El régimen ya camina sin Chávez

“Aquí hay una sola transición y empezó ya hace por lo menos seis años y la decretó el presidente Hugo Chávez”, dijo el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la noche del jueves a su regreso de Cuba, durante una inspección a la planta caraqueña de Fama de América, una marca tradicional de café expropiada por el Gobierno en 2009.

Con la declaración, en la que aludía a la proclamación en 2006 de la vía socialista por parte del líder revolucionario, Maduro salía al paso de las versiones que pululan en las redes sociales sobre la gravedad del estado de salud de Chávez, hospitalizado desde el 11 de diciembre en La Habana. De ser ciertas esas versiones, Chávez no estaría en condiciones de asumir el próximo 10 de enero su tercer mandato presidencial, para el cual resultó elegido el pasado 7 de octubre. “En nuestro corazón lo sentimos, más temprano que tarde vamos a ver a ese comandante, Hugo Chávez, en su patria”, refutó Maduro.

Pero apenas un par de horas después del auto de fe de Maduro, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, en un escueto comunicado leído a toda prisa y difundido de forma obligatoria en todos los canales de radio y televisión, se limitó a confirmar que esa misma noche del 3 de enero, el comandante Chávez seguía enfrentando “una insuficiencia respiratoria que requiere (…) un estricto cumplimiento del tratamiento médico”.

Que a tan solo siete días de la fecha establecida por la Constitución para el inicio del Gobierno los portavoces oficiales confirmaran que Chávez se mantiene en esa delicada fase se interpretó como parte de un libreto de preparación paulatina para una ausencia del presidente el 10 de enero.

De momento, solo hay tres hechos incontrovertibles para analistas y ciudadanos: que Chávez es el presidente vigente de la república como el presidente electo para el período 2013-2019; que Chávez manifestó públicamente el 8 de diciembre su voluntad de que, en caso de que no pudiera presentarse a la asunción presidencial y se debieran convocar nuevas elecciones, se tenga a Maduro como candidato bolivariano; y que el 10 de enero es la fecha de inicio del nuevo periodo, según lo establece la Constitución.

A partir de allí reinan las discrepancias. Algunos suspicaces llegan a dudar hasta de la propia enfermedad presidencial.

La Constitución venezolana prevé los mecanismos y tiempos en caso de que el primer mandatario nacional no esté en capacidad de asumir sus funciones, bien sea por una falta temporal o por una falta absoluta. La redacción del artículo 233 sugiere que para el presidente electo solo se prevé el caso de falta absoluta, en tanto no podría ausentarse de un cargo que, en rigor, nunca ocupó. Pero por estos días abundan controversias al respecto entre abogados y políticos, empantanados en la lectura entre líneas de un texto constitucional no siempre explícito y que omite la respuesta a la pregunta principal: ¿Qué ocurre cuando el presidente electo, inasistente a su juramento, es el anterior presidente en funciones, reelecto, y que cuenta, por razones de salud, con un permiso ilimitado para ausentarse de su cargo emitido el 10 de diciembre por la Asamblea Nacional?

La pregunta basta para describir cuán inédita resulta la situación para la precaria institucionalidad venezolana, a la vez que abre margen para la negociación política. Al menos dos recursos de interpretación de los artículos correspondientes se estudian en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Su veredicto se debe conocer en breve.

En fuentes judiciales se especula que la decisión se apoyará en un caso anterior revisado en 2005 por el tribunal, cuya Sala Electoral estipuló que “la negativa de hacer entrega de la dirección de una institución a sus sucesores electos (…) podría traducirse en un cuestionamiento a la validez de un resultado electoral”. La interpretación de la jurisprudencia abriría un compás de espera para un eventual retorno de Hugo Chávez. Pero en cualquier caso, el Supremo buscaría acomodarse a lo que haya determinado el comité político de transición que, de hecho, se constituyó estos primeros días del año en La Habana.

En el campo político parece predominar el consenso en declarar la falta temporal del presidente Chávez: es lo que convendría a la oposición y a un ala del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pero supondría para el oficialismo el riesgo de malbaratar su actual racha electoral, tras dos victorias consecutivas el 7 de octubre y el 16 de diciembre. Un acuerdo de la Asamblea Nacional en ese sentido permitiría aguardar hasta 180 días la vuelta del mandatario antes de convocar elecciones de forma definitiva, el tiempo necesario para que Chávez se recupere o la ciudadanía se haga a la idea de su ausencia. Pero es un tiempo en el que el Gobierno, sea cual fuere, tiene que abordar temas críticos de gestión, incluyendo una posible devaluación.

La transición y sus modalidades se dirimen dentro del chavismo y entre dos de sus líderes: el vicepresidente Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Uno fue ungido como heredero por Chávez. El otro con toda probabilidad será ratificado hoy al frente del Parlamento y quedará, así, destinado a ocupar la presidencia interina de la república mientras se celebran elecciones. El segundo ha aceptado interpretar, en la narrativa oficial del venidero Gobierno colegiado, el papel de villano —ex militar, amigo de empresarios, líder de un sector desarrollista, rudo y mal hablado—, mientras el primero pasa por el diplomático y espiritual del dúo, seguidor del culto hindú de Sai Baba.

Pero este jueves ambos volvieron juntos de Cuba y se mostraron así en la empacadora de café. Declararon su lealtad a Chávez. Y no dejaron de subrayar sus críticas a los medios independientes e internacionales a los que acusan de “miserables” y de participar en una conspiración contra el Gobierno de Venezuela. Ayer la Comisión Nacional de Telecomunicaciones anunció sanciones contra una emisora de televisión y dos de radio en Caracas que no habrían transmitido la alocución del ministro de Comunicación e Información, mientras el presidente del organismo, Pedro Maldonado, pedía a los medios una “estricta observancia de los principios constitucionales y legales” en su cobertura sobre la salud de Chávez.