México y EE UU revisarán la Iniciativa Mérida

La cooperación entre México y Estados Unidos en seguridad y lucha contra el crimen organizado plasmada en la Iniciativa Mérida tomará un nuevo rumbo en los próximos meses dando mayor prioridad al refuerzo de las instituciones y del Estado de derecho mexicano que a las transferencias de equipos militares, según fuentes conocedoras del proceso. Así lo recomienda el Departamento de Estado norteamericano en su último Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2013, en el que se dice que “los futuros esfuerzos bilaterales deben enfatizar el fortalecimiento de las instituciones mexicanas”, de forma que “las reformas del sector de la justicia, la reducción en la demanda de drogas y la cultura de la legalidad jueguen un mayor papel”. El informe advierte que “la corrupción permanece como el principal impedimento a los esfuerzos de México contra el narcotráfico”.

La coincidencia de nuevas Administraciones en los dos países, con la llegada del presidente del PRI, Enrique Peña Nieto, y el segundo mandato de Barack Obama, es vista por el nuevo Gobierno mexicano como una oportunidad para revisar la relación bilateral construyendo una agenda “más centrada en asuntos económicos” y avanzando en la “normalización de la seguridad” en la frontera. Aunque fuentes del Ejecutivo mexicano aseguran que aún no se han celebrado reuniones específicas sobre la Iniciativa Mérida, la nueva estrategia de seguridad anunciada por el PRI tiene por objetivo la reducción de la violencia y gira en torno a la prevención y superación de la debilidad institucional. Esa oportunidad podrá concretarse en la Cumbre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, en sus siglas en inglés) prevista para septiembre en México y a la que asistirá Obama.

La Iniciativa Mérida entró en vigor en 2008 bajo la presidencia de George W. Bush y tuvo por fundamento la asunción de los dos países de una “responsabilidad compartida” ante la amenaza del narcotráfico. A este fin, el Congreso de EE UU aprobó un fondo de ayuda de 1.400 millones de dólares para tres años, de los que en septiembre de 2012 habían llegado a su destino 1.100, es decir, el 70% del total.

Ese dinero se dividió en tres apartados. Según escribe Eric L. Olson, Investigador del Instituto México, del Woodrow Wilson International Center for Scholars, en el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2012, el primero, dedicado a la lucha contra el narcotráfico así como a la seguridad fronteriza acaparó el 64% del presupuesto e “implicó equipo de muy alto costo, como 21 aeronaves para el uso de las fuerzas militares y policiales”. El segundo, destinado a la capacitación y modernización de las fuerzas de seguridad se llevó el 24% del pastel, y el tercero, orientado hacia la promoción del Estado de Derecho y reforma de las instituciones judiciales mexicanas, solo el 15%.

La colaboración provocó durante el sexenio del presidente Felipe Calderón susceptibilidades nacionalistas en México, cuya opinión pública no ve con buenos ojos la libertad de acción de la que gozan los agentes antidroga gringos en su territorio, y verdaderos escándalos como el ametrallamiento por policías federales mexicanos de un vehículo de agentes de inteligencia estadounidenses en las afueras del DF en agosto del año pasado.

Aparte de su polémica contribución a la aún más controvertida guerra contra el narco de Calderón, la Iniciativa Mérida obtuvo resultados, sostiene Olson, en la mejora del tejido social en” comunidades vulnerables como Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana” -la violencia ha descendido recientemente en las dos últimas-; el “fortalecimiento del régimen de extradición, que alcanzó cifras récord” y la capacitación de miles de funcionarios del sistema de justicia, entre ellos 7.500 policías federales.

El investigador del Instituto Mexicano de la Competitividad, Alejandro Hope, considera que si bien la Iniciativa Mérida es “demasiado pequeña como para cambiar la ecuación comparada con el Plan Colombia”, ha tenido efectos positivos “en la construcción de confianza entre los dos países y en la aceptación por EE UU de corresponsabilidad en el problema”. Hope no descarta que cuando ambos países revisen el programa cambie incluso de nombre para “darle el sello de la nueva Administración priista”.

Aunque la primera presidencia de Obama dio prioridad a partir de 2010 a las reformas institucionales sobre otras áreas, los avances del programa de cooperación han sido limitados al tiempo que ha crecido la preocupación estadounidense por el aumento de las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas mexicanas.

Tras subrayar los progresos de México en el decomiso de drogas y armas, erradicación de cultivo y detención de narcotraficantes, el informe del Departamento de Estado destaca algunas tareas pendientes como las reformas en la justicia, la tardanza en la aplicación de la ley contra el lavado de dinero que aprobada en octubre de 2012 no entrará en vigor hasta el verano o la facilidad con que policías estatales y municipales mal pagados y mal entrenados se corrompen.

El presupuesto de México en todas las áreas de seguridad en 2013 es de 9.400 millones de dólares aproximadamente, un 3,7% más que en 2012, y el Congreso de EE UU aprobó en el presente año fiscal una partida de 234 millones dentro de la Iniciativa Mérida. Pero las políticas de prevención tardan en dar resultados y la corrupción, como dice el investigador de la UNAM y editor del Atlas de la Seguridad en México, Raúl Benitez Manaut, sigue siendo el talón de Aquiles de la estrategia de pacificación: “Si no hay una guerra sistemática contra la corrupción no tendrá éxito la otra. Los golpes al crimen organizado siempre serán débiles sino se golpea también a los funcionarios implicados en el narcotráfico”.