Nuevo León, ¿de zona roja a modelo de depuración policial?

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, tiene un modelo policial en mente para renovar los cuerpos de seguridad estatales de todo el país: Fuerza Civil, la agencia que el Estado de Nuevo León lleva más de año y medio construyendo después de someter a exámenes de confianza a su anterior policía estatal y demolerla casi por completo en vista de sus nefastos resultados: 4.000 agentes pasaron por el test y solo aprobaron 800.

Destruido ese cuerpo de policía, Nuevo León, un lugar que por entonces, a mediados de 2011, estaba en una encrucijada inédita de narcoviolencia y de impotencia institucional, optó por montar desde cero una nueva agencia estatal de seguridad basada en dos principios: establecer controles de confianza en el proceso de formación de los policías y darles un sueldo y unas condiciones que hiciesen más deseable una vida estable como agente honesto que una aventura impredecible como agente corrupto.

Fuerza Civil ofrece un sueldo base mensual de unos 15.000 pesos, alrededor de 1.200 dólares. Según el portavoz de seguridad de Nuevo León, Jorge Domene, que concedió una entrevista al respecto a EL PAÍS en Monterrey, capital de este Estado del noreste de México, el sueldo de los anteriores agentes estatales rondaba los 7.000 u 8.000 pesos. “El policía era fácilmente corrompible”, afirmó Domene. Al sueldo se añadieron otros beneficios, como seguro de vida, escuela gratis para los hijos, cobertura médica y una vivienda gratuita –cedida, no en propiedad- en un lugar vallado y bautizado con el nombre tan poco entrañable de Ciudad Policial.

Este lunes el Gobierno federal dio el primer paso claro para implantar en todo el país partes del modelo de Nuevo León. En un acto en el Estado de Campeche, suroeste de México, Peña Nieto anunció que ha puesto en marcha el Programa Nacional de Vivienda para Elementos de Seguridad Pública, dirigido, según palabras del presidente, a los “buenos elementos” que aprueben exámenes de confianza.

Nuevo León abrió los ojos al problema de la corruptibilidad de su policía cuando la violencia estalló entre 2010 y 2011. El director del diario Milenio de Monterrey, Luis Petersen, explica que tres o cuatro años antes las autoridades vivían ciegas a la degradación de las fuerzas del orden locales. “La ciudad era un paraíso de seguridad. Aquí no pasaba nada, pero se descuidaron. Nadie se imaginaba que sus propias corporaciones municipales y estatales estuvieran a tal grado infiltradas”. Cuando Nuevo León reventó por la lucha a muerte entre el cartel del Golfo y el cartel de Los Zetas, la vulnerabilidad de las policías municipales y de la policía estatal ante el poder de las mafias quedó al desnudo. “Estaban mal pagados”, dice Petersen. “Sometidos a la ley de plata o plomo”. Aceptas mi dinero o eres mi enemigo.

Fuerza Civil y la pacificación de Nuevo León

En ese momento de crisis, cuyo auge fue el mes de julio de 2011, en el que hubo 210 asesinatos vinculados a los carteles, según datos del Gobierno estatal, se puso en marcha Fuerza Civil, y desde entonces hasta ahora el problema se ha ido rebajando de forma significativa. En 2011 hubo 1.701 homicidios relacionados con el crimen organizado y en 2012, 1.184, un 30% menos. De todos modos este descenso no se puede atribuir únicamente al cambio de una policía por otra.

Hubo otros factores. Uno obvio, el despliegue del Ejército y de la Marina por las calles y por las carreteras de Nuevo León, además de la actuación de la Policía Federal. Otro posible factor sería que uno de los dos carteles en lucha se hubiese impuesto al otro y lo hubiese ido expulsado de la zona. Domene descarta esta hipótesis causal. Un politólogo de Nuevo León consultado por este periódico, Miguel B. Treviño, razona que de lo que ocurre en el lado de los criminales solo se puede especular, y que los cambios policiales, sin embargo, son un hecho que en mayor o menor medida han tenido que influir en la mejoría de la situación. “Podemos decir que Fuerza Civil es una policía razonablemente más confiable que la que teníamos, y hay municipios que también han hecho un esfuerzo de reclutamiento y de depuración”. Actualmente, con todo, existen en Nuevo León 14 municipios en los que no hay ni un solo agente municipal –por cuestiones relacionadas a la ley susodicha del plomo o la plata- y en los que la seguridad depende de fuerzas del orden estatales o nacionales.

