“La presión política está enturbiando el indulto a Fujimori”

El presidente de Perú, Ollanta Humala, llegó a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz procedente de Francia, donde se reunió con el equipo de abogados que representa a su país en La Haya en una histórica demanda territorial contra Chile. Horas después, se fotografiaba junto al presidente chileno para presentar la Alianza Pacífico, que es una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Humala (Lima, 1962), gobierna un momento de prosperidad desconocida en Perú, pero también de graves conflictos sociales asociados a la actividad minera.

Pregunta. ¿Los países de la Alianza del Pacífico se han constituido ya en una especie de cumbre dentro de la cumbre? ¿Esto es algo que vamos a ver más veces?

Respuesta. Los países miembros de la Alianza del Pacífico son las cuatro economías más dinámicas de Latinoamérica. Obviamente, aprovechamos esta cumbre para tomar algunas acciones, como pasar la presidencia de Chile a Colombia y anunciar algunos acuerdos que hemos alcanzado para crear un área de libre comercio entre los cuatro países. Un tema importante ha sido la supresión de visas, que México mantenía sobre los ciudadanos de Perú y Colombia. Hoy día podemos señalar que entre los cuatro países no hay un régimen de visados.

P. Su presidencia está marcada por los conflictos sociales en torno a la minería. El más conocido, el proyecto Conga, ¿puede ser tomado como un punto de inflexión en las explotaciones mineras si se llega a un acuerdo entre las partes?

R. No. Yo creo que Conga es un tema que se ha sobredimensionado y hay que ponerlo en su real dimensión. No es el buque insignia de las inversiones mineras en Perú. Para nada. Solamente en la región de Moquegua, que equivale a una tercera parte de Cajamarca, hay un potencial de 12.000 millones de dólares. Arequipa tiene más de 8.000 millones de dólares de inversiones. Conga es mediáticamente magnificado, pero en realidad no tiene la importancia que se le quiere dar. Lo que venimos haciendo, aparte de Conga, es establecer una nueva relación con la minería, que nos hace poner el agua por delante del oro. En la cumbre señalé que estamos acuñando la frase de que ‘el tiempo vale agua’, no oro. Hemos hecho la ley de la consulta previa. Somos el primer país de Latinoamérica que lo hace y tal vez no me equivoco si digo que también a nivel mundial. Estamos haciendo una reforma constitucional para crear el derecho al acceso al agua. Hoy día las inversiones mineras en Perú se sustentan porque es un país que genera confianza. Hemos triplicado el PIB interno en los últimos tres años. Tenemos otro desafío, generar desarrollo en las comunidades altoandinas en el entorno de las explotaciones mineras. Perú tiene una minería moderna del siglo XXI, frente a actividades renovables arcaicas, muy artesanales, del siglo XIX como la agricultura y la ganadería. Esta convivencia genera tensiones que tenemos que resolver desde el Estado con infraestructuras, servicios básicos, solucionando el estrés hídrico de estas poblaciones.

P. ¿Comparte la crítica de que hay una excesiva dependencia de la región de las materias primas?

R. En Perú las exportaciones tradicionales eran el 85% y hoy día hemos cambiado el balance. Las exportaciones tradicionales se han reducido un 70%. La robustez económica que vive Latinoamérica no debemos verla con triunfalismo. El reto es romper esa matriz primaria exportadora y centrar el crecimiento en un proceso profundo de industrialización nacional, desarrollo de la innovación y las infraestructuras para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo. No podemos perder esta oportunidad.

P. En los conflictos mineros de Perú ha habido muertos civiles tiroteados por la fuerza pública. ¿Qué balance de responsabilidades hace como presidente?

R. El Estado tiene una responsabilidad histórica y el Gobierno tiene responsabilidades puntuales. Los mandos del Ejército han sido sancionados por no haber hecho su trabajo de la manera más eficiente. Pero creo que también es responsabilidad de los Gobiernos subnacionales [el Gobierno regional de Cajamarca, radicalmente contrario al proyecto Conga] el haber asumido posiciones imprudentes, mas allá de la posición legitima que puedan tener en contra de determinado proyecto. Pero alentar a la población al conflicto conlleva responsabilidades que hasta ahora no han asumido.

P. ¿Esos líderes emergen como una oposición a tener en cuenta?

R. Tienen una visión regional. Es importante tomarlos en cuenta, pero sus reivindicaciones son locales, no hay una oposición a políticas públicas.

