Las amenazas del crimen organizado acorralan a las empresas de Michoacán

La violencia no deja tranquilo al Estado de Michoacán (occidente de México). Las empresas son el último objetivo del crimen organizado, que ahora ha prohibido la distribución de refrescos, agua y cerveza a varias localidades bajo amenaza de quemar los camiones.

Un comunicado, firmado por el cártel de Los Caballeros Templarios, advierte “de la manera más atenta” a empresas como Bimbo y Sabritas, distribuidoras de gas, teléfono y agua, entre otras, del veto de distribución, que durará entre 15 y 20 días y afectará al municipio de Tepalcatepec, Buenavista y a la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como ‘La Ruana’. No da más explicaciones. “Donde sí pueden seguir sus rutinas son: Aguililla, Santa Ana y Apatzingan”, precisa el texto, cedido a EL PAÍS por la agencia michoacana Quadratín. “Muchas gracias por su apoyo y comprensión”, agrega el comunicado.

No es la primera vez que las empresas reciben presiones de este tipo. En mayo del 2012, varias instalaciones de Sabritas fueron incendiadas en Michoacán y en el Estado colindante de Guanajuato. Los autores argumentaron entonces que la empresa cedía camiones al Ejército mexicano.

Michoacán se ha convertido en el principal foco de violencia de México, según ha reconocido recientemente el jefe de la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam. La semana pasada el Estado sufrió la jornada más violenta del año, con catorce muertos, entre ellos una decena de trabajadores agrícolas que regresaban de pedirle al Gobierno medidas de protección ante la inseguridad.

Mientras tanto, y en medio de las protestas de los maestros del Estado contra la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, anunció que se ausentará de sus funciones entre 60 y 90 días para someterse a una intervención quirúrgica. El priista padece problemas de salud desde hace meses pero no ha querido reconocer cuáles. Su equipo de comunicación se ha limitado a precisar que no se trata de una enfermedad terminal ni degenerativa. El mando quedará ahora en manos de un gobernador interino, que debe decidirse en una votación del Congreso estatal.