Absueltas en Perú 107 personas acusadas por un conflicto minero en 2005

Una corte de Piura, departamento del norte del Perú, ha absuelto a 107 personas -entre comuneros, dirigentes locales, periodistas y autoridades provinciales- de delitos de los que habían sido acusados después de que la policía los retuviera en un campamento minero y los torturara por oponerse al denominado proyecto Majaz en 2005. La información fue difundida por la ONG Federacion Ecumenica para la Paz, que asumió la defensa legal de los inculpados irregularmente por los delitos.

A principios de agosto de 2005, un grupo de comuneros, un periodista de una radio local, líderes ambientalistas y alcaldes provinciales emprendieron una marcha hacia la entrada del campamento del proyecto minero, de capitales britanicos, situado en Huancabamba, provincia serrana de Piura para quejarse de afectaría a  su acceso a recursos naturales. Entonces, vigilantes privados de Forza -que prestaba servicios de seguridad a la empresa que luego se denominó Rio Blanco Copper- y efectivos de la Policía Nacional se enfrentaron a ellos y los secuestraron un par de días. En el campamento, los golpearon, los envolvieron en sacos de tela, abusaron sexualmente de un par de mujeres y los amenazaron de muerte.

Como resultado de esas agresiones, un hombre murió. El fiscal de Huancabamba, Lorenzo Toledo Leyva, que vio al grupo en tales condiciones, heridos y atados, los acusó luego -falseando pruebas- de robo de armas de fuego, entorpecimiento de servicios públicos, y complicidad en delitos contra la vida, entre otros delitos.

En julio del año pasado, la empresa Rio Blanco -demandada civilmente por abogados peruanos con el apoyo de un defensor britanico ante los altos tribunales de Londres- aceptó una negociación y decidio indemnizar a los agraviados, con el fin de no llegar al juicio oral en Gran Bretaña, pero el proceso continuó en el Perú.

Siete años después los tribunales han absuelto a los 107 ciudadanos y ha empezado el juicio contra el fiscal de Huancabamba por delito de omisión de denuncia, lo cual se suma a una condena previa por delito de corrupción de funcionario, por la que ya estaba preso. La resolución judicial llega además cuatro meses despues de que la empresa, hoy de capitales chinos, anunciara a los alcaldes provinciales de Huancabamba y Ayabaca su interés de retomar el proyecto minero de extraccion de cobre.

En la ultima década, casos similares de muertos y heridos en conflictos sociales relacionados con la minería, han sido archivados o han tardado muchos años en ser resueltos, de modo que los responsables de las muertes, heridas o torturas contra los que protestaban quedan sin sancion.