Ríos Montt rompe su silencio en la recta final del juicio: “No soy un genocida”

En la recta final del juicio que se le sigue por genocidio y delitos de lesa humanidad, el general retirado Efraín Ríos Montt, quien gobernó este país con mano de hierro entre marzo de 1982 y agosto de 1983, rompió su silencio para pregonar su inocencia. El viejo militar descargó la responsabilidad en su viceministro y en los oficiales con mando en la zona de combate, para asegurar que su actuación en la jefatura del Estado se desarrolló, fundamentalmente, en el campo político.

Ríos recordó que al momento de acceder al poder, Guatemala era un país paria en el concierto internacional. El aislamiento era absoluto, sobre todo después del salvaje asalto a la Embajada de España, el 31 de enero de 1980, bajo el gobierno de Fernando Romeo Lucas García, considerado uno de los militares más sangrientos de la represión militar.

“Soy y me declaro inocente”, dijo Ríos Montt con un tono de voz que hizo recordar sus moralizantes mensajes dominicales en cadena nacional de radio y televisión. Nunca he tenido la intención de destruir a ninguna raza”, dijo para recordar que, hasta su gobierno, los pueblos indios nunca habían tenido una representación en el Consejo de Estado. Hizo énfasis en su preocupación por impulsar el concepto de “guatemalidad”, que nos ayudara a encontrar los puntos de convergencia en esta “nación de naciones”.

“Nunca autoricé, nunca firmé, nunca ordené que se atentara contra una raza, etnia o grupo religioso”, insistió, para añadir que de todo lo discutido en el juicio no hay una sola prueba incriminatoria en su contra.

El general Ríos sólo declaró después de que la Fiscalía había emitido sus conclusiones, extremo que le permitió no quedar sujeto a interrogatorios.

La sentencia, sea cual fuere, será recurrida por las partes, lo que alargará unas cuantas semanas el desenlace de un proceso conocido en Guatemala como “el juicio del siglo”.

En cualquier caso, el hecho de sentar a Ríos Montt en el banquillo de los acusados puso en alerta a los sectores más recalcitrantes de la extrema derecha, para quienes una condena por genocidio a Ríos Montt, implicaría una reaparición de la violencia política en Guatemala. “Es un temor fundamentado por varias circunstancias. La primera, que afecta a un número importante de oficiales, tanto retirados como en activo”, dijo a EL PAÍS el sociólogo Gustavo Porras, quien en 1996 firmara la paz con la guerrilla en representación del gobierno conservador de Álvaro Arzú.

De acuerdo a Porras, el temor de la oficialidad radica en que si se aplica el principio de la línea de mando, toda la escala jerárquica puede ser afectada. Ello, en un Ejército con un sentimiento corporativo muy acentuado y dolido por la forma en que el gobierno empresarial de Óscar Berger (2004-2008) lo redujo mucho más allá de lo establecido en los Acuerdos de Paz.

Este sentimiento se agudizó a partir de que un testigo protegido de la fiscalía acusara directamente al actual presidente, Otto Pérez, de ordenar masacres contra población civil desarmada. Para Porras, esto constituye una amenaza directa a la institucionalidad del país, en un momento político particularmente conflictivo, con el prestigio del Estado por los suelos. A la denuncia por genocidio al Presidente, se suman reiterados señalamientos a la vicepresidente, Roxana Baldetti, de vínculos con mafias del narcotráfico y del lavado de dinero.

Esta tesis es rechazada por analistas como Héctor Rosada, quien señala que el juicio no es a una institución, sino a personas concretas. “No hay ninguna intención de llevar el juicio más allá”, asegura.

En esta dirección abunda en historiador Manolo Vela Castañeda, quien en un análisis publicado el domingo en el matutino local elPeriódico subraya: “el juicio contra Ríos Montt y su jefe de inteligencia no es un juicio contra el Estado de Guatemala. Es un juicio a dos seres humanos a quienes las circunstancias (…) colocaron, entre 1982 y 1983, en una posición desde donde tomaron decisiones, individuales (…) Eso es lo que se juzga. Individuos y decisiones (…) No se juzga a los guatemaltecos ni al Estado…”.

Esta circunstancia ha sido aprovechada por los sectores más radicales de la derecha guatemalteca. En una publicación de 20 páginas tamaño tabloide, difundida con profusión durante el fin de semana, la llamada Fundación contra el Terrorismo señala el juicio por terrorismo contra Ríos como una “farsa” y una “conspiración marxista desde la Iglesia católica”, lo que da nueva vida a los tópicos que el la década de los Ochenta sirvieron de excusa para todo tipo de atropellos, mientras vuele a cebarse contra los “enemigos” de siempre, entre ellos la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, intelectuales de izquierda, o sacerdotes como el obispo Álvaro Ramazzini, cuyo “delito” es su firme compromiso por la justicia social en favor del campesinado de sus paupérrimas diócesis en el altiplano indígena.