Maduro se muestra contrario a la excarcelación humanitaria de un opositor

El caso de Iván Simonovis —un exdetective de la policía judicial, condenado a 30 años de prisión en 2009— lleva poniendo a prueba la autonomía del poder judicial en Venezuela desde hace casi una década.

La semana pasada, el caso ofreció también una oportunidad para medir cuál es el margen de maniobra del vicepresidente Nicolás Maduro, quien en la práctica lleva adelante un interinato mientras se prolonga la convalecencia en Cuba del presidente Hugo Chávez, y que, con toda probabilidad, será el candidato del oficialismo cuando se convoquen nuevas elecciones para reemplazar al mandatario.

La oposición venezolana ha hecho causa célebre de la situación de los denominados “presos políticos”, disidentes a los que la justicia ha sometido a penas de privación de libertad en procesos donde el Gobierno dejó sentir su influencia. En respuesta, los voceros del chavismo enarbolan un juego de palabras: en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos, pues se trata de ciudadanos cuyas condenas no atienden a sus opiniones sino a su participación en delitos como la corrupción o el homicidio.

Entre esas figuras destaca la de Simonovis. Su particular novela negra se inicia en 2002. Hasta entonces había sido uno de los más reputados comisarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la policía auxiliar del Ministerio Público (fiscalía). Tras 23 años de carrera, fue designado secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Mayor de Caracas, a cargo entonces de un exaliado de Chávez, el alcalde Alfredo Peña, hoy en el exilio.

Entre sus funciones se contaba la coordinación con los cuerpos policiales en el resguardo y monitoreo de manifestaciones callejeras. El 11 de abril de 2002, una enorme manifestación opositora, convocada en medio de un paro nacional, marchó desde el este de Caracas hacia el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de la República. Exigía la renuncia de Chávez. Fue el preámbulo de choques en el centro de la capital venezolana que, con un saldo de 19 muertes, abrieron el espacio para una trama, todavía inexplicada, que desembocó en la salida de Chávez del poder durante 47 horas.

Hay quienes aseguran que durante los llamados “sucesos de abril”, Simonovis intentó disuadir a los manifestantes de marchar hacia la sede presidencial. Pero no pudo evitar la matanza. Aún más: a la larga un tribunal de Maracay —capital del Estado Aragua, a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas— le endosó la complicidad en la muerte de dos de los ciudadanos abatidos en esa fecha.

Según el chavismo, en Venezuela no hay presos políticos sino políticos presos

La decisión culminó un proceso inusual de tres años de duración. Desde 2004, mucho antes de la sentencia— que se produjo en 2009— el acusado permaneció recluido en una celda de cuatro metros cuadrados en el sótano del cuartel de la policía política. El juicio se celebró en Maracay, baluarte de una logia judicial que responde ante el exvicepresidente de Venezuela y exembajador en Madrid, Isaías Rodríguez. Si todo el proceso lucía amañado, las sospechas adquirieron peso de certezas cuando en septiembre de 2012, Eladio Aponte Aponte, ex fiscal militar y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, tras desertar en Miami, confesó que había recibido instrucciones de Chávez para asegurar una condena contra Simonovis y los otros procesados, dos altos comisarios de la Policía Metropolitana de Caracas y otros ocho agentes.

Al día de hoy, solo Simonovis y los policías de rango bajo siguen en prisión. Los comisarios de la Policía Metropolitana Henry Vivas y Lázaro Forero recibieron una gracia de excarcelación en 2011, cuando se comprobó que ambos padecían cáncer. Esta medida se le niega a Simonovis, víctima de una grave osteoporosis que puede llevarlo a la inmovilidad.

La semana pasada arreció una campaña pública para conseguir la libertad de Simonovis, con ocasión de una audiencia programada el jueves en Maracay en la que el tribunal de la causa consideraría una posible medida humanitaria. Pero la sesión no se efectuó. Quedó aplazada para el 15 de febrero por inasistencia del médico forense. En cualquier caso, no sorprendió la dilación porque casi simultáneamente el vicepresidente Maduro expresaba públicamente su parecer, al señalar que “ahora quieren presentar como víctimas a quienes fueron el brazo armado del golpe de Estado”.

“No pueden tratar de manipular poniendo gente inocente para tapar los crímenes cometidos por gente que por años trabajó para la CIA”, siguió acusando Maduro en lo que fue una alusión a la carta que días antes le había sido remitida por la hija de Simonovis, Ivana, que solicitaba clemencia para el comisario.

Maduro hace las veces de cabeza del Ejecutivo desde que, el 8 de diciembre, Chávez anunció que debía someterse a otra intervención quirúrgica contra el cáncer en Cuba. En esa misma alocución, Chávez nombró a Maduro su sucesor, en caso de que no estuviera capacitado para retornar al poder y debieran celebrarse nuevas elecciones presidenciales.

El actual vicepresidente nunca ha sometido su liderazgo a votación popular y ha cultivado fama de político dialogante y conciliador. Todo ello lo coloca bajo la presión del ala radical del chavismo, que duda de su vocación revolucionaria. Una serie de declaraciones pugnaces en los últimos días supone un gesto de su parte para persuadir a ese sector.

De hecho, Maduro recibió en su despacho a una representación de las víctimas oficialistas del 11 de abril, a la que debió prometer que se seguirá haciendo justicia. La misma delegación visitó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que no sólo aseguró que se mantendría vigilante sobre la posible concesión de una medida humanitaria a Simonovis, sino que pedirá la revisión de las gracias otorgadas con antelación a los comisarios Vivas y Forero.