La prensa británica se examina tras el escándalo de las escuchas

Los periodistas y los políticos esperan con ansiedad y opiniones contrapuestas el informe del juez lord Brian Leveson, que desde septiembre del año pasado ha investigado los abusos de la prensa británica a raíz del estallido del escándalo de las escuchas ilegales del desaparecido tabloide News of The World. Se espera que Leveson recomiende este jueves la introducción de algún tipo de regulación que vaya bastante más allá del actual sistema, que permite a la prensa regularse a si misma con escaso éxito.

Nadie parece querer que de ese ejercicio acabe saliendo un sistema de control por parte del Estado similar a las licencias que se otorgaban en la época de Cromwell, suprimidas por el parlamento en 1695 para garantizar la libertad de prensa. Pero mientras la prensa se inclina por mantener sistemas de regulación más o menos independientes de la industria, los políticos están completamente divididos, con visiones contrapuestas dentro del Gobierno e incluso dentro de cada una de las fuerzas políticas.

La opinión pública, sin embargo, parece ampliamente favorable a atajar los excesos de la prensa. Un 79% de los encuestados por la consultora YouGov quiere que haya un regulador independiente establecido por ley, frente a un 9% que creen que la prensa puede regularse a sí misma.

El primer ministro, David Cameron, parece decidido a desafiar a la opinión pública. Presionado brutalmente en los últimos meses, podría apoyar un sistema de autorregulación pero controlado desde fuera y no desde dentro como ocurre con la actual y enterrada antes de muerta Comisión de Quejas de la Prensa (PCC, en sus siglas en inglés), que se cavó su propia tumba cuando en su día concluyó que las escuchas del News of The World eran obra de un par de incontrolados como decía la empresa de Rupert Murdoch y no una trama organizada como sostenía The Guardian.

El primer ministro se reserva una bala de oro en forma de una propuesta de ley que se impulsaría si ese sistema de autorregulación no funciona.

Su número dos en la coalición y líder liberal-demócrata, Nick Clegg, quiere que el Gobierno acate las recomendaciones del juez Leveson, sean las que sean. Una posición que comparte con el líder de la oposición, Ed Miliband.

Los tories están divididos por la mitad. Docenas de diputados y figuras carismáticas como el alcalde de Londres, Boris Johnson, han firmado cartas a favor de la autorregulación y otros tantos han dado su apoyo a la posición contraria.

La propia prensa está dividida. El Daily Mail y el Telegraph se han embarcado en una campaña en defensa de la autorregulación desde dentro de la industria como única forma de garantizar la libertad de prensa. Financial Times, The Guardian y The Independent defienden también la autorregulación, pero bajo la tutela de una autoridad independiente. Y The Times se inclina por la autorregulación bajo tutela judicial.

Algunas destacadas víctimas de las escuchas, agrupados en la campaña Hacked Off en la que participa el actor Hugh Grant, creen que la figura reguladora que se establezca debe tener fuerza legal suficiente para que sea de obligado cumplimiento, y no meramente voluntaria, que puedan recurrir a ella para denunciar excesos sin tener que ir a los tribunales, y con capacidad de imponer severas multas a los periódicos que incumplan sus directrices. Algo semejante al sistema que ya se aplica a las televisiones, que además se enfrentan al peligro de perder sus licencias de emisión.

Todo este galimatías es consecuencia del escándalo de las escuchas ilegales del News of The World, pero va mucho más allá. Aquel escándalo obligó a Cameron a poner en marcha una investigación independiente dirigida por el juez lord Leveson. El juez ha escuchado a 184 testigos y otros 42 han presentado declaraciones escritas. Desde periodistas y ejecutivos de prensa a políticos, policías y personajes famosos afectados por los excesos de la prensa.

Leveson ha de presentar recomendaciones, entre otros asuntos, sobre cómo lograr “una nueva y más efectiva política y régimen regulatorio que apoye la integridad y libertad de la prensa, la pluralidad de los medios y su independencia, incluyendo del Gobierno, al tiempo que promueve los más altos estándares éticos y profesionales”.