Barroso y Dalli se amenazan con los tribunales en el ‘escándalo del tabaco’

La acritud y los tribunales asoman ya en el choque entre José Manuel Barroso y su antiguo comisario de Salud y Política de Consumidores, John Dalli. El presidente de la Comisión Europea ha amenazado al maltés con privarle de su pensión si no se comporta con integridad y deja de insistir en que no ha dimitido y que estuvo indefenso a la hora del cese. Dalli le responde que va a defender su nombre en los tribunales hasta llegar, si hace falta, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque la dimisión que le fue arrancada entre acusaciones de que dejó correr un plan para corromper el sistema de toma decisiones en la UE en relación con una directiva sobre el tabaco carece de fundamento.

“Lo que quiero es un vindicación de mi nombre. El obligarme a dimitir fue una decisión muy grave. Afecta a mi futuro y al de mi familia. Le pido que rectifique”, ha declarado Dalli este miércoles en una conferencia de prensa celebrada en un edificio no perteneciente a las instituciones europeas. El ex comisario dice que consultará con sus abogados si el mejor medio para conseguir su objetivo es recurrir a la justicia maltesa, a la belga y llegar, en último extremo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

Barroso aguanta el envite. En una lacónica y seca respuesta a la petición de Dalli de que el presidente le pida por escrito la dimisión  como condición de que él, Dalli, se la presente también por escrito, Barroso dice que con la que le presentó verbalmente el pasado día 16 es suficiente. “No es necesaria una dimisión por escrito”, le puntualiza en su misiva, “y [la suya] es irrevocable”.

El asunto de la dimisión arrancada a la fuerza a un Dalli amenazado por Barroso de destitución está adquiriendo el carácter bizantino propio de las instituciones europeas. Más allá de la anécdota de cómo se produjo el cese, nada está claro sobre la cadena de acontecimientos que llevaron a Barroso a prescindir de su comisario entre alegaciones de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de que Dalli estaba al tanto de que alguien en su nombre pedía dinero a la tabaquera sueca Swedish Match para manipular a su favor el contenido de una directiva en preparación tutelada por Dalli, directiva que limitaría aún más el consumo del tabaco en Europa.

Dalli niega “categóricamente” todos los extremos y mantiene que nada podía denunciar dado que no sabía nada de los tejemanejes de su amigo Silvio Zammit, reconvertido en lobista ocasional, con la tabaquera sueca a la que presuntamente reclamó 60 millones de euros por su labor de conseguidor. Exactamente lo contrario que Dalli sostiene la OLAF. Su entrevista con personas interesadas en el snus, el tabaco sueco sin humo desencadenante del caso, aunque mediara en ellas Zammit forman parte de las mucha entrevistas y contactos formales e informales que un comisario debe mantener para estar informado o recibir información, alega Dalli. “Voy a recurrir la decisión del presidente y cómo ha actuado la OLAF en todo este caso”, anuncia el ex comisario.

“Quiero recordarle su obligación de actuar con integridad”, escribe Barroso a Dalli, ante quien esgrime el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la UE según el cual “en caso de incumplimiento de dichas obligaciones el Tribunal de Justicia, a instancias (…) de la Comisión, podrá [declarar] la privación del derecho del interesado a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo”. La Comisión ha hecho saber que tras su dimisión Dalli tiene derecho a la mudanza, a una retribución mensual de 9.000 euros durante tres años y más tarde a una pensión de unos 2.300 euros mensuales derivada de su cargo de comisario durante dos años y ocho meses.

El ex comisario elude pronunciarse sobre si él ha sido víctima de una trampa del lobby tabaquero por su firmeza en la directiva y asegura que ese proyecto legislativo ha producido durante meses una ofensiva en toda regla del sector sobre comisarios y otros funcionarios de la Comisión que a él no le hizo cambiar ni una coma, como certifica la propia OLAF. Su conclusión es que este incidente dificultará sobremanera que haya una nueva directiva sobre el consumo de tabaco en la UE antes de 2014.