La protesta social violenta llega al próspero Panamá

La mano dura con la que el presidente Ricardo Martinelli gobierna Panamá se ha quedado corta en esta ocasión. La contundencia del movimiento social y sindical en la última semana dobló el brazo del Gobierno y obligó al gobernante a dar marcha atrás con una ley que la mayoría pro oficialista aprobó a golpe de tambor.

Las autoridades panameñas ya no promoverán la privatización de las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC), el recinto de exención fiscal más grande de toda América, situado desde hace 43 años en el estratégico extremo caribeño del Canal de Panamá. Los manifestantes, por si acaso, mantienen el paro y la movilización callejera en esta ciudad, situada a 80 kilómetros al norte de las oficinas de Martinelli. La contundencia de los enfrentamientos por la venta de tierras públicas ha dejado ya tres muertos

Un mensaje enviado por Twitter desde Japón, donde Martinelli realiza su gira enfocada en el crecimiento de la infraestructura panameña, trajo parte de las palabras deseadas por los huelguistas que paralizaron la Zona Libre en los últimos días. “Si el pueblo colonense no quiere que se vendan las tierras de ZLC, se derogará la venta”, escribió el gobernante en la noche del martes, después de comprobar la ineficacia de las gestiones de sus ministros, que debieron regresar a la capital el lunes tras fracasar en su intento de negociar con los manifestantes y detener los enfrentamientos violentos entre activistas y policía. “Han fallecido algunas personas”, dijo con imprecisión el ministro de Gobierno, José Ricardo Fábrega, al comentar las consecuencias del conflicto generado en torno a la llamada Ley 72.

Ni siquiera bastó el toque de queda decretado por Martinelli en esta ciudad portuaria famosa por su Zona Libre, un mercado para extranjeros en medio de un ambiente de pobreza que supera los promedios panameños (una de cada tres personas).

Los trabajadores y pobladores cerraron esta semana la fábrica de dólares que funciona sobre una plataforma de comerciantes foráneos (árabes, libaneses, indios y venezolanos) para servicio de Colombia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. La población colonense sabe que la Zona Libre convive con el contrabando, que las mayores ganancias quedan en las cuentas privadas a pesar de sustentar el 7% del PIB nacional y que la mayoría de los 31.000 trabajadores vienen de la capital, pero igual la defendieron con uñas y dientes. Era la posibilidad de ganar un pulso a Martinelli y para eso recibieron apoyo de organizaciones gremiales de todo el país.

Y lo lograron. Los 87 caracteres escritos por Martinelli desde el otro lado del mundo representan la rendición. Esta vez no fue suficiente la mayoría de congresistas aliados (ahora son 42, después de haber arrancado el quinquenio en el 2009 con 17). La represión policial, con tácticas militares en este país sin ejército, solo sirvió para atizar la indignación de los manifestantes El poder de la clase empresarial se quedó pequeño ante la respuesta popular, empujada por un enojo acumulado contra el presidente, que, según la opinión del 75% de los panameños reflejada en una encuesta realizada en setiembre, gobierna solo pensando en unos pocos.

El pinchazo está hecho en la camioneta de gobierno de Martinelli, a un año y medio de las elecciones en las que él no podrá participar por prohibición constitucional de reelección continua. Sin embargo, los sindicatos de constructores y de transportistas, claves en la economía creciente panameña, se mantienen alerta. Estudiantes universitarios salieron este miércoles a las calles y bloquearon algunas vías importantes de la capital. Mientras, una nueva comitiva del Gobierno se prepara para volver a Colón y negociar con los manifestantes locales, siguiendo el camino que les indican los 87 caracteres del tuit escrito desde Japón.

La Zona Libre se creó en 1948 para aprovechar comercialmente el enclave del canal de Panamá. Desde entonces, miles de compañías de todo el mundo tienen ahí una base de operaciones en este emplaza miento, desde donde parten rutas hacia Asia, Estados Unidos y otros países latinoamericanos. La zona recibe más de 250.000 visitantes al año y tiene 1.751 empresas. Cuenta con servicios de importación, almacenaje, ensamblaje, embalaje y exportación de productos.