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Human Rights Watch denuncia la falta de libertades individuales en América Latina

La organización denuncia que Estados Unidos sea el país "que más personas encarcela"

Reunión de inmigrantes en Nueva York durante el discurso del presidente Obama sobre la reforma.
Reunión de inmigrantes en Nueva York durante el discurso del presidente Obama sobre la reforma. AFP

Las violaciones de los derechos humanos, los abusos por parte de los grupos del crimen organizado, la corrupción y la impunidad de estos delitos han empeorado las garantías de seguridad de los ciudadanos en varios países de América Latina, según el último informe anual de Human Rights Watch (HRW), presentado este jueves en Washington. Los responsables de la organización destacan avances en países concretos, pero lamentan el retraso en derechos como el acceso a la justicia o la libertad de prensa en al región.

HRW denuncia además que la falta de protección ciudadana no ha impedido que Estados Unidos, aliado en la lucha contra el narcotráfico, congele ayudas económicas que condiciona en teoría a la defensa de los derechos humanos. “El impacto de esos requisitos se ha visto debilitado debido a que el Departamento de Estado ha informado que se estarían cumpliendo, a pesar de las abrumadoras evidencias que indican lo contrario”, dicen los autores, en referencia a la entrega de 2.000 millones de dólares a México comprometidos dentro de la Iniciativa Mérida.

El informe alerta de las amenazas a las que se enfrentan los miles de emigrantes que cada año cruzan territorio mexicano hasta llegar a Estados Unidos

La organización, con sede en Washington, condena que el sistema judicial ordinario de México no ofrezca justicia a las víctimas de crímenes violentos, además de la corrupción, la falta de capacitación de los agentes judiciales, la violencia sexual contra mujeres y menores, así como agresiones a la prensa que han propiciado “un clima de impunidad y autocensura. El informe alega que la tortura, “una práctica generalizada”, no sólo se emplea para obtener confesiones de las víctimas, sino que esa información también es aceptada después por las autoridades y “no se investigan ni juzgan la mayoría de los casos”.

Los autores del informe alertan además de las amenazas a las que se enfrentan los miles de emigrantes que cada año cruzan territorio mexicano hasta llegar a EE UU, de los que unos 22.000 son secuestrados cada año. “Las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para protegerles ni para investigar ni juzgar a quienes cometen abusos contra ellos”, dice el informe.

Al otro lado de la frontera, los indocumentados constituyen “la población más vulnerable y susceptible de sufrir abusos”, según explicó la directora de HRW en EE UU, Mary McFarland. “El Gobierno de EE UU asegura que la mayoría de estos procesados se trata de personas peligrosas y con antecedentes penales, pero HRW ha constatado que muchos no constituyen ningún peligro y que o no tienen antecedentes penales o, si los tienen, son por delitos menores”.

La organización revela además que en 2011 se enjuició a 34.000 y 37.000 personas, respectivamente, por entrar y por volver a entrar de manera ilegal en el país. Este récord hace que la entrada ilegal sea el crimen que induce más procesos judiciales en este momento en EE UU. “Estas persecuciones están injustificadas y además provocan la violación de otros derechos”, aseguró McFarland.

Apenas unos días después de que legisladores estadounidenses presentaran las bases del nuevo sistema de inmigración, que cuenta con el apoyo del presidente Obama, HRW asegura que “cualquier reforma que no aborde el tema de la vulnerabilidad de los inmigrantes ilegales, las detenciones o la situación de los centros de detención, no estará completa”. Según la organización, a las deportaciones de casi 400.000 indocumentados cada año desde 2009, se une la red en 250 centros de detención en todo el país de personas “que no plantean ningún peligro ni riesgo de fuga”.

Hace mucho tiempo que las minorías raciales y étnicas tienen una presencia desproporcionada en el sistema penal de EE UU”

Como en ocasiones anteriores, la organización reprocha a EE UU que siga encarcelando “a más personas que cualquier otro país del mundo”, que mantenga la pena de muerte y la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional para menores de edad, así como el confinamiento en solitario. “Hace mucho tiempo que las minorías raciales y étnicas tienen una presencia desproporcionada en el sistema penal de EE UU”, dice el informe. El 3,1% de los hombres afroamericanos están en la cárcel, frente a un 1,3% de los hispanos y un 0,5% de los blancos.

HRW también lamenta que EE UU no haya condicionado sus ayudas a la protección de los derechos humanos en otros países, como Colombia, con“una de las poblaciones desplazadas más numerosas de todo el mundo”, - un total de 4 millones desde el comienzo del conflicto armado-. La organización denuncia “abusos generalizados” por parte de grupos paramilitares, responsables de masacres, asesinatos, desapariciones, amenazas y reclutamiento de menores.

Según HRW, los miembros del Ejército colombiano también han cometido en la última década “una cantidad alarmante” de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que después justificaban como combatientes muertos en enfrentamientos. La organización alerta de que la violencia de género se haya convertido en “un problema extendido” en Colombia, donde las víctimas carecen de acceso a la justicia debido al “maltrato de algunas autoridades, las dificultades para presentar pruebas y el temor a represalias” y que las víctimas de violencia sexual no sean informadas de sus derechos.

En cuanto a Cuba, los autores lamentan que siga siendo “el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disensión política”, la retención de personas en períodos prolongados, los arrestos arbitrarios y las restricciones a las libertades de los ciudadanos impuestas por el Gobierno de Raúl Castro. “La justicia está subordinada al poder ejecutivo y legislativo, y esto excluye la posibilidad de independencia judicial efectiva”, añaden los autores.

Según el informe, el embargo económico de EE UU a Cuba “no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en el país” y, a pesar de que el Gobierno de Obama eliminó las restricciones a los viajes hacia la isla en 2009, el aumento de los requisitos para estas licencias, aprobados el año pasado, solo ha reducido su frecuencia.

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