La liberación de la rectoría de la UNAM deja un amargo sabor

La salida en la mañana de este miércoles de los quince encapuchados que desde el 19 de abril habían tomado la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México supone un respiro para la institución y su máximo responsable, José Narro, pero no es en ningún caso la solución al conflicto. El allanamiento ha concluido con nula certeza de que actos violentos como este no volverán a pasar.

"Entiendo que tenemos que ver hacia adelante, que si lo que se ha pedido es diálogo, diálogo tiene que haber, pero un diálogo de universitarios, diálogo entre gente identificada, en donde prevalezca el argumento, la información y el más amplio debate al respecto de los asuntos que preocupan", aseguraba el rector horas después de que los estudiantes abandonaran las instalaciones. En el último documento entregado en la noche del martes a los encapuchados, el abogado de la  Universidad ofrecía crear una mesa de diálogo que incluía a los manifestantes.

La noche del viernes 19 de abril un grupo de 15 jóvenes con los rostros cubiertos, identificados como alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan, un centro de bachillerato adscrito a la Universidad, irrumpió en las instalaciones a golpe de machete y secuestró el edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, consiguiendo paralizar la actividad administrativa de la institución durante 13 días. Pedían entonces la readmisión de cinco compañeros que habían sido expulsados en febrero tras agredir a varios trabajadores del centro de estudios después de que estos impidieran la entrada a un estudiante borracho. A esta reivindicación primera se sumaba la revisión de la reforma educativa que afecta a los colegios.

Durante la madrugada de este miércoles varios estudiantes instalados en las inmediaciones de la rectoría en apoyo a los encapuchados, decidieron levantar el campamento. Así, a primera hora de la mañana los asaltantes abandonaban el edificio aceptando la propuesta de la UNAM, con quien se sentarán a hablar el próximo 9 de mayo.

Desde que fue tomada la Universidad, el rector optó por denunciar ante las autoridades federales la toma violenta del edificio y pedir el desalojo de los encapuchados “sin ninguna condición previa”. Sin embargo, aseguró que agotaría todas las vías antes de permitir que la policía federal entrase en el inmueble, una actuación, que en última instancia, dependía de la Procuraduría (fiscalía) General de la República. Según el profesor Manuel Gil, del centro de estudios sociológicos del Colegio de México, se quería evitar una toma violenta que mostrara al mundo la imagen de un Estado represivo y que sirviese para convertir a los encapuchados en mártires, como sucedió en el 68 con la brutal matanza de Tlatelolco. “Los mexicanos ya no sabes distinguir entre una intervención lógica y un acto de autoritarismo desmedido”. En su opinión, lo que era hasta el momento un movimiento minoritario y separado del estudiantil –el viernes pasado tan solo un centenar de personas participaron en la marcha por Ciudad Universitaria en apoyo de este grupo- podría extenderse a todo el campus.

En paralelo al problema en la UNAM, durante las últimas semanas se recrudecían las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Guerrero, donde tras la aprobación de la reforma educativa, grupos de encapuchados incendiaron las sedes de los partidos políticos en Chilpancingo, la capital del Estado. Días antes, habían tomado la Asamblea Legislativa y bloqueado carreteras. Pronto estudiantes de la UNAM afines a la protesta de la rectoría anunciaron públicamente su apoyo a los maestros y declararon que se unirían a sus marchas el 1 de mayo.

No es esta la primera vez que la UNAM es secuestrada por los estudiantes. En el año 2000 y tras diez meses de huelga, la policía se vio obligada a desalojar a 700 paristas que protestaban por la modificación del Reglamento General de Pagos. A lo largo de 2013 la UNAM ha sido víctima de un total de seis ataques. Los atentados contra el personal y los edificios comenzaron el 1 de febrero. Ese día siete trabajadores del CCH Naucalpan fueron agredidos cuando impedían la entrada al centro de un estudiante en estado de ebriedad. El día 5 del mismo mes, un supuesto grupo de estudiantes lanzaba piedras, petardos y cócteles molotov contra el edificio. Hubo diez detenidos. En la jornada del día siguiente los activistas protagonizaron una marcha hacia la Dirección General del CCH en Ciudad Universitaria. Con el rostro cubierto y unidos en fila empujaron a los funcionarios y académicos y rompieron los vidrios para tomar las instalaciones, exigiendo la readmisión de los expulsados. Tardaron casi tres días en comenzar a negociar con el centro. Dos meses más tarde, en la madrugada del 2 de abril, otro grupo de encapuchados tomó durante seis horas el edificio de Preparatoria 6 de la Universidad, colocando barricadas en los accesos principales para evitar la entrada del personal. En este caso exigían estacionamiento para bicicletas, servicio médico, acceso libre a las canchas y la retirada de las cámaras de vigilancia. Dos días después 20 jóvenes lanzaban piedras contra el plantel 5 de la escuela José Vasconcelos.

Este martes la Universidad recordaba en el documento entregado al grupo de jóvenes todavía en la torre de la rectoría que las personas sancionadas por parte del Tribunal Universitario tendrían “garantizados sus derechos para interponer los recursos que la Legislación Universitaria prevé, así como otros recursos legales ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación". En nueve días el rector se sentará a hablar con personas que aún no se han descubierto el rostro, aunque Narro exija verles las caras como condición para dialogar. La pregunta es qué ley ha sido la que ha imperado hasta ahora en el intento de encarrilar un conflicto, uno más de los que enfrenta el Gobierno de Peña Nieto al inicio de su mandato, y cuánto más deberá ceder la autoridad para no hacer de la universidad las trincheras de ninguna guerra.