Argentina discute la reforma judicial que impulsa Fernández

Cristina Fernández de Kirchner dice que quiere democratizar la justicia. La oposición sostiene que la presidenta de Argentina pretende acabar con la independencia de ese poder del Estado. En un país que ha juzgado los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar (1976-1983), pero donde quedan muchos delitos impunes, la discusión sobre la reforma judicial que planteó Fernández hace dos semanas está encendida. Este miércoles ambas cámaras del Congreso, dominadas por el kirchnerismo, debatirán cinco de los seis proyectos de ley en que consiste la reforma y mañana jueves todas las principales fuerzas de la fragmentada oposición participarán de una marcha convocada por las redes sociales en contra de la jefa de Estado y en la que la reforma judicial se convertirá en una de las principales reclamaciones.

Los deseos de la presidenta de Argentina de reformar el Poder Judicial comenzaron en diciembre pasado, cuando un tribunal de segunda instancia prolongó la medida cautelar que ha suspendido desde 2009 la vigencia de dos artículos de la ley de medios audiovisuales que perjudican sobre todo al principal grupo de comunicación de este país, Clarín. Precisamente, uno de los seis proyectos de ley que impulsa Fernández implica que los jueces no puedan prolongar por más de medio año las medidas cautelares contra normas del Gobierno y que antes de ese periodo deban fallar sobre la cuestión de fondo de la causa. Esta iniciativa recibió críticas de colectivos cercanos al kirchnerismo, como Justicia Legítima, que agrupa a los jueces, fiscales y abogados que defienden la reforma, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, que advirtieron de que las medidas cautelares muchas veces defienden a los sectores más vulnerables de la población y por eso sugirieron que se la modificara para que se los excluyera de la limitación. Dada esta controversia, el Gobierno retrasará una semana la discusión de este proyecto.

El Senado, en cambio, debatirá este miércoles otras dos iniciativas polémicas. Una es la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura (el organismo que seleccione y remueve jueces, equivalente al Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, de España). Hasta ahora, sus miembros son elegidos por el Congreso, el Ejecutivo, las asociaciones de jueces y abogados y los rectores de las universidades públicas. Con la reforma, los representantes de los jueces, abogados y académicos serán votados en las elecciones generales como candidatos de los distintos partidos políticos. La otra reforma discutida consiste en la creación de tres tribunales de tercera instancia, que intervendrán en las causas antes que lo haga la Corte Suprema.

“No a la kirchnerización de la justicia”, fue el lema de una manifestación de dirigentes opositores este martes ante el Palacio de Tribunales. Allí se congregaron líderes de la Unión Cívica Radical (UCR), el peronismo antikirchnerista y la conservadora Propuesta Republicana (PRO), además de algunos legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP).

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional alertó el pasado lunes sobre un posible cercenamiento de su independencia. La Iglesia católica, en su primera crítica al Gobierno desde el nombramiento del papa Francisco, advirtió el martes de que un debate apresurado de la reforma, como el que plantea el kirchnerismo, puede “debilitar la democracia”.

En cambio, el exjuez español Baltasar Garzón, actual asesor de la Cámara de Diputados de Argentina, declaró a El País que “en líneas generales la reforma parece necesaria”. “No entiendo cómo la oposición y algunos organismos se alinean con la corporación judicial, con que los miembros del Poder Judicial no paguen impuesto a la renta (como hasta ahora), con la falta de elección democrática de los integrantes del Consejo de la Magistratura o que éste no controle el presupuesto de la justicia (de momento lo hace la Corte Suprema). No veo comprometida la independencia judicial”, dijo Garzón, que destacó la flexibilidad del Gobierno para modificar su proyecto sobre medidas cautelares, aunque criticó que los candidatos al órgano de gobierno de los jueces deban postulares por medios de los partidos. “Tendrían que permitirse candidaturas no solo a través de los partidos sino individuales o a través de otros colectivos”, propuso el exjuez.

El debate ocurre la misma semana en que un programa de Canal 13, de Clarín, denunció que un empresario cercano al expresidente Néstor Kirchner, Lázaro Báez, fugó 55 millones de euros a paraísos fiscales. Según la investigación, que ya ha sido presentada en la justicia, el fallecido Kirchner habría estado al tanto de la operación y sería socio de Báez.