Retrasado ‘sine die’ el juicio por genocidio al exdictador de Guatemala Ríos Montt
El juez concede el amparo provisional solicitado por el viejo general y exdictador de Guatemala
Una sala de apelaciones de Guatemala concedió este sábado un amparo provisional solicitado por los abogados del ex dictador Efraín Ríos Montt, lo que permite al viejo general paralizar sine die el juicio en su contra por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Ríos Montt debería responder ante la justicia por la matanza de 1.700 indígenas de la etnia quiché (norte de Guatemala), consecuencia de la política de tierra arrasada puesta en marcha durante su jefatura de Estado entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983.
En enero pasado, un juez de delitos de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Vázquez, declaró que Ríos era sujeto de enjuiciamiento, “tras considerar que existen pruebas suficientes de su responsabilidad en las masacres cometidas en contra de población civil”. En esa oportunidad, uno de sus abogados dijo a la prensa guatemalteca que no negaban la existencia de las víctimas, pero que era imposible probar que la orden de arrasar las aldeas hubiera sido dictada por el entonces jefe de Estado.
Posteriormente, el togado fijó el19 de marzo como la fecha de inicio del juicio. Nada más conocerse la decisión, los abogados del ex dictador anunciaron que recurrirían la decisión. En declaraciones publicadas por la edición digital del matutino Prensa Libre, Héctor Reyes, abogado de la parte querellante, restó importancia a la decisión judicial y dijo que “simplemente retrasa el inicio del juicio”
Sentar a Ríos Montt en el banquillo de los acusados ha sido una lucha de titanes, porque se protegió por la inmunidad que le permitía su condición de diputado. Iniciar procesos en su contra solo ha sido posible a partir del 14 de enero de 2012, cuando Ríos Montt perdió su condición de legislador.
Dos semanas después, y en un golpe de efecto de los que es maestro consumado, Ríos Montt se presentó ante el juzgado para dilucidar su situación. El juez le impuso prisión domiciliaria y el pago de 500.000 quetzales (unos 45.000 euros), y lo dejó sujeto a proceso.
Desde entonces, sus abogados, expertos en retorcer la ley hasta extremos inverosímiles, han hecho uso y abuso de todos los recovecos legales para evitar que el viejo general llegara al banquillo de los acusados. El último de ellos, el que este sábado le permitió postergar la fecha de su enjuiciamiento.
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