Cristina Fernández propone que la cúpula de los jueces se elija por voto popular

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este lunes los seis proyectos de ley para concretar su ya anunciada “democratización” del Poder Judicial. Las iniciativas prevén la elección por el voto popular de parte de los integrantes del Consejo de la Magistratura (equivalente al Consejo General del Poder Judicial español; está encargado de seleccionar y destituir a los jueces), límites a las medidas cautelares para suspender normas del Estado, el ingreso a la carrera judicial a través de oposiciones, la publicidad de los actos de la justicia y de los patrimonios de sus miembros y la creación de tres tribunales de tercera instancia.

La jefa de Estado había invitado a los legisladores de la oposición a la presentación de los proyectos en un acto en el Museo del Bicentenario, pero ninguno de ellos asistió en señal de rechazo a lo que la presidenta ya había adelantado el pasado 1 de marzo en el Congreso. El peronismo kirchnerista y sus aliados dominan ambas cámaras del Parlamento, con lo que resulta probable que la reforma judicial se apruebe.

“Esto propone la participación de la ciudadanía de manera tal que tanto jueces, como abogados y académicos del Consejo de la Magistratura sean elegidos en base al artículo 38 de la Constitución Nacional, que consagra los partidos políticos como el único camino por el cual se debe ejercer la democracia. No es politización de la Justicia", dijo Fernández. En la actualidad, el Consejo de la Magistratura está compuesto por tres jueces elegidos entre ellos, tres senadores y tres diputados seleccionados por el Congreso, dos abogados votados por los colectivos profesionales, un representante del Ejecutivo y un académico escogido por el Consejo Interuniversitario Nacional. Con la reforma, se ampliará la cantidad de consejeros de 13 a 19 y los seis nuevos miembros, que serán jueces, abogados y académicos –estos últimos ya no deberán ser necesariamente graduados en Derecho­-, serán elegidos en las próximas elecciones legislativas de agosto próximo.

La Unión Cívica Radical (UCR), principal fuerza de la oposición parlamentaria, advirtió de que la reforma del Consejo de la Magistratura "es particularmente preocupante". En el peronismo antikirchnerista, tercer grupo en el Congreso, el diputado Gustavo Ferrari rechazó "un nuevo y lamentable avance del Ejecutivo sobre la independencia y autonomía del Poder Judicial". En el Frente Amplio Progresista (FAP), cuarto grupo en el Legislativo, la diputada Victoria Donda no criticó la elección democrática de los miembros del Consejo de la Magistratura sino la presunta falta de profundidad de la reforma de un sistema judicial que en la actualidad dista mucho de ser perfecto: "Entendemos que democratizar la justicia no es sólo anunciar la designación de los magistrados por voto popular. Para nosotros la verdadera democratización de la justicia sería que el Ejecutivo le permita al Poder Judicial avanzar en las causas que investigan a los funcionarios kirchneristas acusados de diversos ilícitos; o que se cumpla la Constitución Nacional y se ponga en funcionamiento el juicio por jurados. Hay que garantizar el acceso gratuito de todos los ciudadanos a los tribunales. Una justicia verdaderamente democrática avanzaría en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales para todos los habitantes de nuestra nación, y tornaría justiciables el derecho a la educación, la salud, el trabajo y la vivienda; todos estos derechos humanos que el Estado viola sistemáticamente a los sectores más vulnerables de nuestro país".

Cristina Kirchner propone que las medidas cautelares del Poder Judicial que frenan la puesta en vigencia de normas del Estado y sus órganos descentralizados solo puedan durar seis meses y que antes de ese plazo los jueces deban fallar sobre la cuestión de fondo de esas causas. La presidenta argentina recordó que medidas cautelares frenan desde 2009 la vigencia dos artículos de la ley de medios audiovisuales, aquellos que obligan al mayor grupo del sector y principal enemigo del Gobierno, Clarín, y a otros competidores a desinvertir en diversas compañías. "A través de la medida cautelar se interrumpe la aplicación de leyes dictadas por autoridades legítimamente elegidas", dijo Fernández, que se decidió a emprender la reforma judicial después de que un tribunal de segunda instancia ratificara en diciembre pasado la medida cautelar pedida por Clarín contra los dos artículos de la ley de radio y televisión. Ese mismo tribunal debe decidir si esos artículos son o no constitucionales.

La creación de tres nuevos tribunales a los que se podrá apelar después de fallos de segunda instancia también despertó polémica. "No se democratiza creando nuevas cámaras de máxima jerarquía, que lo único que logran es aumentar los plazos y los costes en vez de favorecer el acceso a la justicia”, se manifestó el Partido Socialista, integrante del FAP.

Los otros puntos de la reforma judicial seguramente lograrán mayor consenso: que los ciudadanos puedan conocer todos los actos de este poder del Estado y los patrimonios de sus integrantes, así como ya sucede con los del Ejecutivo y el Legislativo, resulta bastante plausible para la mayoría de la sociedad. Tampoco provocará demasiada resistencia el hecho de que los aspirantes a funcionarios del Poder Judicial comiencen su carrera por medio de oposiciones en lugar de entrar por enchufe, o acomodo, como le llaman en Argentina.

En la actualidad, cada juez designa desde su secretario, segunda autoridad en importación de su juzgado, hasta el último empleado de esa dependencia. "Los jueces no pueden elegir a su secretario de confianza", exigió Fernández. "Hoy, si no tenés un amigo o un pariente, no entrás ni disfrazado de mono (al Poder Judicial)", criticó la presidenta argentina, abogada de profesión.

Quien ha apoyado la reforma judicial de Fernández es el exjuez Baltasar Garzón, que ahora es asesor de la Cámara de Diputados de Argentina. "El debate sobre el rol de la justicia es algo que siempre está latente en toda sociedad y eso es muy positivo", opinó el exjuez español en la revista El Guardián. "En Argentina es el propio Gobierno, ejerciendo la responsabilidad que le cabe, el que se pone al frente de las iniciativas que procuran rediseñar al país con las nuevas normativas legales correspondientes. Es necesario que la justicia se adapte a los tiempos democráticos que se están viviendo en esta parte del mundo, hay que acercarla al pueblo, no puede estar de espaldas a la ciudadanía. Además hay que democratizar la estructura judicial y terminar con los privilegios que tienen sus miembros. Por ejemplo, yo estoy plenamente de acuerdo con la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura y totalmente convencido de que los jueces deben pagar impuesto a las ganancias (IRPF), porque son funcionarios públicos y tienen el deber de mostrar transparencia porque se nutren de ella y esto es lo que les da credibilidad. El desafío es impulsar estas reformas con una mirada de futuro y una clara voluntad de cambio, pero sin tocar la independencia de la justicia", advirtió Garzón.