se ha proyectado en certámenes de varios países, no ha sido aceptada hasta la fecha en ninguno de los eventos mexicanos.

Este lunes, familiares de los fallecidos han denunciado también que cuentan con pruebas que acreditan que el incendio no fue accidental. Según esta versión, el fuego, que comenzó en una dependencia del Gobierno estatal ubicada a un lado de la guardería, habría sido provocado para destruir documentos relacionados con una deuda de 10.000 millones de pesos generada durante el sexenio de Bours. En conferencia de prensa, una de las madres de las víctimas, Ofelia Vázquez, ha asegurado que la organización entregó el 17 de abril un documento a la Procuraduría General de la República que prueba que la acción fue llevada a cabo por tres personas, entre las que se encontraba Carlos Andrés López Meza, chófer y guardaespaldas del entonces secretario técnico del gobernador, Juan Carlos Lam Félix.

En el momento de la tragedia, las autoridades afirmaron que la guardería cumplía las normas de seguridad, algo que tuvieron que rectificar días después ya que las instalaciones carecían de extintores, salida de emergencia y personal suficiente para el cuidado de los niños. En el techo había un plafón de un material altamente inflamable y tóxico. El IMSS cesó entonces a su delegado en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga. Pero siempre fue visto como apenas un chivo expiatorio.

En marzo de 2010 la comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en las guarderías subrogadas del IMSS –caso de ABC- había un “desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia”. La Corte concluyó su debate en junio de ese año y deslindó del caso tanto al director del instituto como al gobernador Bours. En octubre de 2011 el presidente Calderón firmó el decreto por el cual se expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil, más conocida como “ley 5 de junio”, mediante el cual se generan condiciones y protocolos de seguridad en estas instalaciones tanto públicas como privadas. Pese al avance en la legislación los familiares de las víctimas siguen queriendo que su caso no quede impune. “Es un cinismo total de los políticos. No tienen dignidad para renunciar. Pretenden construir carreras que tienen como base un piso de cadáveres de niños”, describe el documental.