Marruecos zanja con cadenas perpetuas y largas penas el juicio a 24 saharauis

La justicia marroquí ha respetado escrupulosamente las formas, pero ha sido muy severa con los 24 saharauis acusados de la muerte de once agentes de las fuerzas de seguridad durante el desmantelamiento, el 8 de noviembre de 2010, del campamento de protesta de Gdim Izik erigido en las afueras de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental. Otros 70 miembros de las fuerzas del orden resultaron también heridos y dos civiles saharauis murieron además ese día en El Aaiún.

Tras siete horas de deliberación el tribunal militar de Rabat condenó, en la madrugada de hoy domingo, a ocho activistas a cadena perpetua; a cuatro a 30 años de cárcel; a otros diez a penas de entre 20 y 25 años; y a los dos últimos a dos años de cárcel, según la agencia de prensa oficial MAP. Como llevaban en prisión preventiva 25 meses estos dos penados deberán ser puestos en libertad en las próximas horas.

La sentencia les considera a todos culpables de “constitución de bandas criminales” y “violencia sobre agentes del orden”, en grado de autoría o complicidad, con resultado “de muerte con premeditación y mutilación de cadáveres”. Por esos delitos podían haber sido condenados a la pena capital que en Marruecos sigue vigente, pero no se aplica desde 1992.

Tras nueve días ininterrumpidos de juicio el fiscal exigió, el viernes, condenas “que se correspondan con la gravedad de los hechos”, mientras que la defensa pidió la absolución “por falta de pruebas”. El rigor del veredicto ha sorprendido a los letrados civiles –la jurisdicción castrense permite su actuación- y a los numerosos observadores internacionales que asistieron a la causa.

En el exterior del tribunal un puñado de nacionalistas y familiares de los antidisturbios muertos celebraron, en cambio, la “justa” sentencia gritando, a las dos de la madrugada, “asesinos” y “traidores” ante el furgón de los condenados.

El mayor juicio de independentistas saharauis desde que España entregó el Sáhara a Marruecos, en 1975, ha permitido a los independendistas exponer, por primera vez, hasta la saciedad su reivindicación incluido en el momento en el que se les comunicó el veredicto. Vestidos con la daraa (túnica azul saharaui) lo escucharon con el puño en alto y coreando eslóganes a favor de la autodeterminación de la antigua colonia española.

Antes sus abogados, saharauis y de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, habían denunciado que no había pruebas para imputarles las muertes de los agentes más que las confesiones arrancadas bajo tortura, una práctica que el presidente del tribunal rechazó investigar. De paso la defensa presentó también sus condolencias a las familias de las víctimas marroquíes.

Los letrados, que intentaron en vano que sus clientes fueran juzgados por un tribunal civil, hicieron también hincapié en la debilidad de las pruebas aportadas por la fiscalía. Las armas con las que se mató a los agentes carecían de huellas dactilares de los acusados; en un vídeo rodado por el Ministerio del Interior sobre el asalto a Gdim Izik no es posible identificar a ninguno de ellos; no se han practicado test de ADN etcétera.

El ministerio público difundió, por su parte, dos documentos que consideraba incriminatorios. El primero consistía en fotografías en las que aparecían varios acusados con Mohamed Abdelaziz, presidente del Frente Polisario, durante una visita a Tinduf (Argelia). Su exhibición dio pie a la defensa para afirmar que el juicio era político.

El segundo eran unas imágenes emitidas por la televisión Antena 3 en noviembre de 2010 –otros medios españoles también las recogieron por error- en las que se veía a niños palestinos heridos en Gaza, pero que fueron atribuidas a escenas grabadas en un hospital de El Aaiún.

Horas antes de que se diesen a conocer el veredicto el Consejo Consultivo Nacional de Derechos Humanos, un organismo oficial marroquí del que forman parte personalidades de prestigio, publicó un informe provisional en el que asegura que “el juicio de Gdim Izik se desarrolla en condiciones normales y los procedimientos de un juicio justo han sido respetados”.