La austeridad llega a la ‘eurocracia’

La imagen del veterano funcionario europeo que cobra más de 16.000 euros al mes, con educación privada gratis para sus hijos y el doble de vacaciones que la media de los europeos, emerge estos días como el blanco más propicio para aplicar recortes. La opinión pública europea, extenuada por tanta austeridad en las políticas nacionales, exige que la marea se extienda también a los empleados públicos de las instituciones comunitarias, un colectivo de 55.000 personas con condiciones laborales que mejoran ampliamente las de los países más azotados por la crisis. Sin embargo, un rápido vistazo a los números demuestra que el debate tiene más tintes populistas que justificación económica.

Porque junto a ese funcionario con un puesto envidiable trabaja otro empleado público temporal, cuya remuneración puede ser inferior a los 2.000 euros al mes para desempeñar funciones a veces similares a las del empleado de mayor categoría. Ese perfil, sin estabilidad en el empleo aunque con un salario que pueda superar los 6.000 euros al mes, según el cargo, supone ya un 20% de todo el personal, según datos de la Comisión Europea. Un marco aún atractivo para cualquier desempleado español, pero disuasorio para un joven cualificado de la Europa rica. Para evitar que esa figura se imponga, los principales sindicatos del gremio convocan estos días huelgas, concentraciones y otras protestas que saquen a la luz sus demandas.

“Lo que plantean algunos Estados miembros equivale a crear una tercera clase de empleados públicos. Si ocurre lo peor, será un funcionariado de mucha menor independencia y preparación en relación con la época dorada de las instituciones”, vaticina Fernando Sánchez-Amillategui, empleado público en Bruselas y miembro de la asociación profesional Generación 2004, crítica con la reforma que entró en vigor ese año y que hizo posible la figura del agente temporal.

Casi todo en este debate resulta contradictorio. La Comisión Europea propone de entrada a los Estados miembros un recorte de 1.000 millones de euros hasta el año 2020 pero defiende con ardor la importancia de tener un cuerpo de funcionarios nutrido y con condiciones laborales atractivas para el norte de Europa. Los países, en particular Reino Unido, cargan las tintas en este capítulo, a pesar de que las remuneraciones del personal apenas suponen un 3% del presupuesto comunitario. Y los sindicatos discrepan en el diagnóstico, hasta el punto de que alguno acepta con resignación la propuesta de recortes esbozada por la Comisión.

La Comisión quiere recortar empleo y elevar a 65 años la edad de jubilación

A grandes rasgos, consiste en reducir un 5% el empleo público, aumentar de 37,5 a 40 las horas semanales de trabajo, elevar la edad de jubilación de 63 a 65 años y restringir las posibilidades de promoción interna, así como el salario de entrada del personal administrativo. Conscientes de que es muy probable que ese escenario empeore cuando negocien los países, algunas centrales sindicales lo aceptan así: “Nuestras protestas responden más al recorte que se quiere aplicar en las principales partidas del presupuesto europeo, no tanto a la reforma de la función pública. Todo el mundo debe contribuir en estas circunstancias”, concede Pierre Bacri, presidente de la Federación de la Función Pública Europea.

El Ejecutivo comunitario se ha armado de cifras para defender que por muchas rebajas que se apliquen a la función pública, el rédito económico es muy escaso, pues el 94% del gasto comunitario reside en otras partidas. Bruselas deplora, además, la actitud de algunos países que claman contra la eurocracia pero mantienen una red de funcionarios mucho mejor nutrida que la de Bruselas. El Ayuntamiento de Birmingham, por ejemplo, tiene más empleados que toda la maquinaria comunitaria. Pese a todo, Bruselas reconoce la importancia de “hacer un gesto, un esfuerzo extra”, en palabras del portavoz comunitario para cuestiones administrativas, Antonio Gravili.

La incógnita en este proceso es hasta qué punto una rebaja en las condiciones de trabajo arruinará el equilibrio territorial que las instituciones deben cumplir por ley. El tradicional perfil del funcionario belga, italiano, francés y alemán (los más numerosos hasta ahora) va virando cada vez más hacia un profesional búlgaro y rumano, según datos de la propia Comisión. Un nuevo rostro europeo en tiempos en que el pragmatismo y el interés nacional se imponen al sueño comunitario.