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Una ONG pide a Rousseff que hable de su pasado como torturada

Amnistía Internacional sugiere a la presidenta brasileña que relate su experiencia como militante perseguida durante la dictadura

Juan Arias
La presidenta brasileña Dilma Rousseff.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff.UESLEI MARCELINO (REUTERS)

Al tiempo que la prensa mundial daba la noticia de la muerte de uno de los dictadores más crueles de América Latina, el exgeneral argentino Jorge Rafael Videla, Amnistía Internacional (AI) pedía a la presidenta brasileña Dilma Rousseff que, en el marco del primer año de trabajo de la Comisión de la Verdad, cuente su experiencia como militante torturada durante la dictadura militar y se comprometa ante los brasileños a acabar definitivamente con la tortura.

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“¡Cual no sería el impacto si la presidenta Dilma Rousseff contara su experiencia en público!”, cuestiona el análisis sobre los trabajos de la Comisión de la Verdad que está por concluir sus investigaciones sobre las sombras de la dictadura militar brasileña (1964-1985).

La opinión de AI sobre los trabajos de dicha Comisión —“la última de las 40 creadas en los últimos 30 años”— no es del todo positivo. La ONG hubiese preferido que, por ejemplo, las audiencias públicas con extorturadores se difundieran a través de la televisión y que la presidenta hubiese tenido un papel más protagónico. También critica que Brasil, en relación con otros países, se tardó en crear esta comisión.

Sin embargo, AI reconoce que la Comisión de la Verdad de Brasil ha conseguido resultados positivos, como la revelación de los actos violentos cometidos contra pueblos indígenas o el esclarecimiento del atentado contra el periodista Vladimir Herzog, que reveló que se había tratado de un asesinato y no un suicidio, como indicaba la versión oficial.

Para AI, la Comisión de la Verdad podría ser una “oportunidad única de romper con los patrones de violaciones de los derechos humanos” que, afirma, “aún persisten en muchas instancias del Estado”.

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El problema de la Comisión de la Verdad de Brasil es que ya no pueden ser condenados los torturadores aún vivos ya que, al acabar la dictadura, el Gobierno democrático les concedió una amnistía. Pese a que algunos han tildado de anticonstitucional este acuerdo, bajo el argumento de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, el Supremo brasileño ha fallado a favor de mantenerla.

La Comisión se limita solamente a esclarecer los hechos violentos ocurridos en aquellos años, para consuelo de muchos familiares que aún no saben dónde están los restos de sus seres queridos.

Los militares que están colaborando con el Gobierno se quejan de que la Comisión no ha querido investigar los crímenes cometidos por los grupos de extrema izquierda que querían entonces, según ellos, instaurar en Brasil, una dictadura del proletariado al modo de Cuba, donde muchos de aquellos guerrilleros fueron a entrenarse militarmente.

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