El ultimátum del Gobierno pone fin a la huelga del metro en Atenas

Los trabajadores del metro de Atenas no tenían alternativas este viernes: o suspendían la huelga que había llegado al noveno día o se arriesgaban a ser despedidos o encarcelados. La decisión aprobada el jueves por el Gobierno conservador de Antonis Samarás de imponer la movilización forzosa de los empleados surtió su efecto. Finalmente, ya a media tarde, los trenes volvieron a andar. Demasiado tarde para evitar el caos del tráfico que ha atascado durante una semana todas las principales arterias de la ciudad, pero a tiempo para permitir a los atenienses de recobrar aliento después de días pasados a esperar autobuses sobrecargados o taxis, que tras meses pasados a dar vueltas en balde por la falta de escasez de clientes, no daban abasto.

En torno al metro de Atenas, uno de los pocos buenos legados del esplendor de los Juegos Olímpicos de 2004, se está librando la enésima batalla contra las medidas de austeridad. Y la suspensión de la huelga de este viernes es sólo una tregua. Los empleados del metro quieren que el Ejecutivo rectifique sobre la aplicación a su gremio del contrato único para los trabajadores de los servicios públicos que supondría una rebaja del 20% de su salario.

“Mañana [el sábado] tenemos una reunión entre todos los representantes sindicales de los transportes públicos y el sábado no habrá huelga pero para el domingo no podemos garantizar”, asegura a este diario Antonis Stamatopulos, presidente del sindicato de los trabajadores del metro SELMA. “Entendemos a las personas que quieren ir al trabajo o a los mayores que tienen que ir al médico pero también estamos luchando para ellos. Hasta personas desempleadas ha venido a Sepolia para apoyarnos”. Sepolia es el depósito donde esta madrugada los antidisturbios entraron para desalojar a los empleados que se habían encerrado y se oponían a poner fin a la huelga. Hubo tres detenidos entre los manifestantes que fueron liberados tres horas después.

Nueve días de huelga consecutivos del metro son un duro golpe para cualquier ciudad. Pero en Atenas se han convertido en una triple prueba de resistencia. Para los ciudadanos, que tras los nuevos recortes salariales y las subidas de impuestos aprobadas a principios del mes, aguantaron el parón del servicio en el que viajan cada día 700.000 pasajeros. Para los trabajadores, que mantuvieron la protesta a pesar de que un tribunal ateniense la declarara ilegal el pasado lunes. Y sobre todo para el Gobierno, que se enfrenta a la mayor huelga desde que fue elegido el pasado junio. El mensaje que mandó el jueves el primer ministro Samarás es que el Gobierno no puede ceder a las peticiones del colectivo. “El pueblo griego ha hecho grandes sacrificios y no puedo permitir excepciones”, dijo Samarás. “Todos tienen que entender que no podemos repetir los errores del pasado”, añadió, refiriéndose a los privilegios otorgados a algunas categorías del sector público.

Una situación que durante años fue alentada por todos los partidos, como recuerda el director adjunto de la versión inglesa del diario Kathimerini, Nick Malkutzis. “Los políticos están pagando el precio de haber usado el servicio público como un club privado al que aportar más socios cuando se quería. Está bien documentado cómo el metro vio crecer el número de sus empleados, a menudo en circunstancias no transparentes, durante el Gobierno de Nueva Democracia [el partido de Samarás] entre 2004 y 2009”, escribe Malkutzis en un análisis publicado este viernes. Aun así, considera que el convenio unificado para el sector público “es una de las medidas más justas” entre las que se acordaron con la troika tras el rescate financiero del país. Según Kathimerini, el promedio de los salarios de los trabajadores del metro es de 2.500 euros brutos y bajaría a unos 2.000 tras el nuevo recorte.

Pero los sindicatos defienden que la rebaja supone un nuevo sacrificio porque esto, dicen, no es lo que gana la mayoría. “El sueldo es de 1.200 euros. Con los recortes bajaría a 700”, dice Stamatopulos. El sindicato ha recurrido ante el Consejo de Estado la orden de movilización forzosa, una medida de excepción que se ha aplicado solo nueve veces desde el final de la dictadura militar en 1974. Los trabajadores alegan que es contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos y a la Constitución. “Si perdemos esta batalla estamos perdidos. Estamos determinados a hacer todo para resistir”, dice el sindicalista.