Ullúa y Arenaza, contra todo lo que huela a izquierda
La Concentración Nacional Universitaria se jactaba de haber asesinado a un centenar de activistas en los años setenta
Beatriz Arenaza y Daniel Ullúa, los dos argentinos detenidos este jueves en España por presuntos delitos de lesa humanidad en su país, pertenecían a la temida Concentración Nacional Universitaria (CNU), un violento grupo de estudiantes y graduados que se dedicaba a combatir a todo lo que oliera a izquierdas. La CNU fue fundada en 1968 por el profesor de latín y literatura Carlos Disandro, un ferviente católico nacionalista que había sido expulsado de la Universidad de La Plata en 1955 por su adhesión al peronismo. En 1955, un golpe de Estado militar desplazó del poder al Gobierno de Juan Domingo Perón, que debió exiliarse y cuya fuerza política fue proscrita hasta 1973. Cuando a Disandro se le ocurre crear la CNU, regía la dictadura del general Juan Carlos Onganía (1966-1970). La CNU reivindicaba al peronismo en su vertiente más tradicional y no se dedicaba a combatir al régimen sino que, por el contrario, lo ayudaba a luchar contra la creciente influencia de la izquierda en las aulas de las universidades no solo de La Plata sino de Bahía Blanca y Mar del Plata, todas ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina. También el peronismo de izquierda, que cobró fuerza a partir de 1970, fue su enemigo.
La CNU pretendía acabar con la “infiltración marxista” y había tejido lazos con el mundo sindical, y en particular con el entonces jefe de la peronista y poderosa Confederación General del Trabajo (CGT), José Ignacio Rucci. Incluso en los juicios sobre la última dictadura militar de Argentina (1976-1983) algunos testigos incluyeron entre los contactos de la CNU al actual líder de la facción opositora de la CGT, Hugo Moyano.
La CNU pronto pasó de las discusiones en los claustros a la violencia directa. Buscaba reventar las asambleas de estudiantes que se organizaban en las universidades en tiempos de ebullición contra la dictadura de aquel tiempo y contra el capitalismo en plena Guerra Fría. En 1969, alumnos y obreros organizaron protestas en Córdoba, en lo que dio en llamarse "el Cordobazo". Ocurrió un año después del Mayo francés y diez después de la Revolución Cubana. En 1971, los jóvenes de la CNU interrumpieron una asamblea en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata y mataron a la estudiante Silvia Filler. La ahora detenida Arenaza fue condenada por ese crimen, pero acabó indultada en 1973 por el Gobierno del peronista de Héctor Cámpora, que liberó a los presos políticos de derecha e izquierda.
La CNU siguió actuando y en 1974 devino fuerza parapolicial del Gobierno de Isabel Perón y su infame ministro de Bienestar Social, José López Rega. Es decir, la famosa Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) no era la única banda de la que disponía el Estado para reprimir a la izquierda, sea peronista o marxista. Incluso la CNU y la Triple A cooperaron en algunos crímenes. En 1976, cuando el general Jorge Videla derrocó a Isabel Perón, el terrorismo de Estado quedó exclusivamente en manos de las fuerzas armadas y los grupos parapoliciales como la CNU se disolvieron.
Los violentos universitarios de la derecha peronista, con la complicidad sindical, mataron a 58 personas, aunque sus miembros se jactaban de haber eliminado a más de 100, según una reciente investigación del periódico Miradas al Sur. No participaban de enfrentamientos armados contra las guerrillas de izquierdas sino que cometían atentados, como asesinatos a quemarropa en plena calle o secuestros y posteriores fusilamientos. Sus crímenes están siendo investigados porque, como contaron con el amparo del Estado, son considerados delitos de lesa humanidad y no prescriben, según el criterio que consagró la Corte Suprema en 2006 a partir del impulso que dio al asunto el Gobierno de Néstor Kirchner, que en los años 70 militaba en la Juventud Peronista de izquierda.
Por ahora ha habido detenciones de integrantes de la CNU, pero aún faltan las sentencias. Algunos de sus miembros, algunos incluso funcionarios del Poder Judicial o fiscales, después siguieron colaborando con el régimen de Videla y varios de ellos son acusados de identificar a los abogados de Mar del Plata que desaparecieron en la llamada Noche de la Corbatas, en 1977. Entre las víctimas había un español, Salvador Arestín.
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