P. ¿Hay una negociación en proceso para comprar armas en España?

R. La verdad es que no hay nada concreto. Ha venido el ministro de Defensa con una misión de oficiales. Están explorando el área de defensa dentro del marco de cooperación de Gobierno a Gobierno. Pero no hay nada concreto.

P. ¿Cuál es su impresión sobre el juicio contra Chile en La Haya tras reunirse con sus abogados?

R. Tenemos la confianza de que los argumentos que hemos presentado son serios. Tenemos la confianza de que hemos trabajado bien con el grupo de agentes y abogados que hace tiempo que están batallando este tema. Saludo la actitud del Gobierno de Chile de, desde un principio, haber acordado llevar nuestras diferencias a una corte internacional. Ambos hemos coincidido en diversas oportunidades en que se va a acatar el fallo de La Haya. Hay que verlo con prudencia. El 3 de diciembre empieza la etapa oral y calculamos que a mediados del año que viene habrá una sentencia.

P. Pase lo que pase, ¿esto zanja el conflicto?

R. Así es. Es la culminación del establecimiento de fronteras de Perú con nuestros vecinos. Hay que preocuparse de un escenario post-Haya para mirar conjuntamente el futuro.

P. ¿Ese compromiso va más allá de Sebastián Piñera y usted como presidentes? ¿Hay consenso político en sus países para cerrar el conflicto fronterizo?

R. Yo no hablaría de un conflicto fronterizo. No hemos llegado a ese nivel. Yo creo que en ambos países la clase política es consciente de que debemos tratar esto con responsabilidad y dar cumplimiento a la sentencia de La Haya.

P. Siguen apareciendo de forma recurrente informaciones sobre actividad de Sendero Luminoso en la zona del VRAE (Valle del Río Apurímac y Ene, en la provincia de Huanta). ¿Cómo se puede llevar el Estado a esa zona?

R. Es muy difícil, porque están aislados en una zona muy agreste, zonas altoandinas y de selva alta. Viven en áreas rurales donde hay poca presencia del Estado. Es fundamental para vencer estos movimientos terroristas la presencia del Estado, no solo con las fuerzas del orden, sino con un puesto médico, una escuela, programas sociales. No sabes cómo cambia la vida de una persona cuando le entregan su documento de identidad nacional. Se convierte en ciudadano y puede acceder a programas sociales contra la pobreza. La construcción de carreteras permite crear circuitos económicos que le dan una alternativa a la población, que sobrevive cultivando hoja de coca. Estos movimientos terroristas que se encuentra encapsulados en el VRAE, son financiados por el narcotráfico. Cuando llegamos al Gobierno teníamos dos escenarios de conflicto, uno en el alto Huallaga y otro en el VRAE. En los primeros meses de Gobierno acabamos con esta organización en el alto Huallaga. Ahora, zonas donde se sembraba coca se siembre cacao o café. Esto es bueno para el Perú, bueno para la región.

P. ¿Podrá tener Sendero Luminoso una canalización política, como está intentando?

R. No puede haber un partido político que tenga como bandera la lucha armada para capturar el poder. Soy optimista. Creo que vamos a terminar esto para dar paz a la población. Habrá siempre movimientos que estén en los extramuros de la democracia. El requisito es que estos movimientos acepten por convicción, doctrinariamente, el respeto al Estado democrático. Que surjan movimientos, de izquierda o de derecha, no es problema. El problema es que ponga en cuestión los valores de todos los peruanos. Eso no lo vamos a permitir.

P. ¿Va a indultar al expresidente Alberto Fujimori [condenado por crímenes de lesa humanidad y encarcelado en Perú]?

R. Yo creo que esto hay que tomarlo con más seriedad. Es una persona. Hay una comisión de indultos que es la que tiene que ver los detalles del expediente y formula una recomendación que no es vinculante para mi decisión. La decisión que se tome será poniendo por delante el interés nacional.

P. ¿Comprende que haya sospechas de cálculo político en esa decisión?

R. Creo que en el ínterin de la petición hasta la decisión hay mucho juego político de diferentes actores que no tienen vela en el entierro. No tiene absolutamente nada que ver con la decisión ni con la recomendación. Eso enturbia todo este proceso en el cual se va a decidir sobre una persona.