Fría acogida del Congreso al plan de armas de Obama

El plan de 500 millones de valor económico propuesto por Barack Obama para luchar contra la violencia de las armas tras la matanza de Connecticut supone el mayor esfuerzo legislativo emprendido por una Administración en cerca de dos décadas –la última ley al respecto data de 1994 y está caducada-. Por supuesto, la lucha del Congreso para evitarlo va a estar a la altura de la empresa emprendida por el presidente.

El futuro que le espera en el Capitolio al paquete de propuestas de Obama es incierto debido a que la Cámara está en manos de republicanos que ya han adelantado su férrea oposición. A la vez, los aliados del presidente en el Senado –de mayoría demócrata- no claman por una acción inmediata y han contestado con frialdad y vaguedades a la petición de Obama de que “el Congreso debe de actuar pronto”. "Revisaré de cerca todas las propuestas presentadas, pero debemos utilizar el sentido común y respetar nuestra Constitución", declaró, por ejemplo, el senador demócrata por Montana Jon Tester, citado por la agencia Associated Press.

La Constitución es lo que ha blandido el senador afín al Tea Party Rand Paul para anular las medidas de Obama por considerar que la acción presidencial supone una ruptura del principio de separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. “Nuestros padres fundadores deseaban que tuvieramos separación de poderes”, dijo Paul durante una comparecencia en un programa de la cadena FOX. “Lo que no querían es que el presidente se convirtiera en un Rey”. “Con esta propuesta de ley [redactada por Paul] anularemos cualquier cosas que pretenda hacer el presidente para maltartar nuestra Constitución”.

La propuesta de ley del senador por Kentucky pretende anular las órdenes ejecutivas firmadas por Obama, denegar cualquier tipo de ayuda federal para la puesta en práctica de la norma y permitir a los miembros del Congreso y funcionarios de la Administración denunciar la normativa ante los juzgados.

También dentro de las filas republicanas más reaccionarias, el senador por Florida Marco Rubio declaró el miércoles que el presidente Obama no tiene el “coraje político” de “admitir” que lo que en realidad sucede es que está en contra de la Segunda Enmienda de la Constitución, la que garantiza el derecho de los ciudadanos de EEUU a poseer y portar armas de fuego. “Tengo mis dudas de que él [Obama] esté de verdad comprometido con la Segunda Enmienda tal y como yo la entiendo y como la mayoría de los norteamericanos la entienden. Creo que no tiene agallas para admitir que no”, precisó Rubio.

Obama ha recurrido a pasar por encima del poder legislativo en algunas ocasiones desde que en 2010 los republicanos tomaran el control de la Cámara de Representantes. Desde entonces, el presidente ha firmado órdenes ejecutivas, directivas políticas, exenciones, declaraciones formales y otros tipos de medidas administrativas para eludir al Congreso y actuar sobre temas polémicos como la inmigración, la seguridad social, la reforma educativa y, en esta ocasión, la violencia por las armas de fuego.

A pesar de que Obama no emitiera una orden ejecutiva sino un memorando presidencial que revocaba una prohibición del Congreso que prohibía la investigación federal sobre la causa de la violencia con armas de fuego, sus más acérrimos críticos le acusaban ya de sobrepasarse en sus poderes presidenciales. Los analistas políticos apuntan, sin embargo, que los presidentes, desde el primero de ellos, George Washington, han usado las mismas facultades, sobre todo ante Congresos divididos.

Obama ha recurrido 147 veces a órdenes ejecutivas durante su primer mandato. Un ritmo similar tuvo George W. Bush en sus dos Administraciones. Bill Clinton promulgó 308 en dos legislaturas.