Colombia devuelve tierras a los campesinos despojados por paramilitares

Tras 20 años de desplazamiento y despojo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, encabezaron este miércoles un acto simbólico en zona rural de Montería, en el norteño departamento de Córdoba –epicentro del paramilitarismo y del conflicto armado en Colombia–, en el que le devolvieron a 60 familias campesinas las tierras que les fueron arrebatadas por grupos armados.

En Colombia se calcula que más de 6,6 millones de hectáreas fueron usurpadas como consecuencia de la violencia en las últimas dos décadas, en un país en el que el 1,5% de los propietarios tiene el 52% de la tierra que se puede cultivar, según los analistas del tema agrario.

En este caso, los responsables del despojo fueron los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, un clan de narcos y paramilitares, quienes le habían donado, supuestamente, estas fincas a cientos de familias campesinas en 1991, como parte de lo que ellos llamaron un plan de pacificación del departamento de Córdoba.

Este acto tiene una gran significación para el país, porque la justicia confirma que este clan paramilitar, que creó la tenebrosa Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, usó su máquina de guerra para acumular tierras y despojar a cientos de campesinos con el uso de la violencia.

Estos paramilitares, quienes tenían nexos con narcotraficantes y se habían convertido en una banda de justicia privada en la región que cometió masacres y desapariciones, hicieron una falsa desmovilización en 1991 y promovieron en el norte del país el supuesto plan de pacificación de la región del Urabá antioqueño y cordobés, una zona de grandes plantaciones bananeras y también epicentro del conflicto armado y del narcotráfico del Cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar.

Los Castaño vendieron al país que, como parte de su desmovilización, harían una reforma agraria a través de una fundación por la paz de Córdoba, llamada Funpazcor, a través de la que entregaron miles de hectáreas de tierra a campesinos pobres, pero que según se ha conocido por investigaciones de la justicia no era más que una farsa para mantener el control de la región. Fue así como a los campesinos que les donaron las tierras, les incluyeron en las escrituras extrañas cláusulas que limitaban la forma en la que usarían las fincas, entre las que estaban que nunca podrían venderlas.

Sin embargo, pocos años después, tras la muerte del patriarca Fidel, sus hermanos decidieron deshacer las donaciones y despojar a los campesinos de las parcelas. A algunos de los que se opusieron, les ordenaron vender sus tierras a testaferros tras quemar sus propiedades y amenazarlos.

Estas tierras fueron revendidas por los paramilitares a personas cercanas a ellos, pero, tras la desmovilización en 2006 de la llamada ‘Casa Castaño’ y el proceso de restitución de tierras que se inició con la sanción de la Ley de Víctimas en 2012, los campesinos que fueron despojados por la violencia paramilitar solicitaron a jueces agrarios su devolución.

En tres sentencias expedidas a lo largo de este año, un juez de restitución de tierras de Antioquia, tras comprobar que las ventas que se efectuaron sobre estos terrenos se hicieron bajo presión, ordenó al Estado devolverles a las 60 familias víctimas de los hermanos Castaño, 272 hectáreas de tierras que se concentran en la finca Santa Paula, así como los respectivos títulos que los acreditan como los legítimos dueños. Estas familias recibieron cerca de 360.000 euros para la construcción de sus viviendas en los predios recuperados y otro tanto para financiar proyectos productivos.

A la fecha, en el país hay más de 1.500 demandas de restitución de tierras y en casi seis meses que lleva funcionando esta nueva jurisdicción civil se han fallado 41 de ellas a favor de campesinos que han sido despojados de sus propiedades por grupos paramilitares y guerrilleros.

Sin embargo, muchas de estas sentencias no han podido ser ejecutadas porque en el país varios de estos reclamantes de tierras han sido amenazados o asesinados por los grupos que aun mantienen control sobre territorios como Córdoba, en donde delinquen las llamadas bandas criminales – herederos de los paramilitares- y las guerrillas como las FARC. La última víctima, Éver Cordero, fue asesinado el martes en la noche. Por rechazo a este hecho, 46 líderes de víctimas y reclamantes de tierras en la región, decidieron no acompañar la entrega de las parcelas en Santa Paula.