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ANÁLISIS

El general que no sabía nada

El Estado centroamericano no existe todavía, pero la condena a Ríos Montt podría ser una primera piedra

La justicia guatemalteca es parsimoniosa y contradictoria, pero la condena a 80 años del exjefe del Estado, golpista y general Efraín Ríos Montt, de 86 años, por, entre otros, el delito de genocidio, puede merecer el carácter de hito histórico.

Las acciones judiciales se iniciaron en 1999 cuando la Asociación Justicia y Reconciliación denunció ante la fiscalía al general por la matanza de 1.711 indios ixiles en el departamento de Quiché, en el periodo 1982-83. Pero Ríos Montt gozaba entonces de inmunidad por su condición de diputado, al tiempo que una lluvia de recursos convertía el caso en una maraña legal virtualmente inextricable.

El 14 de enero de 2012 el militar dejaba de ser diputado, perdiendo así el privilegio de aforado. Una jueza ordenaba días más tarde su procesamiento y arresto domiciliario, y el pasado 28 de enero disponía que el encausado fuera a juicio. El 19 de marzo comenzaba la vista, que era, sin embargo, suspendida el 18 de abril y anuladas todas las actuaciones, de forma que en un vericueto de legalidades que desafían la comprensión del mundo exterior, el proceso se reanudaba esta semana como si nada hubiera pasado, y se condenaba al exjefe del Estado. Ríos Montt se encuentra hoy en prisión preventiva en el cuartel de Matamoros, y su equipo de abogados ya había anunciado, antes de conocerse el fallo, que apelaría en una batalla jurídica que parece lejos de concluida.

Pero el fallo es histórico porque se trata de la primera vez que en un procedimiento de esta gravedad representantes de etnias indígenas han podido hacerse oír de un alto tribunal y declarar contra el presidente, bajo cuyo mandato se produjo el exterminio. Y por muy profesional que pueda ser la batería de juristas que ha defendido al genocida, no ha habido testigo más incriminatorio contra sí mismo que el propio acusado. Ríos Montt asegura que tenía menos conocimiento y poder real que cualquier militar incluso de baja graduación. El presidente era comandante en jefe del Ejército, pero, según sus palabras, solo podía “ordenar la recluta, imponer condecoraciones y dar pensiones”. El verdadero responsable de lo sucedido era, por tanto, “el jefe del Estado Mayor de la Defensa”, que jamás le pasaba “informes de ninguna naturaleza”. El general golpista “no era comandante de compañía, ni jefe de batallón, ni comandante de zona; era jefe de Estado”. Y en su declaración probablemente más sincera y acertada, añadía que el embajador de Estados Unidos “tenía más información que él”, puesto que se operaba “pagados con dinero americano; eso es como una prostituta”. En su defensa, desarrollada con vigor impropio de un anciano, el general concluía que se había visto prácticamente forzado a aceptar el cargo por sus subalternos, lo que hizo únicamente por sentido del deber.

El presidente, también exgeneral, Otto Pérez Molina, cuyo nombre ha sonado estas semanas en relación con asechanzas criminales del Ejército, ha prometido aceptar un fallo con el que posiblemente el establishment guatemalteco lo que quiere es hacer borrón y cuenta nueva. El Estado centroamericano no existe todavía. La condena de Ríos Montt podría ser, sin embargo, una primera piedra.