Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Alan García responde a las acusaciones de corrupción atacando a Humala

El expresidente peruano defiende ante una comisión investigadora del Congreso los indultos y cambios de pena a condenados por narcotráfico que concedió en su Gobierno

Alan García (derecha), ante la comisión.
Alan García (derecha), ante la comisión. EFE

El ex presidente peruano (2006-2011) Alan García, líder del Partido Aprista Peruano, tuvo 48 horas para repensar cómo defender los más de cinco mil indultos y conmutaciones de pena que concedió, entre otros a 400 condenados por tráfico de drogas en la modalidad agravada. Su recurso fue, por primera vez, atacar directamente al actual gobierno de Ollanta Humala: "Soy un ex jefe de estado que ha querido contribuir a la estabilidad democrática con su silencio (por dos años) pero veo que estamos dando algunos pasos en retroceso”, comentó al salir de la sesión reservada de la comisión parlamentaria que investiga la corrupción durante su segundo mandato como jefe de estado.

García tuvo que defenderse el lunes, en una intempestiva aparición ante la prensa, después de que la noche de domingo un programa de televisión revelara la cantidad de gracias concedidas en su gobierno: 232 indultos y 5.246 conmutaciones de pena. El político aseguró: “No se ha infringido ninguna ley. Cada una de estas conmutaciones la hice con consejo de dios. Los jueces deben sancionar y, si está en su voluntad, con la mayor severidad, pero cuando alguien tiene el derecho de pedir una gracia, (el presidente) no se lava las manos”.

De esa manera, el líder del Apra criticó al mandatario Humala, a quien le exigió que decida con prontitud el indulto humanitario solicitado en octubre por la familia del ex presidente Alberto Fujimori.

Además, este miércoles, minutos antes de responder las preguntas de la denominada megacomisión parlamentaria que investiga su mandato, García criticó los dictámenes e informes preliminares de ese grupo por tratarse, según él, “de condicionamientos políticos dictados desde Palacio de Gobierno para preparar planes electorales que tengan que ver con sus aspiraciones y deseos”. La sesión de la comisión fue reservada y no se permitió el ingreso de la prensa.

García ha expresado reiteradas veces su deseo de postularse en 2016 por tercera vez a la presidencia. Por ello entiende las acusaciones de la comisión investigadora como un obstáculo a sus planes, y a favor de lo que denomina la “reelección conyugal”, es decir, la prolongación del ejercicio del poder de Humala mediante una posible candidatura de Nadine Heredia, esposa del presidente peruano. Heredia goza de una mayor aprobación de cerca de 60%, más de diez puntos que su marido en todas las encuestas de opinión.

El Apra fue un partido socialdemócrata en el pasado, aunque durante el segundo Gobierno de García aceptó cómodamente las reglas de juego del neoliberalismo.

La gestión de García es investigada por la concesión de los indultos y las conmutaciones de pena, el desvío de recursos del programa estatal Agua para todos, la pérdida de pruebas en un caso de corrupción en la concesión de lotes petroleros a empresas privadas, y la malversación de fondos públicos en la reconstrucción de escuelas públicas.

Con sus declaraciones del miércoles, el político aprista ha abierto un nuevo frente de crítica al gobierno de Humala. Y calificó también “retrocesos democráticos” otras dos decisiones en el campo de la defensa: la permanencia del servicio militar obligatorio y el secretismo de las compras militares.

Con estas críticas, García modificó el blanco de los ataques, debido a que algunos de los indultos y conmutaciones de pena que concedió beneficiaron a jefes del narcotráfico en el Perú y a narcos extranjeros, supuestamente para disminuir la superpoblación carcelaria. “Si no les gusta [la política de indultos] no voten por mí”, dijo el lunes incómodo a los medios en Lima.

El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra comentó a EL PAÍS que García “distorsionó y utilizó mal una facultad presidencial para convertirla en una práctica diaria, superponiéndose al Poder Judicial. La conmutación de pena es una facultad excepcional que se convirtió en política de gobierno: liberó a 2,5 personas por día”.

“Si se trataba de disminuir la población en los penales, no es un argumento atendible. Si quería atacar el motivo de hacinamiento debió ampliar las facultades del poder judicial para aplicar beneficios para los internos, requería hacer una reforma en la administración de justicia”, agregó el abogado Gamarra, director de la ONG Iprodes (Instituto Promoviendo Desarrollo Social).

El presidente de la megacomisión investigadora es Sergio Tejada, congresista por Gana Perú –la organización política que formaron Humala y Heredia–. “Confío en su buena voluntad pero no tiene el peso político para llevar adelante una investigación al presidente García. Quien debió haber llevado adelante esta comisión fue Javier Diez Canseco. Sin él, las posibilidades reales de investigación se cayeron”, acotó Gamarra en alusión al congresista de izquierda que fue sancionado políticamente por el oficialismo cuando cuestionó públicamente el giro que dio Ollanta Humala al inicio de su gestión.