Uno de esos regidores que tienen carencia de policías locales es Homar Almaguer, alcalde de Santiago. Este municipio tiene 40.000 habitantes. De acuerdo con la proporción recomendada de policías por habitante, Santiago debería tener unos 100 agentes. Pero tiene 19. Por el día solo tiene a dos patrullando. Por la noche a cuatro. Cobran 12.000 pesos al mes. Homar Almaguer es consciente de que no es un sueldo que garantice la incorruptibilidad de sus hombres. “No puedes tener héroes por 12.000 pesos”, dice. El alcalde quisiera tener más policías, pero asegura que no tiene dinero para ello.

Quien niega que la acción del nuevo cuerpo estatal de policía tenga relación directa con el fin de las continuas masacres del bienio rojo 2010-2011 es Mauricio Fernández Garza, alcalde hasta hace unos meses de San Pedro Garza García, un municipio de la zona metropolitana de Monterrey que es el más rico de México y el más seguro de la región. Fernández Garza, miembro de una adinerada familia de industriales, blindó su territorio con 500 policías para 100.000 habitantes, creó un grupo de inteligencia local que compraba a informantes pistas para combatir a los criminales y logró mantener en paz su feudo mientras afuera llovían balas. La sombra que se ha cernido sobre su mandato es la de la supuesta existencia de un grupo de combate a su servicio que hacía la guerra al narco al margen de la ley. Ahora, fuera de la alcaldía, él opina que la pacificación que ha experimentado Nuevo León se debe a una coyuntura menos belicosa en el mundo del crimen organizado. “El tema de los muertos no está bajo control del gobierno. Se me hace petulante que lo digan. Ellos no tienen el equipo ni el dinero ni las infraestructuras necesarias. Ahora las cosas están mejor por obra y gracia de otras circunstancias”, dice el exalcalde aludiendo a lo que supone: que la violencia ha bajado porque la lucha entre carteles se ha atenuado. Fernando Chinchilla, politólogo de la Universidad de Monterrey, tampoco cree que se pueda dar por sentada una relación “causa-efecto” entre la aparición de Fuerza Civil y la bajada del crimen: “La evolución de la violencia no tiene por qué estar ligada a las tácticas de represión que se utilicen”, sostiene Chinchilla.

Actualmente Fuerza Civil tiene 2.200 agentes en servicio y espera acabar 2013 con 3.500. El Gobierno del Estado aspira a terminar su mandato en 2015 con 7.000 miembros en activo, y que al hilo del aumento del cuerpo estatal vaya disminuyendo la presencia del Ejército y de la Marina, dos poderes que seguramente han contribuido a eliminar factores de violencia en Nuevo León, pero a los que se le achaca haberse empleado como en una guerra, sin mirar mucho por donde pisaban.

La hermana Consuelo Morales, líder de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, una ONG neoleonesa, presenta en su oficina de Monterrey a EL PAÍS sus datos sobre personas a las que supuestamente hicieron desaparecer miembros de las fuerzas del orden o de grupos criminales, lo que se conoce con el frío y burocrático nombre de desapariciones forzadas: 1.048 entre 2009 y 2013, según el registro de su asociación. La hermana Consuelo, que en una pared de su oficina tiene un cuadro de Juana Inés de la Cruz y en la de enfrente una hoja con estadísticas de desaparecidos, dice que sus datos se quedan cortos porque, según sus estimaciones, más de la mitad de las desapariciones forzadas no se denuncian. Con todo, advierte de que la lucha por los derechos humanos en Nuevo León ha avanzado. En 2012 lograron que la justicia estatal reconociese la desaparición forzada como un tipo específico de delito, y en los últimos tiempos, según dice, han conseguido que la fiscalía de Nuevo León y su Gobierno colaboren con ellos en el esclarecimiento de los casos de desapariciones. La religiosa cree que la zona vive ya con “un poco más de calma”, aunque piensa que todavía no se pueden tener certezas sobre el futuro de la lucha contra el crimen en Nuevo León. La hermana Consuelo, en realidad, solo tiene certezas sobre el pasado: “Aquí se ha conseguido paz, pero es la paz de los cementerios”.