Lula y su partido callan ante el escándalo de corrupción

Lula y su partido (PT) han escogido el silencio como respuesta a la decisión de la Fiscalía General de la República del Distrito Federal de Brasilia, que la noche del viernes pasado pidió a la Policía Federal abrir una investigación acerca de una presunta participación del expresidente Lula da Silva en el escándalo del llamado mensalão.

Las presuntas acusaciones de corrupción han sido lanzadas contra el expresidente Lula da Silva por el empresario Marcos Valerio, condenado a 40 años de cárcel como organizador de la red el llamado caso mensalão. Se ha tratado de la primera vez que Lula entra oficialmente en la trama del escándalo político que zarandeó su primer gobierno y del que hasta ahora había sido siempre considerado inocente y del que él siempre se declaró ajeno y tracionado por los suyos.

A la noticia, recogida la noche del viernes por todos los medios, Lula y su partido (PT) han preferido sin embargo el silencio. Por lo menos hasta ahora.

Paulo Okamotto, presidente del Instituto Lula, se limitó a dar aquella misma noche un lacónico comunicado sobre la decisión de la fiscalía: “No existen nuevas informaciones en relación con las que ya fueron publicadas hae cinco meses por el diario O Estado de São Paulo”.

Después, la nada. Incluso de los medios de comunicación que de alguna forma respetaron el silencio del popular expresidente Lula.

Postura similar asumió el Partido de los Trabajadores (PT), sin duda a petición del mismo Lula.

En septiembre pasado Valerio, que durante el largo proceso del mensalão había sostenido que Lula no había participado en el esquema de corrupción, hizo nuevas revelaciones ante el Fiscal General, Roberto Gurgel, que acabaron publicadas por el diario O Estado. En aquella ocasión Valerio acusó por primera vez a Lula de haber participado personalmente en el esquema de corrupción.

Le acusó de haber sido el mediador en una transferencia de siete millones de reales (3,4 millones de dólares) realizada por un proveedor de Portugal Telecom en Macao (China) para el Partido de los Trabajadores (PT). Ese dinero habría servido supuestamente para pagar las deudas del partido del expresidente contraídas en la campaña presidencial que le dio la victoria en 2002.

Gurgel prefirió esperar que acabara el proceso del Supremo en curso en aquel momento, para entregar las nuevas acusaciones de Valerio a los fiscales.

En esa ocasión el Fiscal General no dio excesivo crédito a las nuevas acusaciones de Valerio, que estaría con ello intentado más bien conseguir una rebaja de la dura condena a 40 años, acogiéndose a la ley de la llamada “delación premiada”, que otorga una disminución de penas a los que revelen informaciones importantes sobre algún acusado.

Concluido el proceso del mensalão, Gurgel se limitó a pasar a la Fiscalía de Brasilia las 14 páginas de la deposición de Valerio contra Lula.

Tras examinar las denuncias de Valerio, los fiscales decidieron pedir a la Policía Federal abrir una investigación formal. Dicha investigación no ha sido hecha con carácter de urgencia. Y ahora toca a la policía decidir si las acusaciones del empresario de la publicidad tienen o no fundamento.

Cuando se filtaron a la prensa las presuntas denuncias de Valerio contra Lula, el presidente del Partido de los Trabajadroes, Rui Falcão, había sido explícito: “A Lula no se le toca”. Y había amenazado con sacar a la calle a la militancia del partido y a los movimientos sociales para defenderlo de lo que el partido consideraba una maniobra de la oposición para dañar la imagen del expresidente.

Sin embargo, ante la apertura oficial de la investigación policial pedida por los fiscales, tanto Lula como el PT han preferido la vía del silencio.

Los analistas políticos han dado a ello dos explicaciones: o Lula está seguro que la policía archivará las denuncias por falta de pruebas, o ha preferido respetar la decisión de los fiscales sin que una movilización de la calle a su favor pudiera aparecer como una contestación abierta a la decisión de los fiscales.

El Presidente del Supremo, Joaquim Barbosa, ha anunciado, precisamente, para esta semana la publicación del llamado “acódão”, es decir, el resumen de las decisiones del Supremo, contenidas en miles de páginas, acerca de las 25 condenas y 12 absoluciones de los 37 reos del mensalão. A partir de esa fecha, los abogados defensores tendrán cinco días de plazo para hacer sus peticiones sobre posibles rectificaciones a las sentencias.

Juzgadas las peticiones de los abogados por el Supremo, los condenados serán encarcelados y empezarán a pagar las multas a las que fueron condenados muchos de ellos. Ello podría ocurrir, al parecer, no antes de primeros de julio.

Existe aún la esperanza de Lula y de su partido de que los jueces del Supremo puedan, a petición de los abogados, disminuir los años de cárcel infligidos a los cuatro altos dirigentes del PT, sobretodo del exministro y brazo defrecho de Lula, José Dirceu, condenado a 10 años de prisión como mentor del esquema, y que siempre se ha declarado inocente y ha amenazado con recurrir a una Corte Internacional para demostrar que fue juzgado y condenado con lo que él ha llamado siempre un “juicio político, sin pruebas”.

Movilizar a la calle, en defensa de Lula, en este momento no habría ayudado seguramente a los dirigentes del PT condenados por el Supremo.

De ahí, quizas, el inteligente silencio de Lula y del PT, frente a la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación sobre la presunta participación del expresidente en el esquema del mensalão.