Morsi cede y deroga el decreto que le concedía amplios poderes

En un intento de poner fin a la grave crisis política que azota Egipto, el presidente Mohamed Morsi accedió en la noche del sábado a una de las demandas de la oposición: derogación de su controvertida declaración constitucional con la que se otorgaba poderes casi absolutos, origen del conflicto en las calles. Sin embargo, Morsi no ha accedido a la otra gran demanda de la oposición, y mantiene la celebración del referéndum constitucional, previsto para el próximo 15 de diciembre.

El rais islamista asignó a un grupo de expertos la tarea de la redacción de un nuevo decreto que sustituya al anterior. A medianoche, MENA, la agencia oficial egipcia ya anunció el contenido del nuevo decreto, que conserva sólo algunas clásulas de la declaración constitucional. Ahora bien, no incluye la provisión que blindaba todas las decisiones de Morsi frente a una posible revocación por parte de la justicia, uno de los puntos más polémicos.

El anuncio se realizó tras la celebración de una reunión en el marco del “diálogo nacional” que Morsi ofreció el jueves en su discurso televisado. Al encuentro, presidido por el vicepresidente del país, Mahmud Mekki, no acudió ninguno de los líderes más prominentes de la oposición. Entre los asistentes estaba el gran imán de la mezquita de Al Azhar, Ahmed Tayeb, líderes de la corriente salafista, varios conocidos intelectuales, el ex candidato presidencial Ayman Nour y representantes de otros partidos menores, así como también de algunas instituciones del Estado.

Probablemente, el gesto del presidente será suficiente para aplacar a la oposición. En un comunicado hecho púbico ayer, El Frente Nacional de Salvación, la plataforma que agrupa a los principales partidos de la oposición institucional, insistió en su exigencia de suspender el referéndum y retirar el decretazo a cambio de terminar el movimiento de protesta. La coalición se reunirá el domingo para ofrecer una respuesta oficial. "Mi primera impresión personal es que es un paso limitada e insuficiente. Hemos dicho repetidamente que una de nuestras demandas principales es aplazar el referéndum", declaró a Reuters Hussin Abdel Ghani, portavoz del Frente.

El escritor y activista Bassem Sabry calificó la maniobra de un “truco” destinado a crear la impresión que apostaba por el diálogo. “Al final, Morsi ha conseguido todo lo que quería ... Protegió la Asamblea Constitucional, forzó un referéndum sobre un borrador constitucional que la gente no tiene tiempo de estudiar”, declaró el opositor, recordando que el mandatario egipcio ha roto su promesa de no someter a consulta un texto que no contara con el suficiente consenso entre la sociedad.

La noticia llegó el mismo día que el Ejército egipcio rompió su estrepitoso silencio. En su primer comunicado oficial desde el inicio de la grave crisis que padece Egipto, las Fuerzas Armadas instaron a Gobierno y oposición a resolver sus diferencias a través del diálogo, advirtiendo las consecuencias del actual enfrentamiento. “Las Fuerzas Armadas afirman que el diálogo es la mejor y única forma de conseguir un consenso. Lo contrario nos llevará a un oscuro túnel que resultará en una catástrofe, y eso es algo que no podemos permitir”, reza el comunicado, todo un aviso a ambos bandos de que el Ejército no permitirá que el actual conflicto degenere en una confrontación civil. Las Fuerzas Armadas son la institución más poderosa del Estado. Los generales asumieron las riendas del país tras la revolución de 1952, y no las cedieron hasta el pasado mes de junio, una vez elegido Morsi.

A pesar de haber abandonado el primer plano de la escena política, el Ejército sigue considerándose el garante último de la seguridad de la nación, tal como reiteró en el comunicado, leído por un portavoz y retransmitido en directo por la televisión pública. “Las Fuerzas Armadas asumen su responsabilidad de preservar los intereses vitales del país, y de proteger y asegurar puntos neurálgicos, instituciones públicas y los intereses de los ciudadanos inocentes”, afirmó el portavoz.

Desde el inicio de la crisis, el silencio del Ejército se ha interpretado como una muestra de su neutralidad en la lucha de poder que libran el Gobierno y la oposición. La Guardia Republicana, una unidad militar de élite, ha sido la encargada de proteger el palacio presidencial, escenario durante los últimos días de protestas y enfrentamientos. Sin embargo, el Ejército en ningún momento ha utilizado la fuerza para reprimir a los manifestantes. Los activistas consiguieron el viernes romper el perímetro de seguridad en torno al palacio ante la pasividad de los uniformados.

Docenas de personas permanecen acampadas frente a la sede de la presidencia, pero por primera vez en casi una semana, ayer no se registró ninguna manifestación multitudinaria, ni tampoco enfrentamientos entre partidarios y detractores del rais islamista. Hasta ahora, las refriegas se han cobrado la vida de nueve personas, y han dejado más de un millar de heridos. Además, cerca de 40 sedes de los Hermanos Musulmanes han sido objeto de ataques.

En un intento de implicar de forma más directa a las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden, Morsi prepara un decreto en el que otorga a la institución mayores poderes, según el diario Al Ahram. Entre ellos, figuraría la capacidad de detener civiles, una potestad reservada a la policía después de que la Junta Militar levantara el pasado mes de mayo el estado de emergencia, que había estado vigente de forma ininterrumpida durante más de tres décadas.

“Las Fuerzas Armadas están para coordinar la preservación de la seguridad y la protección de complejos vitales junto con la policía”, establece el documento, al que ha tenido acceso Al Ahram.

Por su parte, los líderes de los Hermanos Musulmanes reiteraron su apoyo a la celebración de la consulta popular en la fecha prevista. “Lo que está sucediendo es una competición política. Tenemos que recurrir a las urnas. Compitamos con honor”, declaró Mohamed Badie, el Guía Supremo de la Hermandad.

En la presente crisis, los islamistas se quieren presentar como los defensores de la estabilidad, amenazada por el intento de elementos contrarrevolucionarios de sembrar el caos. “Nosotros no realizamos tareas propias de las instituciones estatales, pero las defendemos contra aquellos que quieren sabotearlas, y nos sacrificamos y ayudamos a los servicios de seguridad”, declaró Badie, negando las acusaciones de que la Hermandad pretende suplantar al Estado para imponer una dictadura de partido.