La Corte Suprema de Argentina falla a favor de Clarín

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha sufrido este jueves un nuevo revés judicial en su batalla contra el Grupo Clarín, el principal conglomerado de medios de comunicación de Argentina. La Corte Suprema, máximo tribunal del país, determinó que el grupo dirigido por Ernestina Herrera y Héctor Magnetto no tendrá que desprenderse de licencias de radios, canales y proveedoras de televisión por cable hasta que no haya una sentencia definitiva sobre la ley de medios audiovisuales, que fue votada en 2009 por los legisladores kirchneristas y de la oposición de centroizquierda.

La norma es defendida por quienes sostienen que debe acabarse la concentración económica en el sector audiovisual, aunque muchos de sus impulsores se quejan de que está aplicándose a medias. La oposición de centro y derecha afirma que la legislación solo apunta contra Clarín, que se ha convertido en el enemigo número uno de los Kirchner desde que estos se enfrentaron a los grandes y medianos agricultores en 2008. Clarín ha recurrido a la justicia en 2009 contra dos artículos de la Ley de Medios, el que limita la cantidad de licencias audiovisuales por grupo y el que obligaba a desprenderse de ellas en un periodo de un año, por considerarlos inconstitucionales. El poderoso conglomerado aduce que los dos artículos vulneran los derechos a la libertad de expresión, a la igualdad, a la legalidad, a la propiedad y a la libre competencia.

A finales de 2009, Clarín consiguió que un juez de primera instancia impusiera una medida cautelar que frenaba las desinversiones hasta que la justicia determinase la procedencia o no de su recurso judicial. En mayo pasado, la Corte Suprema estableció que el 7 de diciembre vencía esa medida cautelar. Entonces el Gobierno de Fernández montó toda una campaña publicitaria de que el 7D comenzaba a regir en plenitud la Ley de Medios “de la democracia”, en contraposición a la anterior, que regía desde la última dictadura militar (1976-1983). Ninguno de los otros 20 grupos que debían desinvertir, incluidos PRISA (editora de El País) y Telefónica, han reclamado a la justicia, sino que han presentado planes para desprenderse de medios.

Pero el 6 de diciembre la Cámara Civil y Comercial, un tribunal de segunda instancia, prorrogó la suspensión de la medida cautelar a favor del mayor grupo de medios de Argentina hasta que hubiese una sentencia definitiva. Sin embargo, el Gobierno de Fernández tuvo su 14D. Después de tres años de demora, un juez de primera instancia, Horacio Alfonso, falló ese día a favor de la constitucionalidad de los dos artículos, pero aceptó mantener la medida cautelar mientras se resolviese la apelación contra su fallo que presentó Clarín ante la Cámara Civil y Comercial.

Entonces el Gobierno se presentó ante la Corte Suprema por dos motivos. Por un lado, le pidió que no fuera aquel tribunal de segunda instancia el que definiera la cuestión de constitucionalidad, pues considera que algunos de sus magistrados mantienen supuestos vínculos con Clarín. Por eso solicitó que la Corte Suprema asumiera directamente la causa. Por otra parte, le pidió que mientras se resolviese el fondo del litigio se diera de baja de inmediato la medida cautelar que estaba congelando la desinversión del grupo en 150 o 200 de sus 500 licencias audiovisuales.

La Corte Suprema, que tiene siete magistrados, de los cuales cuatro se nombraron en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), denegó las dos peticiones del Ejecutivo de Fernández. Los siete jueces rechazaron la solicitud de hacerse cargo de la causa, pero le pidieron a la Cámara Civil y Comercial que se pronunciara a la brevedad. Además, seis de ellos ratificaron que la suspensión de las desinversiones deberá regir hasta que haya sentencia definitiva. Es decir, primero habrá que ver qué dice el tribunal de segunda instancia sobre la constitucionalidad de la ley, después algunas de las dos partes seguramente apelará el fallo y más tarde la disputa de fondo acabará en la Corte Suprema. Solo entonces se sabrá realmente si Clarín debe desprenderse de buena parte de sus medios o no. Todo eso puede ocurrir tal vez durante 2013, año de elecciones legislativas parciales del segundo Gobierno de Fernández.