Tres gitanos mueren en una fábrica abandonada en Lyon

Dos mujeres y un niño de 12 años, los tres de etnia romaní, han muerto esta madrugada en el incendio de una fábrica abandonada en la periferia de Lyon, donde se habían refugiado unos 200 gitanos rumanos evacuados por la policía de otro inmueble ocupado. El número de víctimas podría elevarse a siete, según las fuentes policiales, que no han podido aclarar las causas del incendio declarado a medianoche que devoró los dos pisos superiores de la fábrica. Algunos supervivientes han dicho que el origen pudo ser una vela. Las asociaciones de derechos humanos recuerdan que los incendios dolosos y los asaltos de recintos donde acampan gitanos son cada vez más frecuentes en los últimos meses.

El ministro del Interior, Manuel Valls, que se encontraba en Lyon para lanzar un nuevo programa de seguridad ciudadana, ha visitado por la mañana el lugar del suceso y ha expresado su “sentimiento de profunda tristeza”. Valls ha afirmado que el incendio demuestra que “los inmuebles ocupados y los campamentos que son realmente peligrosos para sus propios ocupantes y para sus vecinos deben ser desmantelados”.

La versión de las ONG es la contraria. Según los activistas, la tragedia “es un síntoma de la política del prefecto regional (delegado del Gobierno), que se niega a aplicar la circular que prevé supervisar las condiciones médicas, sociales y de seguridad (de los recintos). Su única respuesta es expulsar a los ocupas y acampados, lo que agrava cada día un poco más la situación”.

La ministra de Justicia, Christine Taubira, también ha visitado las ruinas quemadas y ha defendido la política de Interior aunque ha señalado que hay que encontrar “una solución digna y eficaz”. Según Taubira, la respuesta al “multisecular problema de los gitanos" depende "del conjunto de la Unión Europea”.

Irónicamente, el Consejo de Europa ha condenado numerosas veces a Francia por sus desmanes con la comunidad romaní. Desde 2007, 12 miembros de la Unión Europea —entre ellos, España—, destinan parte de los fondos estructurales y de cohesión a la integración de los gitanos. Francia no está entre esos países y nunca ha mostrado el menor interés en sumarse al club EuROMA.

Según las estimaciones del Centro Europeo para los Derechos de los Romaníes (ERRC), en Francia viven en este momento unos 20.000 gitanos rumanos y búlgaros. El presidente socialista, François Hollande, prometió en su campaña electoral que no habría más expulsiones de masa y que estas se harían “caso por caso”. Pero, en el último año Valls, ha decretado la expulsión de 12.407 gitanos, según la Asociación Europea para la Defensa de los Derechos Humanos (AEDDH). En 2011, su antecesor, el conservador Claude Guéant, expulsó a 11.000.

En enero pasado, Interior decidió suprimir el programa de “regresos voluntarios”, y Francia dejó de abonar los 300 euros por adulto y 100 euros por niño que daba a los gitanos que devolvía a sus países. Para evitar el efecto llamada que provocaba aquella medida, las autoridades galas redujeron la tarifa a 50 euros. Al mismo tiempo, las destrucciones de campamentos se han multiplicado.

Un informe firmado por Philippe Goossens, miembro de la AEDDH, en el primer trimestre del año, publica que 4.153 gitanos se vieron obligados a abandonar sus precarios hogares. De ellos, 2.873 fueron evacuados a la fuerza por la policía, y 1.007 lo hicieron a raíz de asaltos o incendios. Pero solo 272 fueron repatriados. Pese a la acumulación de incidentes violentos, no hay constancia de que se hayan producido arrestos.

Gilberte Renard, militante de la Liga de los Derechos Humanos en Lyon, ha indicado que en la fábrica incendiada vivían unas 200 personas, entre ellas “muchas mujeres y niños de corta edad”. La delegación del Gobierno ha albergado a unas 150 personas en un gimnasio cercano a la fábrica y ha enviado equipos de médicos y psicólogos.

El Frente Nacional ha aprovechado la tragedia para atizar la xenofobia. Louis Aliot, vicepresidente del partido de ultraderecha, ha dicho que “el siniestro se debe al drama de la inmigración sin control”, y ha pedido “el desmantelamiento de los campamentos de gitanos y su expulsión inmediata por razones de seguridad sanitaria y social”.