El desarrollo de la Araucanía en Chile

En los últimos días Chile se ha visto sacudido por una lamentable noticia, como es el asesinato del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, agricultores cuya casa fue atacada y quemada. El hecho ha provocado la condena unánime de la población y de sus instituciones. El Gobierno de Chile, convencido de la necesidad del desarrollo integral del país y de sus pueblos indígenas, ha implementado un Plan para el Desarrollo Social y Económico de la Región de la Araucanía, cuyo impacto ya podemos apreciar. Desde el 2010 a esta parte la región ha crecido un 5,4% y se han creado 40.000 nuevos empleos, a la vez que la pobreza ha disminuido de un 27,1% el 2009 a un 22,9% el 2011, entre los avances más visibles.

Hay muchas otras iniciativas asociadas a este plan, cuya aplicación ha significado también un aporte importante para el desarrollo de la región y del pueblo mapuche: la creación de un nuevo Liceo de Excelencia Técnico Multicultural en Ercilla; la creación de 18 mil becas de estudio para los pueblos originarios; el aumento de 10.000 a 20.000 estudiantes que aprenderán el mapudungun (la lengua de los mapuche); el fortalecimiento del papel del Instituto de Desarrollo Agropecuario en la región; la priorización en la entrega del Ingreso Ético familiar en la Araucanía; la entrega de miles de hectáreas de tierras a las comunidades mapuche en los últimos dos años.

Lo que hay detrás de estas medidas es la convicción en la necesidad de valorar la cultura, la historia, la identidad y la lengua del pueblo mapuche, que añade iniciativas que permiten ampliar las áreas de desarrollo indígena, mejorar la institucionalidad correspondiente a través de una Agencia de Desarrollo Indígena y entregar a las comunidades mapuche la administración de zonas turísticas y parques.

Los atentados contra la propiedad y la vida deben ser enfrentados con claridad y decisión

En este mismo contexto se inserta la necesidad de procurar la seguridad y la vigencia del Estado de derecho en la región, afectados por sucesos como el señalado y otros que han ocurrido por la acción de grupos pequeños pero activos en sus acciones de violencia, con atentados incendiarios que han afectado a parceleros, camioneros, escuelas y empresas ubicadas en la Araucanía, generando daños evidentes a la población que clama por el derecho a desarrollarse en paz.

Los atentados contra la propiedad y la vida de personas requieren ser enfrentados con claridad y decisión. La actual administración ha señalado que recurrirá a la aplicación de la Ley Antiterrorista para el caso del incendio y asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, ley que también fue aplicada en juicios y sentencias durante los gobiernos de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. La calificación de conductas terroristas de los hechos mencionados debe ser evaluada por los tribunales de justicia como corresponde a un Estado democrático de derecho, como ha ocurrido en Europa y en otros lugares del mundo cuando han sido afectados por este flagelo.

Esto, en ningún caso —como prueba el amplio programa de desarrollo de la Araucanía— tiene un sesgo racial, sino que se refiere exclusivamente a quienes han protagonizado estos hechos delictuales que la ciudadanía condena y que es necesario enfrentar sin ambigüedades.

La inmensa mayoría de los chilenos, y por cierto de los habitantes de la Araucanía, quiere seguir progresando en armonía y paz.

Sergio Romero es embajador de Chile en España.